Parece que la intención de la coalición de gobierno de modificar el INDDHH quedará para una mejor oportunidad. En plena campaña para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, (LUC), la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, planteó la intención del oficialismo de reformar la ley que creo el Instituto Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), por entender que el organismo había intentado “intervenir” en la campaña, al solicitar una “urgente investigación” del Ejecutivo sobre los casos de abuso policial.
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La iniciativa de Argimón fue apoyada por Cabildo Abierto, ya que varios dirigentes consideraban que la institución no debería existir.
Sin embargo, la coalición de gobierno desistió de su intención de reformular este año la ley que creo el instituto.
A pesar de mantener un balance crítico del accionar del organismo, el oficialismo evaluó que no “dan los tiempos” para aprobar un proyecto de ley antes de la elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo, que asumirá en setiembre.
La negociación que se abre ahora es sobre la elección de los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la INDDHH. La ley 18.446, que creó la institución, establece que la Asamblea General creará una comisión especial, con integrantes de todos los partidos políticos, que recibirá la postulación de los candidatos, los entrevistará y elaborará una nómina que se someterá a votación del cuerpo, integrado por diputados y senadores.
Previo a esta etapa, dirigentes del oficialismo transmitieron a senadores del Frente Amplio (FA) que suspenderán la modificación del marco legal de la INDDHH y que su intención es renovar a todos los integrantes del actual directorio, ya que la norma prevé que algunos miembros del Consejo Directivo “sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH”. Varias organizaciones sociales, entre ellas, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Fundación Mario Benedetti, han planteado la necesidad de que los directores Wilder Tayler y Mariana Mota continúen en el cargo por otros cinco años.
El oficialismo, en principio, maneja designar cuatro miembros del Consejo Directivo y que la oposición defina el quinto integrante.
Por su parte desde el Frente Amplio no ven con buenos ojos el planteo de cuatro a uno, porque en realidad cuando se eligieron los integrantes del actual Consejo Directivo, se tuvieron en cuenta condiciones técnicas, su trayectoria y otra serie de elementos para ocupar los cargos. Desde la oposición consideran que los integrantes no son representantes de los partidos políticos, son personas con una vasta experiencia en el tema.
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