El informe destaca que esta transformación se debe a la disponibilidad de canales legales, la estabilidad relativa de los precios regulados y la percepción positiva de seguridad y calidad entre quienes adquieren cannabis por vías formales. Sin embargo, aún existe un mercado gris cercano al 30%, integrado principalmente por cultivos domésticos no registrados e intercambios informales. Este segmento, menos riesgoso que el narcotráfico tradicional pero aún fuera del control regulatorio, limita la expansión completa del mercado legal.
Objetivos centrales
En materia de salud, la evaluación no registró impactos negativos significativos atribuibles a la regulación, y los indicadores de consumo problemático se mantienen estables. Asimismo, el informe subraya que la claridad normativa ha mejorado la intervención policial y judicial en casos menores relacionados con el cannabis, aunque persisten diferencias de criterio y falta de capacitación en distintos territorios.
En síntesis, Uruguay ha avanzado en los objetivos centrales de la ley: reducir daños, ampliar el acceso seguro, disminuir la criminalización y desplazar al narcotráfico. Ahora, según el informe, los próximos pasos apuntan a fortalecer la eficacia del mercado regulado y reducir la presencia del mercado gris.
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