"Caso Morosini": jueza no dispuso del informe de riesgo

Una acordada de la Suprema Corte de Justicia dispone los pasos que deben seguir los jueces uruguayos para cumplir con la ley N°19.580, sobre todo lo referente al decreto de medidas cautelares y a la disposición de la audiencia dentro de las 72 horas a partir de la denuncia, como ordena el artículo 61 de la normativa.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, dijo a Caras y Caretas que “las medidas cautelares salvan vidas y aunque no se puede medir llaman a la reflexión cuando ocurren este tipo de casos”. Pérez Manrique respondió luego del doble filicidio ocurrido el viernes 5 de setiembre. En la mañana de ese día, Andrés Morosini fue encontrado junto a sus hijos en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro.

“Los jueces disponen el no acercamiento —siguió Pérez Manrique—, pero esto debería estar respaldado por tobilleras electrónicas y un régimen de vigilancia adecuado. Cuando hay un primer incumplimiento se deben disponer las primeras medidas para no darle a ese incumplidor la facilidad que tendría una persona respetuosa de las disposiciones. Se deberían disponer controles más intensos, lo que no significa necesariamente encarcelar ni disponer medidas más restrictivas. Lo que sí hay que asegurar es que esas personas no puedan acercarse más a la víctima respecto a la cual se han adoptado las medidas cautelares”.

Las órdenes telefónicas para decretar las medidas de no acercamiento son parte de las primeras que deben cumplir los magistrados. Ante la denuncia telefónica, como ocurrió en el caso de la ciudad de Mercedes, “el tribunal deberá propender a contar con información que se considera resulta esencial para valorar adecuadamente la situación, para lo cual deberá instruir adecuadamente a la autoridad policial. El artículo 61 literal B de la ley ordena celebrar audiencia dentro de las 72 horas, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad. Previo a la celebración de la audiencia, el equipo técnico del juzgado elevará un informe de evaluación de riesgo”.

Críticas a la aplicación de la ley en Mercedes

“Acá en Mercedes nunca se cumple ni la audiencia dentro de las 72 horas y tampoco que el informe de riesgo esté listo antes de la celebración de la audiencia, como establece la ley”, dijo a Caras y Caretas una abogada de esa ciudad que entiende en casos de Familia y que prefirió reservar su identidad.

Coincide con este punto la información que obtuvo Caras y Caretas acerca de que la jueza Beatriz Giordano tampoco tuvo informe de riesgo horas luego de la denuncia presentada “porque en Soriano, antes de la audiencia no te lo hacen”, dijo una fuente judicial cercana a la investigación. Agregó que “sólo existe un psicólogo y no da abasto”, sentenció. El informe de evaluación de riesgo apunta a calificar el grado de peligrosidad del agresor y, en función de su resultado, sobrevendrá la colocación de dispositivo electrónico o tobillera.

La visión de Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia

Cavalli: “Continuamente ordenamos tobilleras”

El ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, dijo a Caras y Caretas que “en ocasiones, cuando el resultado del informe de evaluación es moderado, y los jueces detectan situaciones de riesgo, de igual manera se ordena la colocación de dispositivos”. Caras y Caretas conoció que en el caso de la tragedia de Mercedes, la restricción que la jueza Beatriz Giordano decretó exclusivamente tuvo que ver con la expareja Micaela Ramos, es decir que, hasta el lunes 1 de setiembre, Cavalli dijo que las tobilleras sirven porque “cuando el agresor la rompe hay una comunicación inmediata con la víctima, y se mandan móviles y eso neutraliza o los móviles se van acercando al lugar donde se encuentra la víctima. Por eso se decreta el no acercamiento a menos de 500 metros”.

Al mismo tiempo, el ministro especializado en la materia Familia recordó el caso de Salto, “cuando un individuo sumamente violento mató a dos funcionarios policiales que custodiaban la casa de la víctima. “Cuando una persona está decidida a matar es muy difícil una custodia exitosa”.

Cavalli subrayó que todo esto que hablamos “no es excusa para no investigar lo ocurrido y evitar que vuelva a pasar. Detectar y ver si no hay forma de prever o si esto fue algo inesperado”. En Uruguay existen entre 35 mil y 40 mil expedientes al año que tratan casos de violencia intrafamiliar y en la mayoría de los expedientes “hay prohibiciones de acercamiento”, indicó Cavalli. En diálogo con Caras y Caretas, el ministro del TAF también recordó el caso de una mujer propietaria de un kiosco a quien se le dispuso custodia policial por sufrir violencia doméstica porque en ese caso no se podía poner tobillera, ya que no se encontraba al agresor. Sin embargo, la víctima creía que estaba mal visto tener custodia por la zona en la que trabajaba, insistió ante la jueza para que le sacara la guardia policial hasta que compareció con un abogado para recurrir la decisión de la jueza pidiendo que se sacara la custodia, porque no era necesaria. Finalmente la custodia se sacó y a las horas el hombre la mató. “La jueza me llamó a medianoche porque fue lo peor que le pasó en la vida, por eso es un caso en el que la víctima insiste que no quiere custodia, no se puede obligar”.

Suprema Corte de Justicia pide informe a la jueza de Mercedes

Una fuente de la Suprema Corte de Justicia indicó que en el caso de Morosini “se demuestra que era un individuo al que no había con qué pararlo, era un tipo determinado a matar. En la cárcel, cuando la gente se suicida, se señala que el Estado está ausente, y esto no es correcto. Es que muchísimas veces no se puede parar, porque los presos van al baño y se ahorcan con la propia ropa que visten. ¿Acaso se quiere un policía en cada baño?

En las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la jueza de Mercedes, Beatriz Giordano, informe los pasos dados una vez que conoció la denuncia de Micaela Ramos. Uno de los elementos que deberá tenerse en cuenta son los términos de la denuncia que la magistrada recibió 48 horas antes del secuestro de los niños.