Quedate con el vuelto

En el período de gobierno anterior se dijo que ya no había forma de meter la ley en el presupuesto. Durante la campaña electoral todos los partidos afirmaban estar sumamente preocupados por la violencia de género, se señalaban entre ellos por la inacción y prometían poner todo de sí para luchar contra esta problemática. La realidad es que cambió el partido que gobierna, entró un nuevo presupuesto quinquenal y la ley sigue sin presupuesto. Esta vez, además, con recortes y retrocesos. Leer el artículo 2 de la norma en este contexto deja un gusto amargo: “Declárase como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin”.

El presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para este quinquenio, además de no darle recursos a la ley, convierte el Observatorio de Violencia Basada en Género en un ente honorario, elimina los juzgados multimateria (que jamás llegaron a implementarse por falta de dinero) y altera las funciones de los juzgados especializados en violencia basada en género.

La Cámara de Diputados informó que destinará parte de sus ahorros al combate a la violencia de género. El monto es de 463 mil dólares. La Intersocial Feminista calcula que hacen falta 50 millones de dólares para implementar la ley. Ese monto corresponde al 0,08% del PIB anual. Es decir que la partida de diputados representa menos del 1% de lo que precisa el Estado para poner mínimamente en marcha un sistema que responda de forma eficiente a la violencia basada en género.

Caras y Caretas conversó con Soledad González, integrante de a Intersocial Feminista, sobre la situación actual, las propuestas presupuestales y los reclamos históricos del movimiento social.

¿Cuál es el estado de situación del sistema contra la violencia basada en género?

No tenemos servicios 24 horas, no tenemos servicios 365 días, tenemos servicios que funcionan en horario de oficina, no tenemos servicios de atención en violencia sexual, los niños esperan un año para ser atendidos por servicios especializados cuando fueron víctimas de abuso. La situación es paupérrima. Están dando hora para hacer evaluación de riesgo en marzo de 2021. Las fiscalías demoran meses en ver un expediente de violencia doméstica con delito penal. Es lo mismo que venimos denunciando hace años y en algunos casos ha empeorado porque las mujeres están denunciando más. Todo está desbordado. Por eso necesitamos recursos, por eso pedimos presupuesto. Sin presupuesto no podemos tener más servicios, ni más cantidad de personas atendiendo, ni personas formadas en el sistema judicial, ni más fiscalías, ni fiscalías especializadas en el interior del país. Sin recursos no se puede mejorar el sistema.

La Intersocial Feminista ha acompañado a mujeres a denunciar, a apoyado ciertos procesos

Hemos acompañado puntualmente algunos casos, pero la sociedad civil no puede hacerse cargo por sí sola de lo que no hace el Estado. Es enorme la distancia que hay entre lo que se necesita y lo que hay. Eso no se cubre con voluntad y voluntarismo, se necesitan recursos reales, profesionales pagos, eso parece que nunca se termina de entender. Esto no es una cuestión de buena voluntad de la vecina. La casa de seguridad tiene 30 cupos, que ni siquiera con 30 casos, son 30 cupos. 10 mujeres con 3 hijos cada una. Ese es el nivel de servicio de respuesta que tenemos, es sumamente precario. No obtenemos la respuesta que creemos que debemos tener.

Una de las medidas que se desprende del presupuesto es la eliminación de los juzgados multimateria, que nunca llegaron a implementarse. ¿Qué beneficios tenía esa política?

Los juzgados multimateria facilitan el acceso a la justicia de las mujeres porque eliminan el recorrido por diferentes juzgados en un caso. Un mismo juez atiende todo el caso en las diferentes materias. Los juzgados nunca llegaron a implementarse porque la Suprema Corte de Justicia dijo que no tenía dinero para implementarlos; ahora directamente los eliminan.

¿Y cómo evalúan los cambios en el Observatorio de Violencia Basada en Género (OVBG)?

El observatorio es un grupo integrado por distintas organizaciones, algunas públicas, incluida la sociedad civil.  Los cargos rentados son los técnicos, la cabeza pensante del observatorio. Si vos no presupuestás eso cuando contratás especial técnico especializado para hacer el relevamiento de la situación el observatorio directamente no tiene presupuesto para funcionar. El problema va más allá de que se convierta en honorario. El observatorio nunca funcionó; hasta ahora, lo único que tiene es información que ya procesó InMujeres. Hay mucha cosa que tiene nombre pero que es muy hueca. Lo sustancial es que el observatorio no tiene presupuesto para funcionar con personal, con una oficina, con material. No hay un peso puesto en eso, no hay un peso puesto en casi nada. Hay 40 millones de pesos puestos para reforzar servicios y ahora supuestamente estos 50 millones de pesos para hacer tres juzgados de familia especializados.

La Intersocial contestó al anuncio de la Cámara de Diputados sobre el dinero que destinaría para luchar contra la violencia de género señalando que es menos del 1% de lo que se necesita.

Es una vergüenza. A mí me indigna bastante que lo que se destine para violencia sea porque se ahorró en café. Me parece vergonzoso que esa sea la propuesta. Y 20 millones de pesos no es nada, de qué estamos hablando. Estamos pidiendo 50 millones de dólares para implementar mínimamente una ley que tiene ya 3 años de votada y que todos los políticos han apoyado y dicho que necesita presupuesto.

Ese monto de 50 millones de dólares es para que el sistema logre funcionar de forma adecuada, ¿no?

Son para que mínimamente existan los servicios necesarios para combatir la violencia de género. Las mujeres tienen necesidades que el Estado está muy lejos de afrontar. No hay servicios para mujeres discapacitadas, no hay servicios que puedan actuar en una situación de violencia contra una mujer discapacitada. No existe que te puedas comunicar con el 0800 4141 si sos una mujer sorda. El nivel de precariedad en la respuesta es enorme. La fiscalía tarda meses en atender un caso. A vos te amenazan de femicidio y la fiscalía lo ve dentro de no sé cuánto tiempo. El sistema de evaluación de riesgo demora 5 meses en evaluarte. Si eras un caso de riesgo antes de que vean el caso te mataron. Ese es el nivel de precariedad que hay.