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Política Penadés | fiscal | Ghione

Justicia

Caso Penadés: trámite exprés

El artículo 213 del Código de Proceso Penal establece que la fiscalía es una de las partes del proceso que puede solicitar, por distintas razones, prueba anticipada.

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En los supuestos de prueba anticipada que indica el CPP, el numeral cuarto de ese artículo sostiene que el fiscal, el defensor y la víctima o sus familiares en su caso, podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en forma anticipada a la realización del juicio cuando existe declaración de víctimas de delitos sexuales menores de dieciocho años, personas con discapacidad física, mental o sensorial.

Las víctimas denunciantes del caso del senador Gustavo Penadés son menores de 18 años y la fiscal especializada en Delitos sexuales, Violencia doméstica y Violencia basada en género de 6º Turno, Alicia Ghione, se apoyará en ese numeral del CPP para convocar a los menores de edad con el objetivo que relaten lo ya declarado en la Fiscalía, pero ahora ante el juez de garantía que entenderá en el caso del senador del Partido Nacional, denunciado por explotación sexual de menores.

El senador, a quien la jueza Marcela Vargas solicitó formalmente su desafuero a la Cámara de Senadores vía la Suprema Corte de Justicia, fue denunciado por la militante Romina Papasso el 11 de abril pasado ante la fiscal Ghione y un mes y 20 días después la fiscal pidió a la Justicia su desafuero.

Los fiscales de delitos sexuales tienen en sus carpetas a investigar un cúmulo de denuncias que no descienden de 500 casos y la denuncia presentada por la militante del Partido Nacional se tramitó, hasta ahora, ágilmente.

Las ocho víctimas denunciantes de haber recibido pagos por el senador Gustavo Penadés declararán a pedido de la fiscal Ghione en forma anticipada. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a Caras y Caretas que “llama la atención que la fiscal Ghione haya avanzado tan rápidamente en la citación de las víctimas, sus declaraciones, y la declaración del indagado, cuando para este tipo de denuncias transcurren varios meses antes de que se empiece a resolver”.

Cuando comenzó la investigación en Fiscalía tras la denuncia de Papasso y fue designada la fiscal Ghione, trascendió en redes sociales que el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, había saludado para su cumpleaños a la fiscal del caso Penadés y había trascendido que la fiscal pertenecía a ese partido.

Fuentes consultadas indicaron que la rapidez de la investigación -que no terminó pero que avanzó con celeridad- “puede explicarse en que el Partido Nacional es el primero que tiene interés que el caso Penadés termine antes de que comience a profundizarse la campaña electoral”.

Luego de tomar declaraciones a todos los denunciantes y al propio Gustavo Penadés, la fiscal Ghione pidió a la jueza Marcela Vargas que se solicite al Parlamento el desafuero del legislador investigado.

El art. 114 de la Constitución establece que, para acusar criminalmente a un legislador, es necesario que se le acuse ante su respectiva Cámara, que por dos tercios de votos del total de componentes resolverá si hay lugar a la formación de causa, declarándolo suspendido en sus funciones para que quede a disposición del tribunal competente. Hasta ahora se sabe que los votos estarán para que comience la investigación en la justicia penal. Este miércoles, la jueza Vargas dispuso cursar la solicitud de desafuero del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés. En su resolución la magistrada establece que, si bien la solicitud planteada ameritaría convocar a audiencia al senador asistido por su defensa a efectos de transmitirle el planteo formulado por la Fiscalía y con el propósito de escucharlo, se deja de lado la inmediación en atención a las consecuencias mediáticas de tal instancia y considerando que el instituto de los fueros pertenece a la Cámara y no al legislador individualmente considerado”.

Por su lado, la declaración de Penadés ante la fiscal Ghione ocurrió en el tono de la conferencia dada por el senador blanco el 29 de marzo pasado, luego de que la militante Romina Papasso comenzara sus denuncias vía sus cuentas en redes sociales. El senador declaró a VTV que no se arrepiente de nada porque no cometió ningún delito.

Sin embargo, el delito imputado al senador -quien consiguió dos veces el apoyo público del presidente Lacalle Pou- castiga con pena de dos a 12 años de penitenciaría además de la reparación económica que sobreviene tras la eventual condena.

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