“Este proyecto tiene un trasfondo ideológico: es parte de la batalla por la memoria histórica”, dijo el presidente de la Asociación de ExPresas y Presos Políticos Crysol, Gastón Grisoni, en referencia al proyecto de ley para reparar a familiares de víctimas de grupos armados.
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Consideró que la iniciativa, que sitúa el periodo entre 1962 y 1976, lo que busca es “amplificar los hechos de violencia” para de esa forma “mitigar los hechos más graves” ocurridos en los años de la dictadura (1973-1984).
Grisoni fue entrevistado en el programa Lado B de TV Ciudad para hablar sobre los proyectos de prisión domiciliaria para los mayores de 70 años y de reparación a las víctimas de grupos armados. Sobre el primero señaló que “la esencia” de este consiste “en eliminar las penas impuestas por la Justicia” y recordó que quienes han sido procesados por crímenes durante la dictadura lo han sido “con las garantías del proceso”. Reconoció que hubo algunos errores pero que estos, agregó, no cambian la sustancia de los procesos.
Precisó que “las penas deben cumplirse a cabalidad” ya que “son la garantía de que estos delitos no vuelvan a repetirse” lo que constituye “un reclamo de la sociedad”.
A juicio de Crysol quienes fueron condenados por crímenes tales como torturas, homicidio, abusos sexuales, desaparición forzada, secuestro de niños, “no pueden recibir beneficios que contribuyan a mitigar las penas”.
No obstante recordó que el mecanismo de la prisión domiciliaria está previsto y que “algunos represores, de alta gama se puede decir, como (José Nino) Gavazzo, murieron en sus casas”.
“Lo significativo de estos es que se pretende dar una libertad masiva, violando así los estándares internacionales”, sentenció.
Respecto al proyecto de reparación, Grisoni dijo que a Crysol “le parece correcto que el Ejecutivo asista a familiares de personas que fallecieron en esos años”, no obstante recordó que en el caso de policías y militares existen normas que contemplan esos casos.
Este proyecto, agregó, “tiene un trasfondo ideológico: es parte de la batalla por la memoria histórica”.
“De lo que se trata es de amplificar la violencia, responsabilizando a organizaciones de izquierda y sindicales, para de esa forma mitigar los perores casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura”, afirmó.