La bancada del partido Cabildo Abierto (CA) presentó formalmente un proyecto de ley en el Parlamento con el objetivo de condicionar el cobro de la contribución financiera estatal por votos obtenidos en las elecciones a que los candidatos se encuentren al día con sus obligaciones tributarias y estatales. La iniciativa, que consta de apenas dos artículos, lleva la firma de los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, y busca introducir mayores niveles de exigencia ética y transparencia en el uso de los fondos públicos por parte de los dirigentes políticos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
El diputado de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone.
Foto: Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El núcleo de la propuesta se encuentra detallado en el artículo primero, el cual establece que para hacer efectivo el cobro de los aportes estatales por los votos válidos obtenidos, los candidatos titulares que hayan encabezado las listas deberán presentar ante la Corte Electoral una serie de certificados específicos. Estos documentos deben acreditar que no poseen deudas pendientes o que mantienen convenios vigentes expedidos por la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad. En caso de constatarse la falta de alguno de estos certificados, la normativa prevé la retención automática de los pagos correspondientes hasta que regularicen su situación.
Por su parte, el artículo segundo define el alcance temporal de la medida, determinando que la ley entrará en vigencia inmediatamente a partir de su promulgación y se aplicará de forma directa en los próximos procesos electorales. Desde el punto de vista de los fundamentos políticos, la exposición de motivos redactada por los legisladores firmantes argumenta que la iniciativa no pretende obstaculizar el financiamiento legítimo de los partidos y agrupaciones mediante el sufragio, sino fortalecer la ética en la gestión pública, fomentar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y devolver la confianza de la ciudadanía hacia el sistema político.
Lust en el ojo de la tormenta
El origen de esta propuesta legislativa se ancla en situaciones concretas del escenario político nacional. El diputado Álvaro Perrone reconoció que el proyecto nace a raíz de la situación fiscal del exdiputado Eduardo Lust —quien integró las filas de Cabildo Abierto durante el período legislativo 2020-2025—, al señalar que resulta inadmisible que los representantes políticos perciban dinero del Estado mientras mantienen deudas pendientes con los organismos públicos. Según los registros públicos y parlamentarios, Lust contaba con un embargo genérico impuesto por la DGI en el año 2017, el cual fue renovado en 2022 sin que constara la cancelación de los adeudos a esa fecha.
De acuerdo a las estimaciones aportadas por el legislador impulsor de la medida, el exdiputado habría percibido importantes sumas de dinero provenientes del erario público en pasadas contiendas electorales. En los comicios de 2019, tras obtener unos 15.000 votos, cobró aproximadamente 60.000 dólares bajo el parámetro de cuatro dólares por cadafragio válido como candidato a la diputación. Posteriormente, en las elecciones de 2024, su postulación simultánea a la diputación, el Senado y la presidencia le permitió cobrar una cifra superior calculada en diez dólares por voto, acumulando entre ambas instancias montos estimados entre 180.000 y 190.000 dólares, sin que ello se tradujera en la regularización formal ante el fisco.
Temas
Te puede interesar