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Política Astesiano | escribano | Fernández

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Caso Astesiano: El colaborador

El escribano imputado por falsificación de pasaportes reveló desde el primer día responsabilidad de Alejandro Astesiano.

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Caras y Caretas Diario

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El escribano Álvaro Fernández García resolvió ser el colaborador en la causa de la falsificación de pasaportes que funcionaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Según pudo conocer Caras y Caretas, el escribano Fernández -perteneciente al estudio Fernández Pou- fue detenido 72 horas antes que el custodio personal del presidente Luis Lacalle Pou. Fernández fue quien reveló la identidad y responsabilidad del custodio Alejandro Astesiano y fue quien proporcionó el celular para que este cayera, según informaron a este medio fuentes vinculadas a la investigación.

Fernández García es un escribano que cuenta con cuatro expedientes disciplinarios. La Suprema Corte de Justicia lo desinvistió dos veces. La primera en 1998 y la segunda en 2022. Antes, en 1999 fue procesado con tres años de penitenciaría por el delito de falsificación material de documento público. Fernández García fue detenido el sábado 24 de setiembre pasado y a partir de allí se convirtió en el relator de toda la historia de la maniobra que consistía en la venta de pasaportes uruguayos falsificados a ciudadanos rusos haciéndolos pasar por familiares de uruguayos ya fallecidos.

El escribano cuenta con algunas publicaciones en Instagram y YouTube. En tres enlaces cuenta de qué van las sucesiones y otros temas que hacen al derecho. En tanto, en su red social solo tiene un video donde presenta el estudio. No cuenta con actividad de ningún tipo ni con las clásicas fotos de las redes sociales. Sin embargo, el nombre del estudio llama la atención porque se denominaba estudio Fernández Pou.

Allegados al escribano indicaron que el apellido del imputado es Fernández García, pero que el apellido materno de su padre, dueño del estudio, es Pou.

Las fuentes consultadas vinculadas a la investigación indicaron que hasta ahora no se sabe demasiado acerca de los detalles exactos de la maniobra y sobre todas las personas que pueden estar involucradas además de los cuatro imputados del martes 28 de setiembre pasado. Lo que sí este medio pudo conocer es que la documentación que manejó el escribano Fernández García era verdadera, pero que recibía partidas y documentos falsificados desde el exterior.

Este martes, según supo Caras y Caretas, el escribano declaró otra vez frente a la fiscal Gabriela Fosatti. Las preguntas giraron en torno a detalles de la maniobra: “El escribano declaró todo lo que sabe”, dijo una fuente vinculada que además subrayó que “tiene como objetivo alcanzar un juicio abreviado”. El escribano Fernández se encuentra en buen estado de salud al igual que Alejandro Astesiano, quien, según fuentes consultadas, se encuentra “entero”, física y mentalmente. Las personas que rodean a los dos imputados descartaron que se encuentren deprimidos.

La pena que le podría caer al custodio personal de Lacalle Pou

Alejandro Astesiano, el custodio personal del presidente -a quien el mandatario conocía desde la presidencia de su padre, Luis Lacalle Herrera (1990-1995)- puede alcanzar, eventualmente, unos tres años de cárcel si finalmente se lo acusa por los tres delitos por los que fue imputado: asociación para delinquir, suposición del estado civil y tráfico de influencias.

En el caso de Astesiano, las fuentes judiciales consultadas indicaron que “esto va derecho a un juicio abreviado”, dijo uno de los operadores judiciales consultados por Caras y Caretas. El juicio abreviado no evita la cárcel ni la prisión efectiva cuando se dispone esta medida, pero puede reducir en un tercio la pena y, al mismo tiempo, la Fiscalía obtiene el reconocimiento del delito sin tener que llegar al juicio oral. La opinión del operador judicial se explica porque desde su punto de vista existe un cúmulo de evidencias que vinculan a los imputados con la maniobra delictiva que se llevaba adelante, según el dictamen de la fiscal Gabriela Fossati, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva.

La maniobra consistía en la venta de pasaportes uruguayos falsificados a ciudadanos rusos que se los hacía suponer familiares de uruguayos ya fallecidos. Finalmente, los pasaportes eran vendidos a los rusos por 50.000 dólares.

Como informara Caras y Caretas, la Fiscalía imputó el martes 28 de setiembre a cuatro personas por suposición del estado civil y a tres de ellas por asociación para delinquir. En tanto a uno de los imputados, además del delito de suposición del estado, también se le sumó uso de documento falso en reiteración real.

El delito de suposición está establecido en el artículo 259 del Código Penal e indica que “el que de cualquier manera creare un estado civil falso o engendrare el peligro de su creación, será castigado con 18 meses de prisión a 8 años de penitenciaría”. En cuanto a la asociación para delinquir (artículo 150 del Código Penal) dice que “los que se asociaren para cometer uno o más delitos serán castigados por el simple hecho de la asociación, con 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría y el hecho será castigado con 18 meses de prisión a 8 años de penitenciaría si la asociación tuviera por objeto, entre otros delitos, la recepción de dinero o de efectos provenientes de delito”.

Operadores judiciales consultados por Caras y Caretas indican que si bien la Fiscalía en general no aplica la pena máxima establecida en los delitos, tampoco a la hora de su acusación solicita la mínima. Por tanto, en principio, según los delitos imputados hasta ahora, Alejandro Astesiano, quien cuenta con tres delitos imputados, podría alcanzar una pena de unos tres años de prisión efectiva.

En estos casos -indicaron fuentes consultadas- cuando el imputado incurre en varios delitos no se suman las penas, sino que se aplica pena única con el siguiente concepto: el delito mayor aumentado en razón del número y calidad de los otros delitos.

En tanto, solo el custodio personal del presidente Lacalle Pou está imputado del delito de tráfico de influencias.

“El que invocando influencias reales o simuladas solicita, recibe, por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico o acepta su promesa con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo o para ejecutar un acto contrario, será castigado con tres meses de prisión a 4 años de penitenciaría”. El artículo 158 bis considera, además, agravante especial del delito la circunstancia de que el funcionario público en relación al cual se invocan las influencias sea el presidente, vice, ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia, director y subdirector de la OPP, y de la Dirección Nacional de Identificación Civil, entre otras varias autoridades.

Además, en las próximas horas el Tribunal de Apelaciones deberá expedirse para resolver acerca de la prisión preventiva para el ciudadano ruso Román Karpov y el escribano Álvaro Fernández. La apelación de la prisión preventiva durante 30 días solicitada por la fiscal Fosatti en la audiencia de formalización se fundamentó en que ninguno de los dos imputados se fugaría del país y tampoco podrían obstaculizar la investigación.

La fiscal describió en su dictamen que la banda que operaba en la Torre Ejecutiva adulteraba partidas rusas originales, inscribiéndose como hijos naturales de un ciudadano uruguayo a ciudadanos de nacionalidad rusa, aunque todavía no se pudo verificar si esa actividad se realizaba en Uruguay o en el extranjero. Los datos se obtenían de partidas que el escribano Fernández García procuraba de los registros en Montevideo, Minas y Río Negro. Según el escribano -indicó el dictamen de la fiscal Fosatti-, operaciones similares se realizaron en el Consulado de Uruguay en Rusia, extremo que aún debe verificarse.

Por Georgina Mayo

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