Para el Pit-Cnt se hace necesario, “para la salud republicana del país, realizar un detenido y atento recorrido por algunos de los elementos que constituyen la historia de la impunidad en el Uruguay. Entre ellos, y en primer lugar, las conductas que se asuman referidas a la solicitud de desafuero solicitado por la justicia al senador Guido Manini Ríos”.
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Simultáneamente adhiere a la convocatoria de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para este viernes de 18 a 20hs. en Plaza de Cagancha.
La central sindical hizo esta afirmación tras analizar la situación creada en el país luego de conocerse el contenido de las actas del Tribunal de Honor al excoronel Gilberto Vázquez”.
La lógica de impunidad, propia de la práctica de desaparición forzada y de todos los crímenes de lesa humanidad, han tenido continuidad a partir de otras conductas en los periodos de gobierno del 1985 al 2004”
Entiende la central estas actas “muestran, nuevamente, esta vez por boca de uno de sus ejecutores, las políticas criminales del terrorismo de Estado ejecutadas a partir de decisiones institucionales de civiles y militares”.
Sostiene que las revelaciones “le plantean a la sociedad uruguaya, el desafío de evitar debates que oculten las obligaciones, aún pendientes, de poner coto a las políticas de impunidad. Esos son los temas sustantivos que deberían estar siendo considerados por el sistema político y los distintos poderes estatales”.
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Tras reseñar las distintas formas en que se ha expresado la impunidad en las últimas décadas, señala el Pit-Cnt que “la lógica de impunidad, propia de la práctica de desaparición forzada y de todos los crímenes de lesa humanidad, han tenido continuidad a partir de otras conductas en los periodos de gobierno del 1985 al 2004”.
Destaca la falta de “una política pública de persecución criminal a los terroristas de Estado y la no depuración de las fuerzas armadas y policiales en los gobiernos desde el 2005 en adelante que incumplieron obligaciones sustanciales de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH)”.
«Acatar sentencias»
“El sistema político en su totalidad y principalmente quienes ejercen el gobierno, no deben dejar de acatar la Sentencia que condenó y ordenó al Estado uruguayo -entre otros aspectos- a que las investigaciones y el juzgamiento judicial de las graves violaciones perpetradas por el terrorismo de Estado, sean llevadas adelante de manera eficaz y en un plazo razonable”, agrega.
Y para que esto sea así, “el Estado debe garantizar que nada impida ni obstaculice las investigaciones futuras de los hechos y la sanción de los responsables sino también establecer y sancionar todas las conductas que hayan obstaculizado esas obligaciones”.
Valoramos la creación del Instituto de Derechos Humanos y de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad que viene impulsando pedidos de procesamientos»
Subraya el Pit-Cnt que “los avances existentes han sido fundamentalmente por el esfuerzo desde las organizaciones de la sociedad civil que han debido enfrentar la hostilidad, la indiferencia, el ninguneo y recientemente la criminalización de las legítimas manifestaciones de repudio a crímenes aberrantes, como ocurrió días atrás en la ciudad de Rivera”.
Destaca que esos avances, “pese a ser insuficientes, habilitaron una nueva etapa en la búsqueda de verdad y justicia. La nueva interpretación del artículo cuarto de la ley de impunidad, permitió por primera vez ingresar a los cuarteles, encontrar restos de compañeros desaparecidos, procesar a militares y civiles con responsabilidades durante el terrorismo de Estado”.
“Valoramos la creación del Instituto de Derechos Humanos y de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad que viene impulsando pedidos de procesamientos. Muchos de estos pedidos siguen a la espera de respuesta. Sigue siendo necesario el grito de verdad y justicia”, sentencian.