La primera medida fue asumir el problema como estructural y no como un desajuste temporal. Se diseñó entonces un plan de choque para atacar el rezago con recursos humanos, reorganización de equipos y mejoras progresivas en los flujos de trabajo. A los pocos meses, el resultado fue una reducción del orden del 60 % en el volumen de expedientes heredados, lo que equivale a más de 23.000 trámites resueltos o reencauzados.
El esfuerzo no está exento de dificultades, el BPS recibe entre 8.000 y 9.000 solicitudes nuevas cada mes. Esto obliga a mantener la productividad en niveles altos de forma sostenida. La mayor complejidad se concentra en los expedientes jubilatorios con historias laborales incompletas o discontinuas, donde pesan años de informalidad laboral o aportes irregulares.
Ferrari remarcó que incluso en esa franja más compleja se logró una reducción del 20 % de los casos con más de un año de atraso. El objetivo, subrayó, es continuar ese descenso hasta normalizar la situación y garantizar que jubilarse no sea una carrera de obstáculos.
La acumulación de trámites se explica, en buena parte, por dos factores que la actual gestión decidió enfrentar de forma simultánea, el primero es la falta de personal y el segundo es el deterioro tecnológico.
Con el gobierno anterior el BPS perdió cientos de funcionarios sin lograr una reposición acorde. Solo en 2023 y 2024 se retiraron del banco por las razones que fueran 173 trabajadores, mientras que la regla impuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) habilitaba el ingreso de apenas uno por cada tres vacantes. El resultado fue una carga creciente sobre equipos cada vez más reducidos.
A esto se suma un retraso tecnológico crónico, explicó Ferrari. En áreas estratégicas como la Gerencia de Prestaciones Económicas se utilizan sistemas informáticos que tienen más de 20 años sin una actualización integral. Algunos programas carecen incluso de soporte técnico activo, lo que representa un riesgo operativo y de seguridad de la información.
Frente a este escenario, la gestión actual priorizó reforzar la plantilla en sectores críticos y comenzar un proceso gradual de modernización tecnológica. En el área médica, por ejemplo, se incorporó una docena de profesionales para acelerar las juntas médicas, fundamentales para jubilaciones por incapacidad y pensiones por invalidez. Esto, señaló Ferrari, permitió introducir una mejora notable en tiempos de resolución de casos particularmente sensibles.
Más beneficios
Una de las decisiones más relevantes adoptadas por el BPS en los últimos meses fue devolver al aumento de junio para las jubilaciones más bajas, su carácter de incremento real y no de simple adelanto, como ocurría en los años previos cuando ese monto se descontaba antes del ajuste general de enero.
Este cambio tiene efectos concretos en el bolsillo de miles de jubilados. La jubilación mínima, fijada por ley, es hoy de unos 10.900 pesos. Sin embargo, gracias a las políticas diferenciales aplicadas desde 2007, quienes perciben la mínima cobran en torno a los 20.548 pesos. No es un monto suficiente, admitió Ferrari, pero marca una diferencia en términos de dignidad y calidad de vida.
A esto se suma, hacia fin de año, una prestación extraordinaria, una canasta de 3.151 pesos que beneficia a más de 155.000 personas mayores de 65 años que cobran jubilaciones mínimas o pensiones por vejez, invalidez o viudez. Para muchas familias, ese ingreso adicional significa poder enfrentar las fiestas y el comienzo del año con mayor tranquilidad.
Entre las políticas más valoradas por la ciudadanía se encuentra la Operación Milagro, el programa oftalmológico que funciona en Uruguay desde hace 18 años y que permitió que más de 120.000 personas recuperaran la visión. La iniciativa combina el trabajo de la brigada médica cubana con el apoyo logístico y financiero del Estado uruguayo, incluyendo al BPS.
A lo largo de estos años se realizaron alrededor de 365.000 pesquisas y casi un millón de consultas. Cada intervención quirúrgica implica varias etapas, diagnóstico, estudios previos, cirugía y controles posteriores.
En la administración pasada se impusieron restricciones que limitaron el acceso de personas afiliadas a ASSE, lo que generó un cuello de botella de más de 11.000 casos pendientes. La gestión actual revirtió esa política y hoy pueden inscribirse todos los jubilados y pensionistas que ganen menos de 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones, sin importar si su cobertura es pública o privada.
Además, se recuperó la financiación de los traslados para quienes viven lejos de Montevideo. El BPS cubre ahora los pasajes de quienes no pueden pagar el viaje, y también los vehículos oficiales para el desplazamiento de la brigada médica en sus recorridas por el interior del país.
Nuevas prioridades
Por otro lado uno de los ejes del Diálogo Social nacional es el cuidado, un tema que Ferrari considera central en una sociedad donde aumenta la expectativa de vida.
Vivir más no siempre significa vivir mejor. La pérdida de autonomía, la soledad, las dependencias físicas o cognitivas y la falta de redes de apoyo son problemas crecientes entre las personas mayores. Pero los cuidados incluyen también a personas con discapacidad y a la primera infancia.
El desafío, explicó Ferrari, es articular políticas que reconozcan que el cuidado no es una tarea privada sino una responsabilidad social compartida. El BPS, como organismo rector de la seguridad social, tiene un rol fundamental en esta discusión, tanto en el diseño de prestaciones como en el financiamiento de políticas de cuidado.
Uno de los debates más complejos en este sentido es el de la sostenibilidad financiera. Tradicionalmente, el sistema se financia a través de aportes de trabajadores y empleadores sobre los salarios. Sin embargo, el mundo del trabajo está cambiando, automatización, plataformas digitales, trabajo remoto y nuevas formas de empleo desafían un esquema pensado para una realidad industrial del siglo XX.
Ferrari sostiene que pensar el financiamiento exclusivamente en términos de salario es una limitación conceptual. Si la tecnología reemplaza puestos de trabajo, los ingresos por aportes disminuyen, pero las necesidades del sistema no. Por eso, el Diálogo Social debe incluir una discusión abierta sobre nuevas fuentes de financiamiento.
La redistribución como política pública
El presupuesto del Estado para los próximos años es insuficiente, reconoció Ferrari sin rodeos. No obstante, consideró que hay que marcar orientaciones y priorizar prestaciones más bajas, sostener programas sociales y fortalecer la infraestructura institucional.
La seguridad social es, en su visión, una herramienta de redistribución de riqueza. No es un gasto improductivo, sino una inversión social que vuelve a la economía en forma de consumo, servicios y estabilidad. Cada jubilación que se paga, cada pensión que llega a tiempo, impacta en comercios, servicios y redes familiares.
Por otro lado, hay temas sensibles que atraviesan cualquier discusión sobre recursos, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y las exoneraciones tributarias.
Ferrari es crítico de gravar rentas fijas como jubilaciones sin una carga mayor sobre las ganancias del capital. Sin embargo, advirtió que eliminar el IASS sin una fuente sustituta es inviable. La rebaja aplicada en los últimos años benefició solo a una minoría de jubilados y dejó un vacío financiero que terminó cubriendo Rentas Generales, reduciendo el margen para otras políticas sociales.
En el caso de las exoneraciones, el BPS dejó de recaudar más de 230 millones de dólares anuales. No todas son cuestionables, algunas cumplen funciones sociales claras. Pero Ferrari reclama una evaluación rigurosa de su impacto real. El ejemplo más gráfico es el de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol profesional, grandes empresas privadas exentas de tributos pese a su alta rentabilidad.
Entrevista completa a Ariel Ferrari – Director del Banco de Previsión Social
¿En qué condiciones encontraron el organismo al asumir y cuáles fueron las principales dificultades que debieron enfrentar en el inicio de la gestión?
Estamos cerrando el año aunque llevamos nueve meses desde que asumimos formalmente a fines de marzo, luego de que el Senado otorgara las venias a los cuatro directores políticos.
Antes de asumir, en el marco de la transición, solicitamos informes a la Administración anterior sobre la situación del organismo, la cantidad de trámites, demoras y expedientes en curso. Nos informaron que había alrededor de 20.000 expedientes en trámite, pero cuando asumimos y tomamos contacto directo con la realidad, encontramos que eran 58.000.
Eso nos impuso como primer objetivo tomar todas las medidas posibles para reducir ese rezago en el menor plazo posible. A esto se sumaba un problema adicional como lo es la pérdida de cientos de puestos de trabajo durante el período anterior. Solo en 2023 y 2024 se retiraron por las razones que fueran 173 funcionarios del BPS, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto autorizó el ingreso de apenas uno de cada tres, lo que generó una fuerte reducción de personal.
Por lo tanto, recibimos un organismo con un gran volumen de expedientes acumulados y, al mismo tiempo, con una notoria falta de funcionarios, que aún hoy continúa.
A eso se agrega otro aspecto crítico, hablo de la infraestructura tecnológica. En la Gerencia de Prestaciones Económicas, hace más de 20 años que no se realiza una actualización sustantiva. Seguimos utilizando sistemas informáticos obsoletos, sin soporte ni garantías, lo cual representa un riesgo importante para la gestión.
Esos fueron los tres grandes ejes sobre los que trabajamos al elaborar el presupuesto, reducir el atraso en los trámites, fortalecer los recursos humanos y modernizar la tecnología. El BPS es un organismo con enorme alcance en la sociedad y no se trata solo de mejorar la gestión, sino también de acompañar políticas que aseguren una mayor suficiencia de derechos.
El próximo día 11, en el marco del Mes de los Derechos Humanos, realizaremos una rendición de cuentas a la sociedad. Este año se cumplen 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a la seguridad social, y ese será el eje del informe.
Como adelanto, algunos datos, logramos cerrar antes del año expedientes jubilatorios que llevaban menos de 12 meses en trámite, algo que sucedió en mayo, apenas dos meses después de asumir. Desde entonces, se redujo el volumen total de expedientes en un 60 %, de los 58.000 heredados, hoy quedan aproximadamente 23.000.
Es cierto que ingresan entre 8.000 y 9.000 expedientes mensuales, pero aun así logramos una reducción sostenida. En los casos más complejos —aquellos con más de un año, donde hay informalidad laboral o historias laborales fragmentadas—, el descenso fue del 20 %.
No estamos conformes pero somos optimistas con las medidas de gestión implementadas y el ingreso de una docena de médicos para agilizar juntas médicas en trámites sensibles como jubilaciones por incapacidad o pensiones por invalidez, creemos que vamos a cumplir las metas que nos trazamos.
El BPS desarrolla programas sociales muy específicos además de las prestaciones tradicionales. ¿Cuáles se están priorizando hoy? Por ejemplo, ¿qué balance hace de la Operación Milagro?
El 27 de noviembre se cumplieron 18 años de la Operación Milagro en Uruguay. En sus inicios, más de 2.000 uruguayos viajaban a Cuba para ser operados gratuitamente de cataratas, financiados por el gobierno cubano. Debido al gran volumen de pacientes, se resolvió trasladar el programa al país.
Desde entonces, una brigada de médicos cubanos —que se renueva cada tres años— permitió devolver la visión a 120.000 uruguayos. Además, se realizaron cerca de 365.000 pesquisas y casi un millón de consultas.
Cada paciente tiene múltiples instancias, la pesquisa, los estudios, la operación y entre cuatro y cinco controles posteriores. No todos son operados, pero el impacto es enorme y es un verdadero acto humanitario que Uruguay debe valorar y sostener, más allá de los cambios de gobierno.
El BPS aporta una partida para este programa, que lleva 18 años ininterrumpidos. También es importante señalar que, desde el inicio, se buscó que no fuera una política concentrada en Montevideo.
En la administración anterior se limitó el acceso de quienes tenían cobertura de ASSE, generando un cuello de botella que heredamos con más de 11.000 personas que esperaban ser pesquisadas.
Hoy recuperamos el criterio de equidad, cualquier jubilado o pensionista que gane menos de 10 BPC (unos 65.000 pesos) puede inscribirse, independientemente de su prestador de salud, sea público o privado.
También restablecimos el apoyo al transporte para quienes viven a más de 250 kilómetros de Montevideo y no podían cubrir el costo del pasaje. Hoy el BPS paga el boleto cuando es necesario.
Más allá de estos programas, ¿qué otras transformaciones se impulsaron en estos meses?
Creo que es muy importante, más allá de que los números siguen siendo insuficientes, la decisión que se tomó en junio y que ahora se ve reafirmada, la partida para las jubilaciones más bajas que se otorga cada año vuelve a ser un aumento real y no un adelanto, como ocurría en la administración pasada. En el gobierno anterior, al llegar a fin de año, previo al ajuste de las pasividades del primero de enero, ese monto se descontaba; de esta forma, durante cinco años se impidió que quienes menos cobraban recibieran un incremento real.
En definitiva, esa política diferencial se definió en el año 2007, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Se llamaba “adelanto” por una cuestión de legalidad, pero en los hechos era un aumento en junio que no se descontaba a fin de año.
Lamentablemente, a partir de 2021 y hasta el año pasado, ese mecanismo impidió que las jubilaciones mínimas aumentaran más, porque antes del ajuste general se quitaba ese monto.
Aunque los incrementos sean de 2 % o 3 %, son importantes. Hoy, la ley vigente, la Ley 16.713, establece que la jubilación mínima es de 10.900 pesos a valores actuales. Cuando se aprobó en 1995, el monto era de 450 pesos y fue actualizándose con cada ajuste general, por eso hoy alcanza esa cifra.
Sin embargo, quienes reciben los complementos por políticas diferenciales cobran 20.548 pesos, casi el doble de la jubilación mínima legal.
No es suficiente, nadie lo discute. Pero lo que sí hay que defender es la continuidad de esas políticas. En estas fechas, por ejemplo, quienes recibieron el ajuste, así como las personas mayores de 65 años que cobran pensiones de viudez, invalidez o vejez, están comenzando a cobrar una canasta de fin de año de 3.151 pesos, que permitirá a más de 155.000 personas contar con un ingreso extraordinario en un momento tan particular como las fiestas de fin de año y Reyes.
¿Cómo se prepara el BPS para el Diálogo Social y cómo valora ese proceso?
En primer lugar, la valoración es muy importante porque uno de los principios en materia de seguridad social es el diálogo, un diálogo constructivo y de intercambio, en el que no solo participen los partidos políticos, sino también las organizaciones representativas de la sociedad civil. Eso está muy claro en la conformación del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, desde el BPS participamos activamente en el proceso de diálogo. Contamos con una asesoría general en materia de seguridad social de alta profesionalidad, que realiza proyecciones y análisis técnicos a solicitud de la OPP, que junto al Ministerio de Trabajo es quien conduce este proceso.
Esperamos que ahora, luego de haber escuchado a más de 67 instituciones y organizaciones que solicitaron audiencia, de haber recorrido el país y de haber llevado adelante instancias de diálogo abiertas en más de 26 lugares, este proceso comience a traducirse en acuerdos que recojan los ejes fundamentales de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.
Posteriormente, corresponderá aplicar las leyes y normas que se aprueben, y para eso también debemos prepararnos, porque si bien será a mediados del año próximo cuando estén las leyes acordadas y aprobadas en el Parlamento, ya es claro que uno de los grandes ejes será el de los cuidados. Se trata de un tema central porque la expectativa de vida aumenta, la gente vive más, pero debemos prestar más atención a la calidad de vida, a la soledad y a la pérdida de autonomía. Los cuidados son imprescindibles, no solo para personas mayores, sino también en situaciones de dependencia, discapacidad y en la primera infancia.
Asimismo, el BPS se involucra en otro tema sustancial, se trata de la sostenibilidad financiera. En el diálogo surgen distintos planteos, tanto de actores sociales como de otras organizaciones, que muestran que en un mundo del trabajo que está cambiando profundamente no se puede seguir pensando que el financiamiento dependa únicamente del salario, del aporte del trabajador y del aporte patronal. Los cambios tecnológicos y la sustitución de mano de obra por tecnología obligan a pensar en nuevas fuentes de financiamiento.
En ese contexto, nuestra participación técnica y el análisis riguroso de la sostenibilidad del sistema son fundamentales.
¿El Presupuesto quinquenal permite dar respuesta a todos estos desafíos?
Es insuficiente; creo que no hay nadie que pueda decir que el presupuesto es exitoso. Sin embargo, está orientado hacia algunos sectores y refleja definiciones y cambios en la redistribución, lo que muestra cuáles son las políticas que se pretende llevar adelante desde esta administración. Esperamos que, en los próximos años, si la tendencia continúa y hay crecimiento, en cada Rendición de Cuentas se pueda mejorar la redistribución de la riqueza, que es, en definitiva, lo que todos buscamos, que el crecimiento de la economía se traduzca en una mejora real para la población. Una herramienta muy relevante para lograr esa redistribución son las prestaciones en materia de seguridad social.
¿Y qué lugar ocupa el debate sobre el IASS?
La discusión fue muy escasa y se dio principalmente en la administración anterior. En lo personal, estoy en desacuerdo con que existan impuestos que graven a quienes viven de una renta fija, como el IASS o el IRPF, y que no se grave con mayor firmeza a las ganancias o a la rentabilidad que se genera.
No compartí la rebaja que se promovió como si fuera para todos los jubilados. La inmensa mayoría de los pasivos no paga IASS porque no alcanza el mínimo no imponible. Por lo tanto, la rebaja aplicada en 2023 y 2024 benefició únicamente a uno de cada tres jubilados.
Además, este impuesto es un fondo que tiene como destino específico el financiamiento de jubilaciones y pensiones del Banco de Previsión Social. Si queremos un sistema sostenible y equilibrado, es imprescindible preguntarnos: si se elimina este impuesto, ¿con qué recursos se sustituye? Los recursos siempre son necesarios y hoy no son suficientes para sostener las políticas públicas que se quieren implementar.
Por eso, no debe analizarse el tema como una simple decisión de quitarlo o no, sino desde dónde se obtendrán los recursos para compensarlo si se elimina. Lo que ocurrió en el período anterior fue que dejaron de ingresar millones de dólares que eran recursos genuinos de la seguridad social, y sin embargo no se sustituyeron. Como consecuencia, Rentas Generales tuvo que cubrir ese faltante.
Y ahí surge otra pregunta: ¿de dónde salen esos recursos? Esto se refleja luego en la discusión parlamentaria del presupuesto quinquenal, donde se define cuántos recursos tiene el Estado para políticas tan esenciales como vivienda, educación y el conjunto de políticas sociales, que son, en definitiva, derechos humanos.
En el Diálogo sobre Seguridad Social, uno de los cuatro ejes fundamentales es la sostenibilidad. No se puede pensar que en una sola instancia se puedan resolver de inmediato todos los cambios necesarios. En muchos países desarrollados estos temas se revisan periódicamente, analizando la evolución del sistema, el mercado de trabajo y la sostenibilidad de las prestaciones que se otorgan.
Por eso, considero que este diálogo es fundamental. Además, junto a la discusión sobre los ingresos, hay otros temas relevantes como las exoneraciones de aportes, que implican millones de dólares que dejan de ingresar al BPS.
¿Por qué es importante discutir el tema de las exoneraciones de aportes?
No estoy en contra de las exoneraciones en sí, pero sí de aplicarlas de forma general sin evaluar caso a caso cuál es su razón de ser. No es lo mismo un colegio que se instala en una zona periférica, sin fines de lucro y con trabajo voluntario, colaborando con una función que también es responsabilidad del Estado, que una universidad privada que cobra matrículas elevadas y mensualidades inaccesibles para buena parte de los trabajadores, cuyos impuestos terminan financiando exoneraciones que no se vuelcan a la seguridad social.
En el deporte por ejemplo, existen en el fútbol las sociedades anónimas deportivas que son empresas privadas que, en su inmensa mayoría, han llegado del exterior. Para quienes las manejan, se trata de un gran negocio, y existe una norma que las exonera del pago de todos los impuestos y tributos. Por lo tanto, no es lo mismo un club de Primera División con ese tipo de exoneraciones —que muchas veces no devuelve nada a la sociedad— que un club de barrio o de baby fútbol, donde se saca a los niños de la calle, se les brinda contención y formación, y se cumple una función social.
En estos clubes barriales, los trabajadores deben estar registrados en el BPS, pero la institución no paga aporte patronal porque, de alguna manera, está devolviéndole a la sociedad una tarea que es responsabilidad del Estado y que muchas veces este no puede cumplir. Y eso está bien, es valorable.
Pero es muy distinto el caso de una institución deportiva profesional que no aporta nada a la comunidad y funciona únicamente como un negocio, cuando vende un jugador o genera ingresos, no paga impuestos ni tributos en materia de seguridad social.
Lo mismo ocurre en otras áreas, hoy más de 230 millones de dólares dejan de ingresar al BPS debido a distintos regímenes de exoneraciones.
Creo que todo esto vale la pena analizarlo y debatirlo, aunque no se resuelva de inmediato. No deben ser temas tabú ni debe haber miedo a discutirlos. Es una discusión que comenzó con la reforma tributaria de 2008, pero que necesariamente debe profundizarse.
