Una serie de revelaciones sobre la estructura del servicio jurídico del Parlamento ha puesto bajo la lupa el dictamen presuntamente favorable al senador colorado Andrés Ojeda, en medio de la controversia por una posible violación de la Constitución. La investigación sobre la procedencia y el proceso de elaboración de dicho informe ha dejado al descubierto una red de vínculos partidarios y presuntas presiones que comprometen la objetividad técnica del documento, según informó el periodista Eduardo Preve.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado.
Foto: Dante Fernandez / FocoUyCaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Informe y vínculos colorados
El informe en cuestión lleva la firma de Rossana Rodríguez Anza, actual jefa interina del servicio jurídico parlamentario, cuya trayectoria ha sido señalada por su estrecha vinculación con el Partido Colorado. Rodríguez Anza, hija del histórico dirigente colorado Roberto Rodríguez Pioli —quien fuera subsecretario de ministerios durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti—, ingresó a la estructura parlamentaria en 1992 bajo el sistema de cuota política y no mediante un concurso de oposición y méritos, lo que puede generar dudas sobre la autonomía de su criterio profesional en este caso.
A la naturaleza del cargo interino de la funcionaria se suman testimonios internos que denotan una irregular celeridad en el proceso. Según informaron fuentes jerárquicas del Parlamento, la propia Rodríguez habría confesado haber recibido múltiples llamadas de Andrés Ojeda con el objetivo de apresurar la salida del informe. Esta presunta injerencia directa del involucrado sobre la responsable de emitir el dictamen jurídico añade una capa de sospecha sobre la legitimidad del procedimiento administrativo.
Dejá tu comentario
Te puede interesar