La fiscal Letizia Siqueira ya formalizó a cinco personas —entre ellas tres funcionarios municipales— por asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público. Dos de ellos guardarán prisión preventiva durante 180 días; los otros tres cumplirán arresto domiciliario con tobillera electrónica. Paralelamente, tres condenas más se conocieron este jueves, una con cárcel efectiva y dos con libertad a prueba.
En medio de ese escenario cayó Freire, quien hasta esta semana se desempeñaba como encargado de la Policía Municipal de Cerro Largo. El cargo, que había asumido tras dejar la alcaldía, lo puso en un lugar paradójico: dirigir a la fuerza encargada de atender las denuncias cotidianas del departamento mientras la Justicia lo investigaba por ser parte de una red de corrupción. La separación de su puesto, apenas dos días antes de su detención, parecía anticipar lo que venía.
El demarque del intendente de Cerro Largo, Christian Morel
El intendente Christian Morel, consultado en rueda de prensa, intentó trazar una línea divisoria con el pasado. “Esto pertenece al gobierno anterior, al de José Yurramendi”, dijo, recordando que la lista de Freire respaldó la candidatura de Yurramendi en las últimas elecciones departamentales. “Entre tantas herencias que tuvimos, no solo económicas, lamentablemente heredamos esta problemática”, agregó.
El mensaje fue claro: la actual administración busca despegarse de un escándalo que amenaza con manchar la credibilidad de todo el sistema político local. “Fiscalía en nosotros va a encontrar todo el apoyo. Si la Justicia encuentra alguna irregularidad, voy a ser el primero en actuar. No me va a temblar la mano”, prometió Morel.
La historia de las libretas de Isidoro Noblía no es solo un caso policial. Es también un reflejo de cómo un pequeño municipio del interior profundo puede convertirse en epicentro de un esquema de corrupción con proyección nacional.
