Escribe: Fernando «el Perro Gil»
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Cuando finalmente se confirmó la llegada de las vacunas contra el Covid-19 a nuestro país, (una espera que se prolongó más de lo necesario y lo deseado por todos), se conoce un informe lapidario contra uno de los laboratorios que produce una de las varias vacunas que han superado las fases de prueba y que es evaluada como la más efectiva: Pfizer. El informe -que se puede leer en el portal del Ojo Público de Perú, un medio de investigación que tomó como base de su informe el trabajo del Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, revela las abusivas exigencias esgrimidas por dicho laboratorio para eximirse de responsabilidad ante posibles reclamos por efectos adversos de la vacuna. Ya no lucen parches en los ojos, ni patas de palo; tampoco surcan los mares en naves a vela enarbolando una bandera negra con una calavera y dos huesos cruzados, sin embargo, siguen asolando los mercados apetecibles donde el bien de cambio es nada menos que la salud de la humanidad.
Cuando el mundo ya vislumbra el comienzo del fin de la pandemia, como no podía ser de otra manera en Uruguay recién empezamos a preparar ese escenario. Claro que los tiempos ya no son los que eran antes cuando teníamos que esperar los estrenos de películas por varios meses o ir a verlos antes a Buenos Aires, la globalización permitió avances significativos en ese sentido que acortaron esos tiempos hasta hacerlos desaparecer. Aunque en el tema de las vacunas no parece ser el ejemplo porque a estar por lo que ocurrió en la región sudamericana, es ostensible que existió una extraña parsimonia, sobrevaloración de la situación sanitaria uruguaya o -como parece revelar el informe del Ojo Público de Perú- existieron otras razones para la demora.
Sea cual sea la causa, existieron decisiones políticas cuya responsabilidad es exclusiva de quien asumió la conducción desde el inicio: el Presidente de la República. Y tal parece ser que esas razones fueron basadas en elegir por afinidad política primero y por eficacia después, pero -también- en no asumir riesgos mayores a los que de por sí se asumieron con la demora. Porque se asumieron costos irrecuperables traducidos en la muerte de uruguayos a los que se los llevó el Covid.
Ajustando cifras
Pero antes de llegar a ese punto, vayamos delineando lo que se ha querido «vender» como excelente estrategia comunicacional de la tan mentada «Agencia de Publicidad» que nos gobierna. Me refiero a la forma de difundir cada día los números que resumen el avance de la pandemia a nivel nacional. Hoy se conoce que del total de fallecidos que registra la enfermedad, el 7% fallecieron por otras circunstancias no relacionadas al Covid-19, más allá que resultaran positivos de la misma. Es más, uno de ellos murió producto de un disparo de arma de fuego que recibiera en el tórax (paciente de 25 años), de cuyo homicidio se pudo conocer solamente esa referencia en una nota referida al Covid y no precisamente ubicada en la sección policiales de El País.
Esa necesaria precisión informativa en un tema tan sensible, no deja de ser un yerro importante al momento de informar sobre una pandemia que ya se llevó la vida de más de medio millar de uruguayos que quizás no sean tantos atribuibles a la misma. Si el objetivo era inflar esa cifra para infundir un temor tal que inhibiera a los uruguayos a aglomerarse, a estar por los hechos ocurridos en varios departamentos del país en la temporada, no pareció surtir mucho efecto.
Protagonista anónimo
Entrando ya en lo que es el informe del Ojo Público, hay un dato que llama la atención y genera una duda razonable sobre la identidad de un anónimo protagonista.
Surgen dudas al respecto que perfectamente permiten concluir que Uruguay es ese «país de Latinoamérica, que no puede ser identificado por solicitud de las autoridades», y me surge esa razonable duda porque esa pudo ser la razón de una dilatoria inexplicable que nos llevó de ser el alumno prodigio del continente, al último en recibir las vacunas, ya que se apostó a la de Pfizer desde un primer momento, rechazando ofrecimientos de países vecinos y hasta gestiones de reconocida mutualista nacional.
De ser cierta esta hipótesis, la razón pudo ser el comentado contrato de confidencialidad que tantas veces esgrimiera nuestro Presidente cuando se le consultaba, mientras intentaba -supongo- ganar tiempo en una negociación que bien pudo zanjarse cuando se llegó -también supongo- a la idea de exigir la firma de un consentimiento informado, (a los uruguayos que se vacunen), ante los posibles efectos adversos que pudiera generar la vacuna. Por ello es que tengo la legítima duda de que fue esa la fórmula encontrada para hacernos de la vacuna estrella y eludir disparatados pedidos de garantías patrimoniales exigidas por el laboratorio a los países compradores.
El informe del medio peruano hace referencia a condiciones realmente abusivas solicitadas por Pfizer para acceder a vender su producto a los países adquirentes, llegando a solicitar activos soberanos para cubrir costos legales por posibles demandas futuras. Condiciones exigidas a Argentina y Brasil, por ejemplo, que estos no aceptaron.
El país anónimo puede ser perfectamente nuestro Uruguay, hay algunos entretelones revelados por un funcionario de dicho país respecto a las condiciones de Pfizer, que expresó que significaban una «intimidación de alto nivel» y que el gobierno se sentía «chantajeado» para acceder a las vacunas. De ser cierto hablaría muy bien del gobierno y la defensa de su soberano derecho a la salud de su gente, sin vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Claro, que -acuerdo de confidencialidad mediante- no lo podían revelar.
Sea cual sea la verdad, hay algo que queda claramente establecido y es que más allá de los datos que determinan que la de Pfizer sería la vacuna más eficiente, las demandas de contrapartidas en garantía ponen un manto de duda que debería atenderse. Porque si es verdad que es la más efectiva, ¿por qué asumir el costo de ser considerados unos verdaderos piratas que lucran con la vida sin correr ningún riesgo? La estadística debiera darles una seguridad que no parecen estar dispuestos a exponer y entonces volvemos al principio, ¿será en verdad la más eficaz?
Lo concreto es que finalmente llegarán las vacunas al país y eso es una muy buena noticia. La demora es el debe que le quedará a un gobierno que se tomó demasiado tiempo para actuar; que apostó a «colarse» de forma cuasi imposible, y desechó otras vacunas que pudieron llegar antes, jugándose por una con la que había afinidad política más que sanitaria.
Para terminar, otra perlita que no lo dejó muy bien parado al Presidente cuando expresó en conferencia de prensa que se reservará la Pfizer para los trabajadores de la salud, y que las primeras dosis que llegarán serán para los sectores de la educación, dejando la impresión a muchos de estos, que son considerados de segundo nivel.
Creo que no fue ni lo uno ni lo otro, todas las vacunas tienen un enorme potencial y -como consignó el Dr. Gonzalo Moratorio- tienen todas la capacidades de reducir a cero la mortalidad, y eso es lo que debemos rescatar todos.
Habrá un antes y un después del Covid-19, eso nadie lo duda, lo que no cambió ni cambiará -lamentablemente- es que sigan existiendo los piratas y que tengan por objetivo la salud como botín.
el hombre rengueaba y se tapaba un ojo,
el perro gruñía desconfiado…