La Real Academia Española define el término transparencia como “algo claro, evidente, que se comprende sin duda, ni ambigüedad”. Es un pilar fundamental de cualquier sociedad que se asuma como democrática para asegurar que no se produzca ninguna actividad relacionada con la corrupción. Sin embargo, el año 2023 que termina nos ha demostrado que transparencia es lo que falta en este Uruguay.
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Varios asuntos, en los que el principal partido de gobierno estuvo directamente involucrado, dominaron la agenda informativa y, según señalan todas las encuestas, incidieron en la percepción ciudadana sobre la gestión.
Además de Alejandro Astesiano, Gustavo Penadés y Sebastián Marset, hubo otras acciones donde la ausencia de transparencia marcó al gobierno.
Por ejemplo, lo ocurrido con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en la que su presidente, el nacionalista Carlos Albisu, acomodó a 30 personas, entre las que hay varios ediles blancos, alguno colorado y un exfrentista.
La denuncia llegó al Parlamento después que se solicitara al Ministerio de Economía y Finanzas un refuerzo presupuestal de 200 millones de pesos. Por mayoría, la Cámara de Diputados reclamó el cese de todos los ingresos, pero la Cancillería aún no cumplió con la decisión parlamentaria y, peor, en los últimos tiempos no sólo se enviaron los 200 millones de pesos sino que se supo de una resolución por la que se otorgaba un aumento del 3 % sobre el IPC para los funcionarios jerárquicos.
La Intendencia de Artigas, en el norte del país, es un buen ejemplo de todo lo que no debe hacer un gobierno que se presume transparente. El otro ejemplo negativo está en el este con Maldonado.
El caso de la exfiscal Gabriela Fossati es por lo menos llamativo, no por su rápido ingreso a la actividad política, algo a lo que tiene derecho, sino por la forma y las permanentes descalificaciones a la institución que integró hasta dos meses antes.
Descalificaciones en las que coincidió con otros parlamentarios blancos como Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva. Incluso en un momento hasta lo hizo el exministro del Interior, Heber.
Luis Alberto Heber es alguien que merece un capítulo aparte al mencionar la ausencia de transparencia. La adjudicación directa de la terminal de contenedores por el plazo de 60 años y la suspensión de la aplicación del SICTRAC, es decir, el sistema que detecta y sanciona a los camiones que circulan sin permiso del Ministerio de Transporte, y luego su nefasto papel en Interior, revelan que se puede cacarear todo el tiempo con que se es transparente, pero el asunto es serlo en la gestión cotidiana.
Astesiano y el presidente
Alejandro Astesiano, jefe de la Seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, organizó diferentes actividades delictivas desde su despacho en la Torre Ejecutiva.
Actividades que van desde tramitar pasaportes, causa por la que fue enviado a prisión, organizar negocios con terceros para obtener licitaciones públicas, espiar ciudadanos a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y del sistema de videocámaras del Ministerio del Interior, lograr la complicidad de jerarcas y funcionarios policiales, hasta armar una red de pequeñas empresas personales sustentadas en sus estrechos vínculos con el poder.
Todo esto se conoció a través de la difusión pública de sus chats con jerarcas de Gobierno, funcionarios y empresarios. Pero aún falta mucho para llegar a la verdad material de los hechos.
Hay decenas de audios y chats que aún no se conocen pero que están siendo analizados por la fiscal Sabrina Flores y que darían otro giro a la causa. Aunque tampoco sabemos cuántos desaparecieron, ya sea porque fueron borrados por Astesiano o le fueron ocultados por la Policía a la Fiscalía.
Sin embargo, el último dictamen de la fiscal Fores solicitando el sobreseimiento de Jorge Berriel, exsubdirector nacional de Policía formalizado por la exfiscal Gabriela Fossati, incluye un pequeño tramo de la declaración del presidente Lacalle Pou, que aparece como reveladora.
“Se entendía que si llamaba Astesiano era como si la hubiera pedido yo la información”, dijo el primer mandatario a Fossati cuando ésta lo interrogó en la residencia presidencial de El Prado.
Este caso se llevó casi a la mitad de las más altas jerarquías policiales.
La preguntas inevitables que surgen, entonces, son: ¿en cuántas de las gestiones y solicitudes de Astesiano ante jerarcas y organismos públicos se entendió que estaba el presidente detrás?, ¿estuvo el presidente en conocimiento de esas gestiones o solicitudes?
Lula permitió saber quién era Penadés
Probablemente el recién asumido presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva jamás había oído hablar de Gustavo Penadés. Pero su presencia en Uruguay el 25 de enero sí le permitió a los uruguayos saber qué clase de persona era el más importante senador nacionalista.
Ese mismo día Lula participó en acto de homenaje que se le realizara en la Intendencia de Montevideo, que congregó a miles de sus simpatizantes en el paraninfo municipal.
La militante nacionalista Romina Papasso, integrante del grupo del diputado Javier Radiccioni y conocida por algunos actos de patoterismo callejero además de su activa participación en Twitter (hoy X), estacionó su automóvil en Ejido y 18 y desde parlantes comenzó a emitir consignas agresivas contra el visitante brasileño, lo que indignó a algunos de los presentes.
Una inspectora municipal advirtió que el auto tenía matrículas irregulares y cuando se acercó fue agredida por Papasso. La policía la detuvo y el fiscal Rodrigo Morosoli la formalizó sin prisión por el delito de agresión a un funcionario público.
Pero allí comenzó la debacle de Penadés. Desde todos los sectores del espectro político se censuró la actitud provocativa de Papasso, pero el senador fue más allá y dijo que no la conocía, intentando deslindar al Partido Nacional.
Pocos días después, en un programa radial, Papasso dijo que le llamaba la atención que la desconociera porque “años atrás le había pagado por sexo cuando aún no había hecho el cambio de sexo y era un varón menor de edad”.
La bomba había estallado. Ese mismo día Penadés dio una conferencia de prensa en el Parlamento para acusar a Papasso como “una difamadora a la que iba a denunciar inmediatamente”.
El entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, integrante de la lista 71 igual que Penadés, salió inmediatamente en apoyo de su “amigo” y descalificó a la denunciante.
Curiosamente lo mismo hizo el presidente Lacalle Pou, quien afirmó que “Penadés desmintió todas las acusaciones mirándolo a los ojos, y yo le creí porque lo conozco hace decenas de años. Sería un mal amigo si no le creo”.
La denuncia de Papasso fue tomada de oficio por Fiscalía y quedó a cargo de la fiscal Alicia Ghione. Desde ese día las denuncias por abuso sexual contra Penadés cayeron en cascada.
Ocho hombres jóvenes se presentaron a declarar ante Ghione, aunque ésta ha señalado que “hay muchas más víctimas que por diferentes razones aún no han concurrido”.
Penadés contaba con los oficios del profesor de historia Sebastián Mauvezín, docente del Liceo Militar, quién era el encargado de “conseguirle” los menores a los que el senador pagaba por relaciones sexuales.
Las víctimas tenían entre 15 y 16 años, pero incluso hay una de 9 años cuando, integrando un equipo de fútbol organizado por el propio senador, abusó de él.
Ghione formalizó con prisión a Penadés y a Mauvezín. Al primero por 22 delitos de abuso sexual, incluída violación; Mauvezín por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores. Ambos aguardan en prisión el comienzo del juicio en el que seguramente recibirán extensa condena.
Pero el mismo día de la formalización la fiscal descubrió que un alto oficial de la Policía encabezaba una organización que intentó entorpecer la aplicación de justicia.
Carlos Tarocco, director del Comcar, fue detenido y enviado a prisión. Él y otras personas, entre las que se encuentran dos funcionarios de la Corte Electoral, otro policía y varios allegados a Penadés, habían contribuido a organizar un “flujograma” para individualizar a los denunciantes de Penadés, se presume con el fin de extorsionarlos para que retiraran las denuncias.
La investigación está en curso.
Gustavo Penadés era un legislador de extensa trayectoria. En este período había sido electo diputado, pero al pasar Luis Alberto Heber como ministro de Transporte y Obras Públicas, asumió en el Senado.
Allí se convirtió en el mejor negociador del Gobierno, tanto con aliados como con la oposición. Todos lo reconocían como “muy hábil y hombre de palabra en quien se podía confiar”. Era el único legislador del Gobierno con tales cualidades políticas.
Pero su vida privada lo conducía al despeñadero. En enero del 2014, Penadés fue acusado por un joven policía de Punta del Este “de ofrecerle dinero para mantener relaciones sexuales”, en la zona del muelle de parada 3 de La Mansa.
La “insistente” propuesta del parlamentario derivó en que el funcionario policial solicitara “apoyo” a la Seccional 10ª. Cuando llegaron refuerzos policiales al lugar del hecho, el parlamentario habría expresado que se trataba de la palabra del policía contra la de él.
Las diferentes versiones de prensa indicaron que el policía acosado no realizó la denuncia formal ante la Justicia. Sin embargo, sí dejó constancia del hecho en el “cuaderno de noticias de Jefatura”.
Mucho después se supo que el exsenador colorado Wilson Sanabria intervino ante la jefatura para que el policía no realizara la denuncia ante la Justicia.
Pero el hecho fue un escándalo que no debió pasar desapercibido, sobre todo para sus correligionarios.
El Parlamento es como un pequeño barrio donde más temprano que tarde todo se sabe. Penadés abusó de varios menores, algunos citados a las afueras del Palacio Legislativo. Entonces la pregunta obvia es: ¿cuántos parlamentarios sabían de sus aberrantes acciones y callaron?
Marset, el narco que volteó ministros
Mucho antes de que fuera detenido el jefe de la seguridad presidencial, se supo que el Ministerio del Interior le había entregado un pasaporte a Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo que estaba detenido en Dubái por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso.
Todo lo que sabemos sobre la actividad de Marset ya ha sido escrito en esta revista. Lo nuevo, tal vez, fue su aparición televisiva en la que se mostró como un padre diligente, un hombre creyente y hasta solidario. Un lavado de imagen completo.
Sin embargo, como en los otros casos mencionados, todavía falta mucho para saber la verdad.
Porque por ahora supimos por la exvicecanciller, Carolina Ache, que el Gobierno se organizó para mentirle al Senado de la República y esconder el chat en el que el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, advertía antes de entregarle el pasaporte que se “trataba de un narcotraficante peligroso”.
Roberto Lafluf, uno de los principales asesores del presidente, reconoció haber destruido documentación pública para evitar que la protocolización de esos chats entregados por Ache a la investigadora administrativa de Cancillería estuvieran incluidos.
Conocidas las declaraciones de Ache ante el fiscal Alejandro Machado, el presidente renunció al canciller, Francisco Bustillo; al ministro del Interior, Heber y al subsecretario Maciel, y también a Lafluf. Ache había renunciado antes de finales del año pasado porque su sector, Ciudadanos, no la respaldó.
Desde Presidencia se presentó como un acto de transparencia. Pero ocurrió tarde, cuando ya se le había mentido al Parlamento, cuando ya se había destruido un documento público y, sobre todo, después de que se le entregara el pasaporte a un narcotraficante, que lo liberó y permitió escapar.