Balance de CASMU deja en offside a las autoridades del MSP

Una especie de necesidad de consagrar la desaparición de la institución de asistencia mutual.

Por ejemplo, las supuestas ilegalidades o más precisamente la acusación de la existencia de testaferros o de conjunción de intereses de las legítimas autoridades electas por los médicos aportantes hace escasos dos años.

Pero si bien la ministra de Salud Pública hizo de corifeo del cúmulo de presiones y claques interesadas, no podemos dejar de mencionar que contó con el apoyo de grandes coreutas e instrumentistas. Desde la pompa del subsecretario José Luis Satdjian, hasta la cara de circunstancia del director de secretaría Cnel. Gustavo Cardoso, el asesoramiento profesional de la Cra. Alicia Rossi, pasando por los múltiples veedores e interventores que se le fueron imponiendo a CASMU con costos invariablemente cargados a la caja de la institución intervenida.

Todos corriendo al ritmo del Dr. Gustavo Bogliaccini, sus intereses y su círculo de “protegidos” como dejara bien identificados sin sutilezas el Senador Sergio Botana. El legislador oficialista fue quien curiosamente desnudó los verdaderos intereses que se esconden detrás de las persistentes declaraciones desde el Ministerio de Salud.

Decía el economista y teórico social estadounidense Thomas Sowell que muy a menudo los “expertos” son convocados, “no para que aporten información objetiva o análisis desapasionados con vistas a la toma de decisiones” por parte de los funcionarios responsables, sino “para dar cobertura política a decisiones ya tomadas y basadas en consideraciones completamente diferentes”. Palabras que parecerían describir precisamente el comportamiento del gobierno en lo que se refiere al sistema mutual de salud, y en particular a Casa de Galicia y CASMU.

Porque todos los indicios apuntan a que ese gobierno ingresó el 1º de marzo de 2020 con una concepción clara de lo que quería hacer con el sistema mutual de salud. Los resultados están a la vista, se llevaron puesta a la mutual gallega y llegaron con los tiempos justos para completar la obra con CASMU, aunque aún no debería descartarse un manotazo que entregue al nuevo gobierno una mina explosiva a punto de estallar.

Quedan todavía 50 días para el cambio de gobierno y las declaraciones del subsecretario de Salud Pública no aportan tranquilidad.

Vayamos un poco hacia atrás en el tiempo

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud Pública del Senado el 9 de julio del 2024, la ministra Karina Rando explicaba, entre otras cosas, que “el resultado del ejercicio positivo indica que la empresa tiene una relación entre activos, (bienes y derechos) y pasivos (deudas por pagar por todo concepto), que es positiva.

“En los últimos tres años, este resultado ha sido, justamente, positivo. Sin embargo, en este último período la empresa solicitó ayuda financiera por no tener fondos para pagar las obligaciones, situación que se repite nuevamente”.

La ministra se esforzaba en dicha oportunidad por justificar los motivos y el alcance de la curiosa Ordenanza del MSP del 2 de julio anterior, mediante la cual se le daba a CASMU un plazo de 10 días hábiles para “subsanar la situación económico-financiera bajo apercibimiento de intervención u otras consecuencias que disponga la normativa”.

En dicha oportunidad Karina Rando dejaba en evidencia ante la comisión que estaba tan preparada para describir una situación económica-financiera como cualquiera de nosotros para determinar la mezcla correcta y el tiempo de administración de sedantes en una anestesia.

Si bien la ministra reconocía que CASMU había registrado ganancias en los tres ejercicios anteriores, dejó en evidencia que no comprende bien la diferencia entre ganancias y posición de caja, entre lo económico y lo financiero, o entre un estado de resultados y un balance.

En todo caso, claramente, no es su especialidad y ni siquiera se tomó el tiempo para estudiar los apuntes que le suministraron y los porqués de los mismos.

Con el balance presentado la semana pasada, tenemos oportunidad de aclarar un poco la confusión creada por las propias autoridades del MSP.

Yo -sin ser economista ni contador público- aprendí a leer los aparentemente intrincados números que enmascaran los secretos de un balance.

En efecto, los estados financieros consolidados auditados por la firma internacional Grant Thornton constatan que la mutualista ganó 25 millones de pesos en el último año.

En 2023, el año en que el MSP le aterrizó veedores a la institución, la ganancia había sido de 104 millones. En 2022 y 2021 CASMU había ganado 115 y 200 millones de pesos respectivamente, por lo que es verdad que CASMU viene produciendo ganancias en los últimos cuatro años.

Si hacemos bien la cuenta, al dólar de hoy suman algo así como 10 millones de dólares.

Esto a pesar de los múltiples desafíos derivados de una pandemia que sirvió al gobierno central para justificar un aumento de aproximadamente 18 mil millones de dólares en la deuda pública.

Revisando y procurando entender lo que la ministra Rando no entendió bien

Son justamente estas ganancias las que han permitido a CASMU ir “licuando” lentamente ese patrimonio negativo que se encuentra en la raíz de sus dificultades para acceder a financiamientos en condiciones “de mercado”.

Como el patrimonio negativo es la diferencia entre activos y pasivos –que sea negativo significa que la cifra de pasivos supera a la de activos-, para analizar su incidencia conviene relacionarlo al monto de activos, en el entendido que son los activos el principal respaldo de los pasivos. De esta manera, podemos observar que a septiembre de 2024 el patrimonio negativo representaba 21% del total de activos. A modo de referencia, cuando asumió el actual Consejo Directivo en octubre de 2019, el patrimonio negativo representaba 36% de los activos, según las cifras que surgen del balance que ese año firmaban el Cr. Alberto Yagoda, hoy asesor “especial” del presidente del BPS y la Cra. María Ana Porcelli, actual directora del Fondo Nacional de Recursos. Ambos, junto con el Dr. Daniel Salinas y la Dra. Nuria Santana, forman parte del “círculo de confianza” del Dr. Gustavo Bogliaccini, expresidente de CASMU.

Evacuada cualquier duda sobre la evolución de los resultados económicos de CASMU –salvo que a la ministra Rando se le ocurra ahora cuestionar a las auditorías-, corresponde analizar su situación financiera.

Con la certeza de que la mutualista no pierde dinero, (el balance auditado es contundente de que en realidad el CASMU gana), podemos afirmar sin temor a equivocarnos que cualquier incremento en su endeudamiento no puede tener otra explicación que un incremento en los activos. Efectivamente, el análisis de las cifras que surgen directamente del balance es el único camino racional para intentar emerger de la ciénaga conceptual en que nos viene sumergiendo la ministra con sus embrolladas y permanentes filípicas contra CASMU.

Pero lejos de aumentar, el pasivo de CASMU disminuyó al cierre de septiembre 2024 en 281 millones, pasando de 8.872 millones en 2023 a 8.591 millones en 2024. ¿Cómo se financiaron entonces esos 281 millones en reducción de pasivos? La respuesta es que una parte fue a través de la disminución de 77 millones en el patrimonio negativo, y otra parte gracias a una disminución de los activos de 204 millones. Por las dudas que a alguno se le ocurra atribuir esta aparente estabilidad a los interventores, cabe recordar que los mismos recién aparecieron por CASMU en agosto de 2024, a un mes y medio del cierre del ejercicio contable.

Si bien las variaciones son relativamente pequeñas para una mutualista que el año pasado registró 13.308 millones de ingresos operativos, lo cierto es que CASMU ni perdió dinero ni vio aumentar su nivel de endeudamiento. ¿Dónde estaba o está entonces el problema? La ministra Rando intentaba justificar en el senado su inoportuna ordenanza del 2 de julio – el lunes 1º habían comenzado las vacaciones de julio y el viernes había pago de sueldos- aduciendo que CASMU “recurre permanentemente a asistencia financiera no bancaria para pagos a corto plazo”. Siguiendo con su letanía agregaba que “las líneas de sobregiro bancario se han visto disminuidas”, y que “el pasivo financiero es superior al comercial”.

Por primera vez la ministra pareció acercarse a un verdadero diagnóstico del problema, aunque rápidamente volvió a sumergirse en su marea de aturdimiento, repitiendo fechas, hechos y cifras que seguramente alguien le apuntó para que pudiera recitar algo medianamente coherente frente a los legisladores, que la escucharon con mucha paciencia, pero algunos de ellos sin entender nada.

Que el pasivo financiero sea superior al comercial no debería ser necesariamente un problema, sobre todo tratándose de industrias que requieren grandes inversiones de capital fijo, como es el caso de una gran mutualista, una generadora de energía eléctrica, o una PPP que construye y mantiene una carretera o cualquier obra de infraestructura.

La clave de bóveda

El problema central que sí ha debido enfrentar CASMU es el acortamiento en el plazo promedio de sus pasivos, lo que viene provocando un marcado deterioro en los indicadores de liquidez. No es una cuestión de cuanta caja tiene la mutualista para hacer frente a los pasivos, porque no hay caja que aguante si los pasivos de largo se convierten en pasivos de corto, algo que en el MEF entienden muy bien, cuando se trata de renovar una deuda pública bruta que se acerca a los 50.000 millones de dólares.

Volviendo a CASMU, a septiembre de 2024 el pasivo corriente sumaba 6.214 millones, representando el 72% del pasivo total. En cambio, al cierre de 2019, ya en los umbrales de la pandemia, el pasivo corriente representaba sólo el 58% de todos los pasivos. ¿Cómo se llegó a esto? La respuesta es muy sencilla. Las amortizaciones de los fideicomisos de largo plazo contraídos en la década anterior fueron venciendo en los años siguientes, y para cancelarlos a CASMU le quedaban desde el plano teórico cuatro opciones. Primero, el mecanismo más deseable, que es mejorar las ganancias. Pero ello hubiera requerido incrementar las cápitas del sistema, -algo que es resorte del MSP, no de CASMU-, lograr autorizaciones de nuevos IMAEs que le generaran mayores ingresos –alternativa que tanto Rando como Salinas se preocuparon de bloquear- o bajar costos, lo que hubiera implicado un seguro conflicto sindical y resultado en un deterioro en la atención en medio de la pandemia.

El segundo hubiera sido acceder a un nuevo fideicomiso de largo plazo que permitiera mantener el plazo promedio de sus pasivos en un nivel estable y manejable. Pero como CASMU carga con patrimonio negativo, el único que puede otorgar un fideicomiso con esas características es el Estado, como lo viene haciendo desde el día uno. Conscientes de la particular animosidad que las autoridades del MSP exhibían hacia la mutualista, sus directivos optaron por dilatar la solicitud hasta que no tuvieron más remedio que hacerlo. La reacción del MSP ante el pedido de nuevo fideicomiso les terminó dando la razón.

La tercera opción hubiera sido liquidar activos, escenario que seguramente entusiasmaba a muchos de los que merodean en torno a CASMU. Vender un sanatorio a una mutualista que lo anhelaba, vender un IMAE a algún grupo de interés o transferirle 20.000 cápitas a algún amigo del poder, fueron de las tantas cosas que se le fueron “sugiriendo” a los directivos de la mutualista. Con esto CASMU hubiera podido contentar al poder de turno y aliviar la situación financiera en el corto plazo, pero al costo de afectar su integridad, de comprometer su viabilidad en el mediano y largo plazo, hasta su propia existencia. Esta medida hubiera sido una suerte de “fentanilo de las finanzas”.

La cuarta y última alternativa –no estrictamente una “medida”- es la única que quedó disponible a las autoridades de CASMU: administrar la situación contra viento y marea, intentando mantener la confianza de afiliados, funcionarios, proveedores y bancos frente a un poder ejecutivo que lejos de facilitar la confianza, fogoneaba las llamas del incipiente incendio. Una medida inteligente fue la venta de servicios a ASSE, esto permitía aumentar los ingresos, aunque afectaba la autonomía de la institución en la medida de que dependía de la voluntad de ASSE de cumplir sus compromisos y sobre todo del Ministerio de Economía que era el que al final autorizaba y disponía los desembolsos. Los hechos demostraron lo acertado de la sospecha toda vez que cobrar los servicios que CASMU vende a ASSE ha resultado una verdadera odisea, hasta el punto de que hubo que resignar un porcentaje de los créditos a cobrar para conseguir que ASSE pague dentro de los plazos que la obligaban.

Abre tus ojos

Lo cierto es que, aún con pasivos de corto plazo, CASMU hubiera podido manejarse relativamente bien sin tener que pasar por los vejámenes a los que lo vienen sometiendo. Esto porque los pasivos de largo plazo que se iban amortizando liberaban garantías de FONASA que podían ser utilizadas como garantía de los créditos de corto plazo con el sistema bancario, algo que vio rápidamente el BROU y que utilizó como instrumento para parar la corrida provocada por la medida del 2 de julio. Conste que, en la mayoría de los casos, con el voto contrario de los representantes del Partido Nacional en el Directorio del BROU.

En ese momento hubiera bastado con que desde el MSP y el MEF se hubiera garantizado la continuidad de CASMU para que el sistema financiero se mostrara nuevamente dispuesto a aceptar FONASA como garantía.

Pero el Poder Ejecutivo no dio ninguna señal de querer estabilizar la situación, más bien todo lo contrario. Aún con la ley de garantía soberana aprobada por el Parlamento, la ministra Rando hacía esfuerzos por interpretar el “espíritu de la ley”, no dando crédito a lo que estaba presenciando, ni más ni menos que una histórica desautorización del legislativo al ejecutivo.

En los hechos, fue el Parlamento, que por unanimidad votó el 14 de agosto la emisión de la garantía soberana, el que terminó de parar la corrida.

A partir de allí la situación se empezó a estabilizar. Lo que desestabilizó un poder del Estado, lo terminó enmendando otro poder. Lo de CASMU fue una gran prueba del valor de nuestra República.

Sobre todo de la inteligencia de legisladores de todos los partidos que percibieron que estaban siendo manipulados por un relato tendencioso e irresponsable que llevaba al CASMU a un precipicio y que beneficiaba a quienes esperaban los despojos con la complicidad de un gobierno que procura cumplir sus compromisos antes que sea sustituido por las nuevas autoridades.

Esperemos que la transición que se viene no deje espacios vacíos para el rebrote de los impulsos desestabilizadores

No se trata de solamente hacer una invocación a la esperanza. Por el contrario, se trata de confiar en que las nuevas autoridades están comprometidas con la continuidad de la institución y la integridad del CASMU como baluarte insustituible del Sistema Nacional Integrado de Salud.