Piden a Joe Biden que no apoye reinicio de fumigaciones en Colombia

La misiva está firmada por 25 organizaciones opuestas a esta “estrategia” de trabajo para el combate a la producción de cocaína.

De acuerdo a la información ofrecida por WOLA, el gobierno colombiano “se está acercando a restablecer un programa, suspendido en 2015, que asperjaría herbicidas desde aviones sobre territorios donde se cultiva la coca”.

En la carta remitida a Biden, los firmantes solicitan la no renovación del mismo, calificando su posible continuidad como “un desafortunado error político”.

“Le animamos a que no financie este programa, que no sólo no ha logrado los objetivos anteriores, sino que envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado.  Socavará los acuerdos de paz que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden”, alertan las organizaciones.

En su petición, los involucrados en la misma señalan que “la fumigación aérea puede reducir a corto plazo el número de hectáreas sembradas de coca. Pero la experiencia del pasado muestra no sólo que estas ganancias se revierten rápidamente, sino que la estrategia debilita otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia”.

En este sentido enfatizan que “recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no”.

La misiva recuerda, los estudios publicados por parte de los firmantes, “que documentan el daño que las fumigaciones han causado en el pasado”.

Resaltan, además que “el informe de diciembre de 2020 de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, de carácter bipartidista, encontró que la erradicación forzada trajo “enormes costos y pésimos resultados”.

Y ejemplifican lo anterior al recordar que, “entre 1994 y 2015, un programa respaldado por Estados Unidos apoyó una flota de aviones, y equipos de pilotos contratados y personal de mantenimiento, que rociaron el herbicida glifosato en 1.8 millones de hectáreas de territorio colombiano, una superficie de tierra tres veces y media el tamaño del estado de Delaware”.

Este programa, fue suspendido en 2015 por el gobierno colombiano, “alegando problemas de salud pública basados en un estudio de la Organización Mundial de la Salud que determinó que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los seres humanos.”

Esta “estrategia” de fumigaciones, no ha sido sustituida por el gobierno de Colombia “por nada”, ni consiguió la erradicación y mucho menos “la asistencia a las zonas afectadas”.

Como resultado de ello, añaden, “a finales de la década de 2010, los cultivos de coca en Colombia aumentaron hasta alcanzar niveles récord. Casi todo el aumento se produjo exactamente en los municipios y comunidades donde la fumigación había sido más intensa. Tras 20 años de erradicación constante, los agricultores siguen enfrentándose a la misma realidad sobre el terreno”.

Las organizaciones firmantes del pedido, reafirman que “la mayoría de los productores colombianos del arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado ni partidarios de grupos armados ilegales”.

Detallan, en este sentido que “son familias con pequeñas parcelas. Las estimaciones sobre el número de familias que viven de la coca varían entre “más de 119.500″ y 215.000. Si se supone que hay cuatro personas por familia, más del 2% de los 50 millones de colombianos dependen de la coca. Los hogares ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año con el cultivo, lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína”.

Para colmo, están radicados “en zonas de “frontera agrícola” en las que escasean las evidencias de la existencia del gobierno de Colombia. No hay carreteras asfaltadas ni mantenidas. La red eléctrica nacional está muy lejos. No existe agua potable ni títulos de propiedad. En algunas zonas, incluso el efectivo es difícil de conseguir, y las tiendas ofrecen la opción de pagar los alimentos con pasta de coca”.

De forma enfática, los peticionantes afirman que “estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado”.

“Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso”, recalcan antes de agregar otras desventajas relevantes de esta “modalidad” de “combate” a la producción de coca.

Esta estrategia “se dirige a los hogares pobres en áreas no gobernadas, la fumigación química envía un mensaje de crueldad, y asocia ese mensaje con los Estados Unidos. Su administración está trabajando para deshacer las crueles medidas migratorias de la administración Trump, que impusieron el sufrimiento a una población débil y empobrecida en la frontera entre Estados Unidos y México. Le pedimos que también evite volver a la “disuasión a través de la crueldad” en la Colombia rural”, expresan las organizaciones vinculadas al pedido realizado a Joe Biden.

La fumigación es, además, una política alejada de lo prometido en el acuerdo de Paz de Colombia en 2016, allí señalan, “los capítulos primero y cuarto de ese documento ofrecían un plan para reducir los cultivos ilícitos: primero, involucrando a las familias en programas de sustitución, y luego llevando a cabo un esfuerzo de “reforma rural integral” de 15 años para llevar la presencia del Estado a las zonas rurales”.

Por ello, consideran que “la fumigación debía ser el último recurso, para circunstancias en las que las familias rechazaran las oportunidades de sustituir los cultivos y cuando la erradicación manual se considerara demasiado peligrosa” y apurarlas “es una bofetada a los valientes líderes de las asociaciones de cultivadores que dieron el arriesgado paso de desafiar a los traficantes y llevar a sus comunidades a los programas de sustitución de cultivos”.

La “estrategia” de fumigación, continúan argumentando las organizaciones “corre el riesgo de provocar una ola de protesta social a gran escala en las zonas rurales de Colombia”.

“En 1996, tras la puesta en marcha del programa, gran parte de las zonas rurales de Colombia se paralizaron durante semanas o meses debido a las protestas de los cocaleros, en su mayoría pacíficas, que estallaron en todo el país. Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años”.

La misiva recuerda, las presiones del anterior mandatario norteamericano, Donald Trump que, aunque sabía las nefastas consecuencias para la salud de campesinos y fumigadores, le dijo en 2020, al presidente colombiano Iván Duque: “Vas a tener que fumigar”.

En el texto se recuerda que “el máximo tribunal del país ha exigido al gobierno de Duque que cumpla con una serie de requisitos sanitarios, ambientales, de consulta y otros”.

Sin embargo, el actual ministro de Defensa de Colombia ha afirmado que prevé “que las fumigaciones podrían reanudarse en abril”.

A pesar que el embajador estadounidense Philip Goldberg, ha señalado que, en esta ocasión, “el papel de Estados Unidos en el programa no será tan amplio (…) durante la administración Trump, el Departamento de Estado apoyó el mantenimiento de la flota de aviones de fumigación, la mejora de algunas bases, y la formación del personal de erradicación, entre otros servicios. Los informes del Departamento de Estado enviados al Congreso a finales de febrero y a principios de marzo saludaron el inminente reinicio de la fumigación como una señal de progreso”, expresan los firmantes.

A pesar de estas contradicciones, las organizaciones implicadas en el pedido reiteran su “esperanza de que el gobierno de Biden deje de apoyar el programa de fumigación de Colombia mientras haya tiempo de evitarlo. Estados Unidos no debe apoyar la fumigación aérea en Colombia de nuevo. Tampoco tiene que hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer”.

La larga misiva concluye afirmando “no es demasiado tarde para ayudar a Colombia a poner en marcha el modelo que ofrece el acuerdo de paz de Colombia, que la administración Obama-Biden apoyó tan enérgicamente. Le instamos a que tome ese camino en lugar del de las nuevas fumigaciones, que sabemos que es un callejón sin salida”.

Las organizaciones involucradas en el pedido son: Amazon Watch, Center for International Environmental Law, Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia), Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Colombia Human Rights Committee, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia), Corporación Viso Mutop (Colombia), Drug Policy Alliance, Elementa DD.HH. (Colombia/Mexico), Fellowship of Reconciliation: Peace Presence, Healing Bridges, ILEX Acción Juridica (Colombia), Institute for Policy Studies, Drug Policy Project, Institute on Race, Equality, and Human Rights Latin America Working Group, Mennonite Central Committee U.S. Washington Office, Missionary Oblates, Oxfam America, Oxfam Colombia, Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness, Presbyterian Peace Fellowship, Proceso de Comunidades Negras (Colombia), United Church of Christ, Justice and Witness Ministries, Washington Office on Latin America y Witness for Peace Solidarity Collective.