Hablar de gurisas y mujeres desaparecidas es hablar de búsquedas incansables, de trabas burocráticas en el aparato estatal que debería garantizar justicia, de atrasos, de silencio frente a las familias.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL no tiene cifras oficiales sobre niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas porque no separa su base de datos por género. El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, de acuerdo al trabajo que vienen realizando con las familias, registra más de 50 desapariciones entre 2017 y 2020.
La primera dificultad es probar que la persona está desaparecida y no ausente, que es como la registra el Estado al inicio; es decir, corresponde a las familias o las personas denunciantes probar que no fue una ausencia voluntaria. Esto sumado al hecho de que hay elementos subjetivos que no son tomados como prueba: comportamientos distintos de la cotidianidad, personas del entorno, palabras utilizadas o estados de ánimo antes de la desaparición. Todo esto se agrava cuando se trata de mujeres mayores de edad.
Registramos más o menos
En la página del Ministerio del Interior que lleva registro de las personas denunciadas como desaparecidas hay información desactualizada: personas que ya aparecieron siguen allí y personas que desaparecieron no están. Además, las fichas aparecen con datos vagos o poco concretos, por ejemplo, con respecto al último lugar donde la persona fue vista (su domicilio, la vía pública).
Un elemento a destacar es que las fichas están organizadas por orden alfabético y no cronológico, lo que dificulta para el público en general saber qué personas desaparecieron recientemente.
En 2018, el jefe de la sección Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, el subcomisario Francisco Guillama, aseguró a Sudestada que la Policía no tenía registro de ninguna “organización criminal vinculada a la trata de personas que intente captar a mujeres y trate de sacarlas del país o explotarlas internamente”. Sin embargo, en octubre 2019 la Justicia estaba investigando si la desaparición de Mili, en 2016, está vinculada a una red de trata en Pando.
Trata y explotación sexual
La trata de personas se define en la ley 19.643 como “la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación”.
En la misma norma se dice que explotación sexual es “inducir u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo para sí o un tercero. Esto incluye los actos de explotación a través de la prostitución, la pornografía u otras actividades de naturaleza sexual”.
Las modalidades de explotación sexual y captación no son solo las que usualmente se conocen (una camioneta que aparece de repente, mujeres que quedan encerradas por años en un cuarto). Aunque esos casos existen, no son usuales.
En la mayor parte de los casos el captor aparece como un enamorado. Puede empezar a acercar a la gurisa a la prostitución y la explotación sexual, puede primero alejar a la gurisa de su entorno. Este alejamiento bajo la promesa de una vida mejor, que a veces es simplemente salir de la casa, un lugar de mucha pobreza y vulnerabilidad, es una de las formas más frecuente de secuestro y explotación. Son estrategias que tienen mucho que ver con una necesidad de fondo, económica y de contención.
Hay gurisas que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Hay una modalidad de captación que está relacionada con la explotación en fiestas privadas, en eventos puntuales. Trasladan a las chiquilinas y después vuelven a sus casas.
Uruguay, afirma Andrea Tuana, de la ONG El Paso, es país de origen, tránsito y destino de trata de personas. En casos de adolescentes, lo que más sucede es trata interna, no internacional.
Muchas veces las llevan de un departamento a otro, o de un barrio a otro. Van y vuelven, no necesariamente se quedan. El tema es moverlas de sus lugares de referencia, que no sepa cómo moverse, que vaya quedando aislada. Generalmente, las inician en las drogas. Son mecanismos que generan dependencia, para que la gurisa no pueda salir de esa situación, incluso cuando vuelve a su casa.
Aunque cada caso es diferente, hay ciertos síntomas que suelen aparecer en casos de explotación sexual; no son normas, pero son indicios. El relato directo de las adolescentes, la aparición de personas adultas (generalmente hombres) ajenas al círculo familiar, que la gurisa reciba dinero, regalos o ropa nueva, comportamientos hipersexualizados o, por el contrario, de gran retraimiento.
Para DENG “hay una naturalización muy grande” de estas situaciones “y cierto estigma sobre la pobreza”. Si se ve a una menor con un hombre adulto incluso se habla de la víctima como victimaria, como que se está aprovechando del “pobre viejo”, en lugar de poner el foco sobre el explotador. Incluso pasa con las gurisas que son explotadas en las calles, en los estadios, cerca de las obras. Se genera, a nivel social y discursivo, un sentido común que habilita estas prácticas.
¿Por qué tantas piedras en el camino?
Para las familias es un periplo la búsqueda de las personas desaparecidas, tanto que algunas decidieron hacer una denuncia conjunta ante la Institución Nacional de Derechos Humanos para que las investigaciones no quedaran en la nada. Aunque la INDDHH no es un órgano resolutivo, sus recomendaciones tienen consecuencias. Los casos se agilizaron, aunque sea un poco. “Fue un primer paso que ayuda a potenciar a las familias en la lucha”, dijeron las integrantes de DENG, pero recordaron que no deberían tener que hacer algo así para obtener respuestas.
La difusión de los casos corre íntegramente por cuenta de la familia y de organizaciones sociales como DENG que militan para que el aparato estatal trabaje como debe hacerlo y dé respuestas a las familias.
Cuando una persona desaparece la familia puede aportar ADN para facilitar la identificación. Así quiso hacerlo la hermana de Sandra Cortazzo, una mujer que estaba siendo explotada sexualmente y desapareció en 2008 en Pando. Cuando su hermana quiso ir a dar su ADN le dijeron que el servicio estaba inhabilitado y que la llamarían para que fuera… pasaron 12 años.
La inoperancia del sistema de Justicia, no está acotada a la búsqueda. Victoria Marenales desapareció en 2018, su madre dio una muestra de ADN de forma voluntaria. En mayo de 2019 un cuerpo fue hallado y enterrado como NN. En julio de 2020 le avisaron a la familia que ese cuerpo, que ya llevaba enterrado un año, era de Victoria. ¿Qué pasó todo ese año? ¿Por qué no se hizo la prueba en el momento, antes del entierro? ¿Por qué tardaron tantos meses en ese proceso?
Guía de denuncia
Desde DENG generaron con abogadas y fiscales una guía de denuncia de personas desaparecidas. Allí explican qué significa una desaparición, derriban el mito de que hay que esperar 24 horas para hacer la denuncia e informan que las denuncias pueden hacerse en cualquier comisaría o en Fiscalía General de la Nación (1985 por teléfono).
Compartimos la guía completa.