La decisión de los ediles de la oposición de impulsar un juicio político contra la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse levantó polémica. Las reacciones no se hicieron esperar y desde el Frente Amplio (FA) le apunta a una maniobra distractiva por la compleja situación que atraviesa el gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou.
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La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en Montevideo emitió una declaración a propósito de la decisión de la oposición de promover un juicio político a la Intendenta Carolina Cosse por no presentarse a comparecer ante la Junta Departamental de este viernes, una conducta repetitiva, según los ediles de la oposición.
Los frenteamplistas consideran que “no son de recibo los argumentos esgrimidos por la oposición departamental para impulsar esta iniciativa, ni desde el punto de vista jurídico ni político”. Apuntan que “no existe mérito jurídico para un juicio político porque no existe ni violación de la Constitución ni otros delitos graves”.
Luego, advierten: “Se realiza un uso desmedido, con fines espurios y electorales, de una legítima herramienta constitucional consagrada para el control político-penal por parte de las minorías. Asimismo, es necesario aclarar que al día de hoy no existen pedidos de informe con fecha vencida sin responder”.
En ese sentido, el edil socialista Nicolás Lasa publicó en su cuenta de Twitter algunas cifras para desmentir la “sistemática falta de respuesta a los pedidos de informes” que denuncia la oposición por parte de la intendencia, y afirmó que solo resta responder nueve solicitudes de 234 realizadas este año, todas ellas en plazo.
El comunicado de la bancada también asegura que la IM “ha sido pionera en generar mecanismos de transparencia hacia la ciudadanía toda”. Incluso se destaca que la comuna ocupa el lugar número ocho de 208 organismos públicos evaluados en el último informe del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Los ediles del FA le apuntan que este es “un momento en el que en Uruguay se atraviesan situaciones que amenazan la institucionalidad, la reputación y la transparencia”, y como ejemplos mencionan la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, “la organización criminal que operaba desde el 4° piso de la Torre Ejecutiva”, “el maquillaje de los datos de la seguridad pública y la entrega del Puerto de Montevideo”. En ese marco, advierten que la coalición opositora “utiliza esta instancia para desviar la atención de estas situaciones”.
El que no se guardó nada fue el diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila. El legislador consideró que “todo vale para salvar la imagen dañada del presidente”, y opinó que se trata de una maniobra para “tapar el escándalo del crimen organizado”.
También se pronunció al respecto el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, que escribió: “La amenaza de juicio político a Carolina es, además de una maniobra distractiva burda, un despropósito político. En un contexto tan delicado del país, generado por las desprolijidades en la Torre Ejecutiva, bastardear el juicio político es un nuevo manejo desafortunado de los mecanismos institucionales. Espero se rectifiquen rápidamente. Se les están yendo las cosas de las manos”.