Municpios y alcaldes
Por otro lado, las estructuras políticas-burocráticas crecen a ritmo acelerado. En todo el país funcionan 136 municipios con un alcalde rentado y cuatro concejales honorarios, que han terminado por convertirse en pequeñas intendencias que requieren presupuesto para una estructura en direcciones, personal y maquinaria.
Por supuesto que una cosa es ser alcalde del Municipio C en Montevideo y otra muy diferente es serlo en Tupambaé, Cerro Largo. Porque, aunque sean todos uruguayos, los recursos, los servicios y las prestaciones son muy distintas.
Los sueldos de los alcaldes en todo el país son diferentes y se establecen en el Presupuesto Quinquenal aprobado por el Gobierno anterior. En Maldonado un alcalde percibe 162.523 pesos, no importa si es el de Garzón o el de Punta del Este. En cambio, Lavalleja tiene diferencias en cuanto a la localidad.
Cada una de las 19 juntas departamentales son integradas por 31 ediles, más sus tres suplentes respectivos. Los titulares de todo el país tienen algo en común: todos cobran. Aunque la Constitución de la República establece el absurdo de que deben ser honorarios, ellos se dieron maña para percibir desde sueldos “encubiertos” a diferentes beneficios que tienen un importante costo para el ciudadano.
Nadie vota ediles en particular, porque el sistema electoral establece que su elección se hace en la misma hoja con la que se elige intendente y, por lo tanto, son muy pocos los que miran la nómina que se propone para un cargo en el Legislativo. El elector no tiene, entonces, ninguna posibilidad de elegir entre uno u otro. Y la mayoría de las veces ni siquiera sabe a quién votó para ese cargo. Sin embargo, a todos los efectos, el edil tiene para el departamento casi la misma importancia que el diputado para el país. Y tal vez más, porque una decisión del parlamentario difícilmente impacte de un día para otro en la vida del ciudadano; en cambio, sí lo hace una aprobada por el Legislativo departamental.
Cada junta tiene su propia estructura burocrática y política, que con el paso del tiempo y las necesidades partidarias ha ido creciendo. Por ejemplo, en 1985 la Junta de Maldonado contaba con dos secretarios de bancada para el sector mayoritario —en ese momento el Partido Colorado— y un secretario para blancos y otro para frentistas. Hoy cada sector dentro de cada partido tiene su propio secretario de bancada, así sea un solo edil el que integra ese sector. Y cada uno percibe un sueldo de 223.770 pesos, más otros beneficios. Aunque hubo una época en que ese sueldo “lo compartía” con el edil. Desconocemos si esa práctica se mantiene.
Intendencias y democracia
Las intendencias son “un mundo aparte”. Los gobiernos departamentales se han complejizado en la medida en que han ido asumiendo cada vez más tareas que antes competían al Gobierno nacional. Vivienda, salud, educación y aportes a la seguridad son asuntos recurrentes que exigen cada vez más dinero. Además, hay prácticas políticas como “el clientelismo” que exigen mucho dinero. En ningún departamento los gastos de funcionamiento son menores al 50 %, pero hay alguno donde llegan al 70 %. Es decir, 7 pesos de cada 10 que paga el contribuyente son para sostener el predominio partidario en el Gobierno.
Algunos departamentos, como Artigas y Flores, solo pueden sobrevivir con las transferencias que reciben del Gobierno central. Sin ese dinero tendrían que cerrar. En realidad, solo las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado pueden funcionar con lo que recaudan. Sin embargo, no todos los sueldos de los intendentes reflejan esa realidad. El más alto del país lo percibe el intendente de Maldonado, quien, entre salario y gastos de representación, percibe 594.751 pesos. Le siguen San José, con 591.005; Salto, con 527.355; Colonia, con 505.595; Soriano, con 457.345; Rivera, con 454.063; Montevideo, con 443.893; Artigas, con 416.509; Canelones, con 327.136 y Paysandú, con 259.817.
Las estructuras administrativas de cada intendencia también han crecido en proporción. Las planillas de salarios que cada intendencia publica en su web no muestran la verdadera estructura administrativa. Por ejemplo, Maldonado acaba de inventar una fórmula para ingresar algo más de una decena de nuevos jerarcas políticos o de confianza. Las direcciones se convirtieron en departamentos con un jerarca y cada uno de ellos agrupa viejas y nuevas direcciones. Además, en su último acto administrativo, con aprobación de la mayoría de la Junta Departamental, el intendente saliente, Enrique Antía, presupuestó al 85 % de los funcionarios que él ingresó por designación directa. No se explicó por qué razón un 15 % quedó fuera de este beneficio.
¿Todos estos datos significan una mejora en la calidad de nuestra democracia?
Desafíos de los próximos gobiernos departamentales
Obviamente cada localidad, cada departamento tendrá sus propios desafíos de acuerdo a sus características y reclamos ciudadanos. Montevideo deberá resolver el tema de la limpieza de la ciudad, algo que Maldonado tiene resuelto. En cambio, ambos departamentos tienen ante sí los problemas de movilidad ciudadana y desarrollo territorial.
En todo el país la pobreza es un grave problema y mucho más si afecta a los niños. Lo mismo que la inseguridad, la vivienda y la educación. Sin embargo, en tiempos donde en todo el mundo crecen fuerzas totalitarias de ultraderecha, los nuevos gobernantes tienen ante sí la responsabilidad de que los ciudadanos sigan creyendo que la democracia es el mejor sistema para vivir en comunidad.
Si lo que han normalizado como “política de cercanía”, que no es otra cosa que el clientelismo político, no cambia en su contenido, es altamente probable que los corruptos sigan siendo los dueños del poder. Lo mismo ocurrirá si los gobernantes continúan cediendo ante los intereses de los que tienen dinero.
Cada día surgen reclamos de protección ambiental, tema con el que los partidos políticos hacen campaña, pero luego en el gobierno tienen una práctica dudosa. Es más que obvio que los futuros gobiernos departamentales no se plantean grandes cambios de contenido en sus gestiones.
En Artigas anuncian que una procesada y condenada por corrupción será la nueva secretaria general de la Intendencia. En Soriano asumirá un intendente imputado por todos los delitos de corrupción posibles. En Salto gobernará como intendente alguien que debió renunciar a la presidencia de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande por haber acomodado con sueldos muy importantes a decenas de personas, entre ellas varios ediles. En Tacuarembó lo hará alguien sobre quien pesa una grave denuncia pero no hay fiscal que quiera sustanciarla. En Maldonado la Fiscalía tiene ante sí una causa contra un exedil blanco, que podría afectar a dos ediles reelectos, pero que si investiga todos los datos que obtendrá de las cuentas bancarias, cuyo secreto fue levantado, podría afectar a la mayoría de la Junta. En Cerro Largo el nuevo intendente, que ha denunciado graves irregularidades de su antecesor, blanco como él, anunció investigaciones y despidos. Y habrá que ver lo que pasa tanto en Río Negro como en Lavalleja, donde los blancos fueron sustituídos por el Frente Amplio, porque en ambos casos la corrupción estuvo en el centro de la campaña electoral.
Déficits y relatos
Los partidos políticos construyen su relato tratando de obtener el mayor rédito. Sonaba curioso que durante la campaña electoral los blancos cuestionaran la adhesión de la mayoría de los montevideanos al Frente Amplio, pero nada dijeran sobre Cerro Largo, Colonia, Durazno, San José, Tacuarembó o Lavalleja, donde ellos gobiernan, o lo hacían, desde hace decenas de años. O que “estaba bueno cambiar”, pero solo donde no gobiernan ellos.
El mismo cinismo se aplica para cuestionar los déficits de las intendencias. Con un notorio apoyo mediático, los integrantes de la Coalición Republicana vienen cuestionando el déficit de unos 90 millones de dólares acumulado por la Intendencia de Montevideo. Y el excandidato blanco, Martín Lema, acusó de “ocultamiento” al FA. ¿Qué dirá Lema cuando se entere de que el déficit de Maldonado supera los 200 millones de dólares que prolijamente han sido ocultados, hasta mintiéndole al TCR?
En este panorama vale destacar la actitud del nuevo intendente de Maldonado, Miguel Abella. Por primera vez en 10 años el intendente fue a reunirse con las direcciones de frentistas y colorados para proponerles integrarse a dos comisiones que creará para analizar los temas de movilidad ciudadana y desarrollo territorial. Más allá de lo que haga después, esta actitud es un cambio sustancial ante un pasado donde el ahora exintendente consideró adversario —dignos de “anotar en una libretita”, como reconoció— a todo quien no pensara como él.
A partir de hoy, todos los desafíos estarán planteados. Es el ciudadano quien debe asumir su obligación de controlar la gestión, que de eso trata también la democracia.
