La coalición de gobierno se aprestaba a aprobar un aditivo en la Rendición de Cuentas que está a discusión en el Senado referido al pago de pensiones alimenticias para los hijos de padres divorciados.
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"Nos preocupaba mucho la situación de población vulnerable que a veces tiene decretada la pensión alimenticia y el papá no tiene una fuente de ingresos comprobable o no se sabe dónde está y se incumple", dijo esta semana la senadora nacionalista Carmen Asiaín.
Ante esta situación, se estableció que la omisión injustificada del pago de la pensión será considerado un delito autónomo "para quienes pudiendo hacerlo, no lo hacen". El artículo en cuestión marca que será castigado con pena de tres a doce meses de prisión.
Sin embargo, ante las críticas a la propuesta, Cabildo Abierto, que había apoyado la iniciativa decidió dar marcha atrás, por lo cual el proyecto impulsado por los legisladores blancos no prosperará.
El senador Guido Manini Ríos anunció que "no se va a votar" y le comunicó al resto de la coalición que Cabildo no va a acompañar el proyecto.
Después de estudiar el proyecto en profundidad, Cabildo Abierto resolvió cambiar su voto porque consiera que aprobarlo sería darle "un cheque en blanco" a los jueces.
"Existe una causar en nuestro Código (Penal) que son las omisiones a la patria potestad, que permite en un caso extremo de algún incumplimiento con agravantes la prisión para el incumplidor, o sea que no es necesario poner un artículo nuevo, y menosen estas condiciones, porque en definitiva era un cheque en blanco para que algún magistrado, de estos que suele actuar con sesgo determinado, pueda llevar preso a alguien por no cumplir con una obligación monetaria, por una deuda, argumentó el líder de Cabildo, quien consideró que "no es lo mejor, máxime considerando la realidad de nuestro sistema carcelario".