La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, convocó al exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, a declarar en la Fiscalía este miércoles, tras avanzar en varias de las líneas de investigación que abrió la causa por la que fue condenado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La citación es en calidad de testigo y está prevista desde las 13 horas. Astesiano se encuentra recluido en la cárcel de Florida, a donde había sido trasladado en marzo pasado desde la cárcel de Punta de Rieles, a pedido de su abogado Marcos Prieto para que pueda realizar actividades de rehabilitación y poder reducir la pena.
Prieto se reunió este martes con Astesiano en la cárcel para preparar la instancia del miércoles. "Astesiano está pagando a la sociedad, cumpliendo como una persona privada de libertad más, come cuando hay que comer, se duerme cuando se apaga la luz", expresó Prieto.
"Hay diversos actores de la sociedad que pese a esto lo siguen nombrando públicamente no sé con qué intenciones, cuando la realidad nos dice que otros integrantes de la causa están en su casa. Con lo que pareciera que el interés de hacer justicia no era con Astesiano sino con quien y donde trabajaba Astesiano", agregó.
"Ya se probó y se concluyó en la etapa investigativa que no realizó ningún pasaporte para el grupo ni ningún tipo de pesquisa secreta ni a legisladores ni a nadie. También quedó probado que no había ningún delito en el famoso pescado, ni en otras tantas cosas que se dijeron en relación a Alejando Astesiano", acotó.
El 15 de febrero, Astesiano fue condenado tras un acuerdo abreviado entre su defensa y la Fiscalía a cuatro años y seis meses de prisión por su participación en la organización delictiva que falsificaba documentos (partidas de nacimiento) para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos.
Al excustodio presidencial se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, tráfico influencias, conjunción interés público con privado y revelación de secreto. En el acuerdo con la entonces fiscal de la causa, Gabriela Fossati, le quitó el delito de suposición de estado civil (falsificación de documento) por no comprobar su participación en esta parte de la maniobra.
La condena implicó además una multa de 100 unidades reajustables y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años.
Temas
Dejá tu comentario
Te puede interesar