Este acuerdo, según su análisis, buscaría obtener beneficios judiciales para los responsables de crímenes de lesa humanidad, lo que representa una amenaza para el respeto por los derechos humanos y la independencia judicial.
Críticas a las declaraciones de Topolansky
Chargoñia describió las palabras de la exvicepresidenta como “temerarias”, argumentando que “arrojan sombras de dudas” que podrían ser aprovechadas por las defensas en casos judiciales. En su opinión, estas declaraciones son “útiles a una causa, a la causa de la defensa de los violadores de derechos humanos”.
El abogado también señaló que la acusación de Topolansky carece de sustento jurídico, afirmando: “Está denunciando una cosa que ni siquiera es delito. Y el problema es que arroja sombras de dudas. Eso opera funcionalmente a favor de las defensas en el foro judicial, como ya hemos visto, porque los colegas del Centro Militar lo van a aprovechar”.
El rol del sistema judicial
En defensa del trabajo del sistema judicial, Chargoñia enfatizó que las declaraciones testimoniales pasan por múltiples instancias antes de ser consideradas pruebas. “Para que la prueba testimonial constituya prueba de cargo, tiene que pasar por todos estos tamices propios del debido proceso”, explicó. Además, criticó el intento de responsabilizar al fiscal Perciballe por una supuesta parcialidad, calificándolo de “bastante patético” y recordó que es el juez quien finalmente determina la veracidad de los testimonios.
Chargoñia también señaló que las pruebas no se limitan a los testimonios, ya que “además de testimonios hay otros medios probatorios”. Este equilibrio en la evaluación de pruebas, afirmó, es una garantía fundamental del debido proceso y del derecho de los imputados a una doble instancia judicial" destacó.
