Cuidar frente al desamparo

El presupuesto quinquenal 2015-2020 proponía la profundización y expansión del programa de asistentes personales, que abarca a personas entre los 0 y los 29 años y a partir de los 80 que estén en situación de dependencia.

Con el cambio de administración la situación dio un vuelco. El Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP) lo viene denunciando, en conjunto con Fuecys, la Red ProCuidados y otras organizaciones de la sociedad civil, desde que comenzó el año.

Silvina Brocal, secretaria general de SUAP, dialogó con Caras y Caretas sobre la situación de las y los asistentes personales, lo que sucedió en 2020 y lo que esperan para 2021.

En marzo, explicó Brocal, con la llegada de la pandemia a Uruguay, la primera medida que tomaron desde el SUAP fue extremar los cuidados. Quienes trabajan en este sector son considerados, detrás del personal de la salud, como la segunda franja de riesgo frente al coronavirus. Además, comenzaron una campaña para recolectar insumos para los cuidados que han distribuido estos meses en los 19 departamentos. Comenzaron por aquellos en los que había referentes sindicales y luego lograron extender el alcance a todos.

“Fue un año difícil”, aseguró Brocal. En junio, con la renuncia del secretario de Cuidados, Daniel Radío, perdieron el diálogo institucional. Él “estaba preocupado por cómo iba a seguir el programa de asistentes personales de acuerdo al plan presupuestal quinquenal”. En su lugar y tras la fusión del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) con la Secretaría Nacional de Cuidados, quedó al frente de las carteras la psicóloga Gabriela Bazzano, que actualmente está siendo investigada por el caso de las “familias articuladas” que promocionaba desde su organización.

Al día de hoy las y los trabajadores asistentes personales no han podido reunirse con Bazzano ni con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Sus reiteradas peticiones han quedado en la nada. “Esto afectó, a su vez, un montón de situaciones que sucedieron sin diálogo”.

No se presentó en junio, como exige la ley del SNIC, el Plan Nacional de Cuidados, que debía ser “la base para la confección del presupuesto nacional ya aprobado”. El presupuesto ya fue tratado sin tener en cuenta el área de los cuidados, lo que es “contraproducente”.

Los principales cambios que se anunciaron desde el Mides y afectan al programa de asistentes personales son:

*Reducción a la mitad, al fin del quinquenio, de la cantidad de personas que serán asistidas por el programa. De 6.370 quedarán menos de 3.000.

*Pérdida de la fuente laboral para miles de asistentes personales que son, en su mayoría, mujeres jefas de hogar que aportan el único ingreso del núcleo familiar.

*Cese de postulaciones, en agosto de 2020, para acceder al programa de asistentes personales y para trabajar como asistente personal.

*Ausencia de capacitaciones para 1800 personas que ya trabajan como asistentes personales en el marco de una prórroga vigente hasta octubre de 2021. Las capacitaciones dependen de la Secretaría de Cuidados y de Inefop.

*Unificación del Pronadis con la Secretaría de Cuidados sin previo diálogo en el Comité Consultivo, “yendo en contra de todos los mecanismos democráticos definidos por la ley”.

*Desvinculación de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría Nacional de Cuidados.

*Inacción de la Junta Nacional de Cuidados, integrada por el Mides, el MEC, el MTSS, el MSP, el MEF, la OPP, Codicen, el BPS y el Congreso de Intendentes.

Ninguna de estas medidas fue socializada en el ámbito del comité consultivo, integrado por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del SNIC, por lo que ese órgano desconoce cuáles son los recortes que se efectuarán en la política de cuidados y en los derechos de las personas usuarias del sistema, lo que significa la “vulneración del derecho a ser cuidado”. Estamos frente al “desmantelamiento del Sistema Nacional de Cuidados”, denuncia que diversas organizaciones elevaron en una carta al presidente de la República, sin respuesta.

El sindicato también solicitó la renuncia de Gabriela Bazzano a su cargo, “al menos el tiempo que dure la investigación”, que fue solicitada por el propio ministro [Bartol]. “La preocupación es hondísima”, señaló Brocal.

Actualmente, con el cese de postulaciones que se decretó en agosto, ya se están viviendo situaciones en las que un/a asistente personal se queda sin trabajo o una familia no logra completar la solicitud para entrar al programa. No se puede conformar el binomio. El sindicato ya ha recibido denuncias, aseguró Brocal, por estas realidades sin soluciones institucionales.

Brocal afirmó que últimamente la tarea de las y los asistentes personales ha sido públicamente cuestionada. Frente a eso, rescata la importancia de su trabajo. Los servicios que proveen son de calidad porque están “profesionalizados” desde 2015. Los cuidados, que siempre han existido y han recaído históricamente en las mujeres, fueron reconocidos como una labor, las personas han sido capacitadas para formar parte del programa. Destacó que la ONU ha remarcado la esencialidad de los cuidados en este año de pandemia.

Las y los asistentes personales trabajan en el domicilio, pero también asisten a los centros educativos; son “el nexo entre el niño con discapacidad y el educador”, y fueron esenciales en tiempos de educación a distancia. En el caso de los adultos mayores Brocal remarcó la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran estas personas siendo población de riesgo por la pandemia y aseguró que además de cuidar “realizamos una gran tarea de contención”.

El trabajo de estas personas, además, “tiene dificultades en cuanto al marco de regulación”. El SUAP tiene como objetivo para los años venideros trabajar para eliminar esas debilidades en las condiciones laborales.

Desde el sindicato esperan poder reunirse con las autoridades de la Secretaría Nacional de Cuidados y del Ministerio de Desarrollo Social “a la brevedad” para dialogar sobre los cambios introducidos en el programa y sobre la situación de miles de trabajadoras y trabajadores en el país. Ese es su deseo y su objetivo: poder dialogar con las instituciones que regulan y vehiculizan su trabajo.