La compra de la estancia María Dolores en Florida por el Instituto Nacional de Colonización sigue dando que hablar e incluso tendrá seguramente nauevos capítulos. Sin embargo, el instituto ya tomó una decisión y este viernes reiterará el gasto y mantenará la compra de la estancia anuanciada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
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Colonización mantendrá la compra de la estancia María Dolores en Florida.
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El negocio está valuado en US$ 32,5 millones y fue observado por el Tribunal de Cuentas (TCR), aunque el gobierno cuestiona los fundamentos y asegura que hubo un "sesgo político" en la decisión.
Los cuatro ministros que votaron a favor de la observación fueron designados por blancos y colorados, mientras que los tres que votaron en contra responden al Frente Amplio.
El directorio de Colonización fue citado de forma extraordinaria para las 15.30 con el único objetivo de tratar este tema.
En el organismo hay urgencia por resolver la situación ya que el boleto de reserva de la compra cae el 1° de julio. En los últimos días, Colonización gestionó y recibió todos los certificados necesarios para ejecutar el negocio.
Más allá de las consideraciones políticas sobre la observación, Colonización buscará controvertir los argumentos del TCR a partir de informes jurídicos internos.
Colonización argumentará que tiene disponibilidad presupuestal para hacer la compra, que la Contaduría General de la Nación garantizó los fondos, y que no necesitan mayoría especial para realizar la adquisición.
También informarán que el miércoles 25 la vendedora informó que se canceló la prenda que había sobre parte del sistema de riego por lo que esa observación del TCR debía desestimarse.
Sabini cuestionó al TCR
El senador del MPP (Frente Amplio) Sebastián Sabini cuestionó duramente al Tribunal de Cuentas, al que acusó de actuar con un “móvil político” al observar la compra de un campo de 4.000 hectáreas en Florida realizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) por 32,5 millones de dólares.
“El Tribunal hizo consideraciones que no son de carácter contable, sino político”, afirmó Sabini en declaraciones a la prensa, al tiempo que señaló que el informe del órgano de contralor fue emitido cuando la compra “ya está firme”, lo que a su juicio apunta a “generar dudas” sobre la operación.
El campo fue adquirido por el INC con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la falta de fondos propios del organismo. “El Instituto estaba fundido, por eso se solicitó el crédito”, explicó Sabini, quien defendió que la operación se realizó bajo el amparo del artículo 35 de la Ley de Colonización, y por tanto es “totalmente legal”.
“El presidente del tribunal es (Francisco) Gallinal, un exsenador del Partido Nacional, que en lugar de controlar los gastos, que es lo que tiene que hacer el tribunal, termina con una resolución de carácter político”, sentenció Sabini.
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