"Los abajo firmantes, colorados y batllistas, identificados con los valores republicanos y liberales de Rivera, Suárez, Brum y los cuatro presidentes Batlle, manifestamos nuestra honda preocupación por sucesivos hechos de la vida pública que entendemos significan un retroceso institucional de nuestra República", comienza diciendo el texto emitido en la jornada de ayer 6 de diciembre.
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Analizando la situación del país a partir del caso Astesiano expresan que : "los actos delictivos llevados a cabo por el jefe de custodia presidencial parecen ir ampliándose a situaciones alarmantes de creciente gravedad, debido al daño institucional que ocasionan, por lo que entendemos que su investigación debe llevarse a cabo sin ninguna limitación ni injerencia política de ninguna clase. Los errores cometidos en la contratación del ex jefe de custodia conllevan responsabilidades que no pueden reducirse mediante el argumento de resguardar temas personales. En principio, las conversaciones del Presidente con su jefe de custodios deben referir a cuestiones del trabajo (esa debería ser la regla). Por tanto, la Fiscalía debe conocerlas, analizarlas y calificarlas, y, luego de eso, resolver cuáles de ellas deberán mantenerse en reserva, por ser ajenas a los hechos que se investigan".


No queda fuera de su preocupación la actitud del gobienro y los casos de posible espionaje a legisladores: "La exclusión de responsabilidad presidencial derivada de la investidura tiene el alcance y las limitaciones que establece nuestra Constitución y no puede interpretarse fuera de ellos, sin perjuicio de respetar en toda su extensión la presunción de inocencia. La preocupación por la presunta utilización de herramientas del Estado para violar los derechos de no se sabe cuántos ciudadanos, en tanto resulta violatoria de la Constitución y las leyes, no puede ser desestimada calificándola como “manija”. Y resulta inaceptable que permanezcan en sus puestos los jerarcas policiales que habrían habilitado el acceso a esas herramientas en forma absolutamente ilegal: sin autorización judicial, sin que existiera ninguna investigación oficial y a personas ajenas al ámbito estatal".
Dejando entreleer una crítica a las autoridades del Partido Colorado por el persistente silencio sobre estos hechos, la declaración termina afirmando que : "