La “marea verde” se extiende por el continente con fuerza y velocidad, como resultado de décadas de militancia social feminista. Este es un mapeo del derecho al aborto en Latinoamérica.

El Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas generó una guía básica para que los hombres se replanteen sus privilegios.

Exposiciones y presentaciones artísticas para quienes pasan el verano en la capital.

El Sindicato Único de Asistentes Personales intenta, desde hace meses, reunirse con las autoridades competentes. No han obtenido respuestas. En silencio y sin Plan Nacional de Cuidados elaborado, se decretan recortes, se cierran las inscripciones a los servicios y se frenan las capacitaciones.

¿Es legal filmar un procedimiento policial? Varias denuncias sociales han dejado registro de violencia institucional policial en detenciones y exhortaciones a dispersar aglomeraciones. Algunos policías, dicen los testigos, aseguran que la Ley de Urgente Consideración prohíbe las grabaciones. La LUC, además, amplió las potestades de la Policía y creó nuevos delitos.

El primer sitio de memoria que responde a los parámetros internacionales está en Canelones y se llama Los Vagones. En ese centro clandestino de detención y tortura se llevó a cabo la Operación Morgan, la pata del Plan Cóndor que persiguió comunistas. Hoy, el predio está señalizado como sitio de memoria y va camino a ser un museo a cielo abierto gracias al trabajo incansable de la asociación civil Ágora, que también logró llevar a tres expolicías ante la Justicia.

Más de 50 gurisas y mujeres han desaparecido desde 2017. El Estado no maneja cifras oficiales.

El proyecto de ley de medios impulsado por el Poder Ejecutivo a pocos días de haber asumido el gobierno será votado a fines de noviembre en el Parlamento a pedido del presidente Luis Lacalle Pou. Si se aprueba, habrá cambios sustanciales en los servicios de comunicación audiovisual. ¿En qué se apoya el proyecto? ¿Cómo afecta a la ciudadanía?

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social avisó el 2 de marzo a las autoridades entrantes de la cartera que había contratos a renovar y que el proceso burocrático, largo y engorroso, supondría problemas en el cobro de sueldos. Siete meses después, el problema se agravó y no hay soluciones definitivas.

Pasaron tres años desde la aprobación de la ley integral contra la violencia basada en género y todavía no se le ha asignado presupuesto. Conversamos con Soledad González, de la Intersocial Feminista, sobre la respuesta del Estado frente a la violencia de género, los reclamos del movimiento social y las necesidades que el sistema debería abordar.