Más medios en menos manos

En abril el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que, de aprobarse, derogaría la ley 19.307 de servicios de comunicación audiovisual de 2014 y generaría cambios sustanciales en los medios. El presidente Luis Lacalle Pou solicitó que el tema sea tratado y votado a fines de noviembre.

El proyecto

El menú del nuevo proyecto de servicios de comunicación audiovisual incluye:

-Límite más alto de posesión de licencias de radio y televisión.

-Extensión de la duración de algunas licencias y de las renovaciones.

-Eliminación del derecho a la no discriminación.

-Reducción de medidas de protección de las infancias.

-Menos programas deberán tener intérprete de lengua de señas.

-Derogación de la libertad de conciencia de los periodistas.

-Prohibición de la propiedad cruzada para quienes brindan servicios satelitales.

-Posibilidad para los dueños de señales de tv cable o radio de brindar servicios de internet.

-Eliminación de organismos de participación ciudadana, de contralor y de denuncia.

-Obligación de Antel de compartir su infraestructura con privados.

La redacción de este proyecto tuvo en cuenta todos los señalamientos que los dueños de los canales privados dominantes (4, 10 y 12) hicieron a la ley actual. Gustavo Gómez, director de Observacom y experto en libertad de expresión, aseguró que tiene información de que los empresarios estuvieron involucrados en la redacción del proyecto.

En la exposición de motivos del proyecto se mencionan tres aspectos principales, de acuerdo al análisis de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD): actualización al contexto tecnológico, compatibilidad con normas constitucionales y con principios generales de libertad de expresión.

La CCD planteó en un informe que llevó a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, con respecto a la inconstitucionalidad que este proyecto vendría a resolver que, “a pesar de que se presentaron más de treinta recursos contra buena parte de la ley, de sus 202 artículos solo dos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y otros seis con inconstitucionalidades en algún aspecto parcial”.

En materia tecnológica, este proyecto no presenta ninguna innovación, aunque en los motivos de su redacción se asegura que la ley 19.307 es en cierta forma antigua u obsoleta por no hablar de internet. El artículo 1 del proyecto dice, igual que la ley actual, que se excluyen de la normativa “los servicios y la difusión de contenidos audiovisuales que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”.

El proyecto asegura que “los servicios de difusión de contenido audiovisual son de interés general, y tienen un rol esencial para fortalecer la democracia, promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, para acceder a todo tipo de informaciones e ideas, así como para difundir la cultura nacional y la educación”. Sin embargo, señala la CCD, se eliminó el capítulo de principios generales y se redujeron los derechos de las audiencias y de colectivos específicos “volviendo a concepciones que conciben la libertad de expresión principalmente como la que ejercen los medios y periodistas y no algo que atañe a todos los ciudadanos”.

La libertad de expresión es una bandera que nadie se avergüenza de llevar bien en alto, pero no tiene una sola definición. El proyecto de ley utiliza el concepto con relación a la libertad individual, la que tienen los medios de generar cualquier contenido. Gabriel Kaplún, experto en comunicación e integrante de la CCD, aseguró en diálogo con Caras y Caretas que “los derechos no se pueden ver solo de la mirada individual, tiene que haber también una mirada colectiva y, en este caso particular, tiene que trascender el derecho del emisor, tiene que abarcar los derechos de los receptores, que son muchos”.

Otro punto que destaca la CCD del proyecto es la eliminación de todos los mecanismos de transparencia y participación ciudadana: el Consejo de Comunicación Audiovisual, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, las audiencias públicas, los procesos de selección con criterios claros para brindar señales de televisión y radio, la Defensoría del Público.

El aumento de licencias y la capacidad de conservarlas por más tiempo favorecerá, concuerdan los expertos, una mayor concentración mediática en un panorama que ya está hiperconcentrado. “Suben tanto el límite de licencias que es como si no existiera”, aseguró Kaplún: “Si yo tengo plata, me puedo comprar todas las señales”.

Al prohibir la propiedad cruzada para servicios satelitales como DirecTV, pero no para dueños de televisión por cable, se intenta, según la ley, fomentar la competitividad de las empresas nacionales. Sin embargo, Gómez señaló que poder brindar servicios de internet requiere de grandes inversiones que los canales de tv del interior no podrían realizar, por lo que el mercado se concentrará en los tres grandes proveedores (4, 10 y 12) o facilitará la inversión de capital extranjero en los servicios del interior porque son una puerta de entrada al mercado de internet en Uruguay.

Cómo llegamos hasta acá

De acuerdo a un análisis compartido por Gómez, el ecosistema mediático actual está compuesto principalmente por los tres canales privados en televisión por cable y las emisoras que poseen en el resto del país. Además, juntos tienen la empresa Equital a través de la que manejan servicios de televisión para abonados: Montecable, NuevoSiglo y TCC, y son socios de Multiseñal. Las otras dos empresas grandes de la televisión para abonados son DirecTV y Cablevisión (propiedad de Clarín, que posee al menos 7 licencias, por lo que hoy está actuando en la ilegalidad).

El sistema de medios en Uruguay está concentrado desde su consolidación en los años 60-70, explicó Kaplún, “quedó instalado de ese modo y sigue siendo así”. Es decir que no existe un ecosistema mediático plural, aunque la pluralidad es esencial para la democracia.

Es muy difícil para un medio alternativo ser rentable o tener una gran audiencia; es fuerte el peso de la tradición de los medios más antiguos en televisión y radio, eso genera confianza.

Otro elemento que marca la situación actual es, según Kaplún, que en Uruguay “no hay una desconfianza generalizada hacia los medios o una mirada crítica de la concentración; hay una naturalización, se entiende que está bien que los canales sean privados y nadie más tiene que meterse en eso”.

A esa característica hay que sumarle, aseguró el experto, que la ciudadanía no tiene un sentido de apropiación con los medios públicos: “Es inimaginable que la gente salga en defensa de los medios públicos porque no son fuertes y no tienen un apoyo popular, no están como algo que no hay que tocar”.

La discusión de este proyecto no ha tenido gran difusión. Tampoco la tuvo el debate de 2014. Kaplún enumeró una serie de razones por las que estos temas no generan tanto ruido en la población y no impulsan un gran movimiento social: el interés del sector dominante de medios de que no se sepa, gran ambigüedad en el tratamiento del tema por parte de los gobiernos anteriores, distintas ideas sobre qué caminos seguir y qué batallas había que dar. “Este tema pasó siempre por debajo de la línea de lo visible para el público masivo, incluso para los movimientos sociales”, aseguró el experto.

En materia normativa, Kaplún enfatizó que este proyecto no solo derogaría la ley actual, sino que volvería a una situación previa, porque “no es que no había legislación; había, pero no se cumplía”. Durante la última dictadura cívico militar se estableció un tope de licencias más bajo que el que esta ley permitiría, pero como no se incluía la figura de grupo económico, “funcionaba como un colador” por el que grupos familiares o empresariales disimulados acumulaban licencias: “Esa es la lógica con la que la concentración ha funcionado”.

La ley de 2014 agregó la figura de grupo económico, que de todas formas “no llegó a ponerse en marcha”, no se fiscalizó a fondo. Ahora, si se aprueba la nueva ley, para Gómez, “quedaríamos en una situación peor que la que teníamos en dictadura” en materia de concentración mediática.