Bergara: es "un escándalo" que afecta credibilidad del país

“En este momento, en algún lugar del mundo, está suelto e impune un sindicado narcotraficante uruguayo con extenso prontuario delictivo, señalado como responsable de muy graves delitos”, comenzó diciendo Mario Bergara, miembro interpelante de la sesión, en referencia a Sebastián Marset.

“Hoy continúa prófugo de la Justicia internacional, entre otras cosas, gracias a que se le expidió y obtuvo un pasaporte uruguayo común”, continuó.

Bergara señaló que dicho pasaporte fue expedido además “en plazos menores a los que el sentido común hubiera indicado en un caso de tanta complejidad”.

“Estamos ante un escándalo de proporciones, que afecta la reputación y la credibilidad del Uruguay, valor que un país pequeño como el nuestro debe cuidar como el oro”, agregó.

En referencia al gobierno, indicó que “lejos de asumir responsabilidades”, se ha dedicado a “minimizar el problema que enfrentamos, al tiempo que las traslada (las responsabilidades) a gobiernos anteriores”.

Por otra parte, aseguró que su fuerza política no logra “ver hasta el momento cómo se custodió el interés nacional”. “Cada una de las acciones desarrolladas, así como las consecuencias de las mismas, aparecen esencialmente funcionales a las necesidades privadas de Marset”, sostuvo.

“La obtención del pasaporte uruguayo por parte de esta persona, fue un elemento clave utilizado por la defensa de Marset para obtener su liberación por parte de la justicia emiratí y a partir de allí moverse y permanecer inubicable, en momentos en que en Paraguay se llevaba adelante la mayor operación antidrogas de su historia”, añadió.

Para Bergara, distinta sería la historia “si el proceso (de entrega del pasaporte) se hubiera dilatado, algo que hubiera sido totalmente razonable, dada las peculiaridades de este caso”.

Otro de sus cuestionamientos estuvieron dirigidos a las explicaciones en base al decreto de 2014, que supuestamente habilitaba legalmente la forma en que se expidió el pasaporte.

Según Bergara, “la normativa uruguaya sobre expedición de pasaportes no establece plazos, con lo cual sin lugar a dudas existía un marco legal para al menos demorar el otorgamiento de la documentación, como sabemos que se ha hecho en otras circunstancias”.

“El reglamento vigente de 2014 no obligaba de ninguna manera a las autoridades a emitir un pasaporte a un conocido narcotraficante investigado a nivel internacional con la participación uruguaya y preso en otro país por un pasaporte falso”, agregó.

Por el contrario, Bergara afirmó que la reglamentación “le daba a las autoridades margen suficiente como para seguir el curso de acción que más conviniera a los intereses del país. No había obligación alguna para seguir adelante en las condiciones y la forma en que se hizo”.

El miembro interpelante de la sesión se preguntó entonces “en beneficio de quién se actuó”. “En beneficio del interés público definitivamente no”, sostuvo.