Según la Comisión, los ingresos se concretaron en los doce meses previos a las elecciones, contraviniendo la prohibición establecida en el artículo 229 de la Constitución, que restringe nombramientos y pases a la permanencia en ese período. En sus conclusiones, el informe subraya que la “invalidez de origen” es de tal trascendencia que la revocación es el único camino posible. Con esa base, el Ejecutivo departamental notificó a los trabajadores del cese. El oficialismo insiste en que no se trata de un ajuste arbitrario, sino de una corrección necesaria ante actos administrativos viciados.
Convenio como ley
Para el sindicato de municipales, ADEOMS, la medida es abiertamente ilegal. Su presidente, Juan Carlos Gómez, sostuvo en entrevista con Caras y Caretas que la decisión “viola de manera flagrante la Ley 18.508 de Negociación Colectiva”, que otorga a los convenios colectivos fuerza de ley para las partes.
Un decreto no puede anular un convenio colectivo. Un convenio colectivo está por encima de cualquier resolución administrativa. La Intendencia no puede desconocerlo sin caer en ilegalidad, afirmó Gómez. Un decreto no puede anular un convenio colectivo. Un convenio colectivo está por encima de cualquier resoluciónadministrativa. La Intendencia no puede desconocerlo sin caer en ilegalidad
ADEOMS recuerda que las efectividades fueron parte de un proceso de negociación colectiva y que incluso el Tribunal de Cuentas se expidió sobre los convenios sin observar la irregularidad constitucional que hoy denuncia Albisu. En esa línea, sostienen que la Intendencia intenta reinterpretar las normas para deshacer compromisos asumidos en un ámbito legítimo de negociación.
“No existe crisis”
IMG_20250820_103155
El documento de la Comisión Especial creada por la Intendencia de Salto señala, al contrario del discurso público de las autoridades que la situación económica es "equilibrada".
Más allá del debate legal, ADEOMS rechaza de plano el discurso de crisis económica instalado por el Ejecutivo. “No existe crisis en la Intendencia de Salto”, enfatizó Gómez, y explicó que el gasto en masa salarial —conocido como “rubro cero”— representa entre un 60% y un 61% del presupuesto.
La cifra contrasta con el 85% denunciado por Albisu en la transición. De hecho, el propio informe de la Comisión Especial, creado por el nuevo gobierno, reconoció que las cuentas están equilibradas y que la recaudación permite sostener los gastos.
El sindicato advierte, además, que la administración ya incorporó a decenas de funcionarios por designación directa y cargos de confianza, lo que relativiza el argumento de austeridad. “Mientras cesan a casi 300 compañeros, entraron 90 funcionarios nuevos por designación directa. ¿De qué crisis hablan?”, cuestionó el dirigente.
Impacto en servicios
El conflicto no se agota en la disputa normativa. Para los trabajadores, la consecuencia inmediata será un deterioro en los servicios municipales. La reducción de casi 300 funcionarios impactará en áreas sensibles como la recolección de residuos, el bacheo, el alumbrado y el mantenimiento de espacios públicos.
“Estamos convencidos de que este ajuste de personal es la antesala de una privatización de los servicios municipales. Quieren reducir la plantilla para justificar contratos con empresas privadas”, alertó Gómez.
Desde el gobierno, en cambio, se sostiene que la racionalización de la plantilla busca ordenar las cuentas públicas y evitar que la masa salarial se vuelva insostenible a mediano plazo. Para Albisu, el problema no es solo jurídico sino también de responsabilidad política con la ciudadanía.
Es posible que el desenlace quede en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Los trabajadores tienen la posibilidad de recurrir los ceses y reclamar indemnizaciones millonarias en caso de que la Justicia les dé la razón. Si la Intendencia pierde los juicios, las indemnizaciones saldrán de los fondos municipales, es decir, de los tributos que pagan los salteños.
Adeoms denunciará a la Intendencia
Ayer ADEOMS realizó una asamblea general que reunió a más de 500 afiliados, allí resolvió una batería de medidas para responder al anuncio de cese de 292 trabajadores. El jueves 21 se movilizarán frente a la Junta Departamental para denunciar la violación del convenio colectivo y, el miércoles 27, realizarán un paro general parcial con concentración en el Palacio Córdoba.
Además, el sindicato conformó un equipo jurídico para contestar las vistas previas notificadas a los trabajadores y preparar eventuales recursos ante la Intendencia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyas firmas se recabarán el 23 y 24 de agosto en la sede gremial. A su vez, se decidió llevar el reclamo a la Comisión de Trabajo del Senado y a la Organización Internacional del Trabajo, mientras se mantiene el estado de asamblea permanente.
En su declaración política, el sindicato denunció que el cese de los funcionarios es “ilegítimo, arbitrario y sin sustento jurídico”, motivado únicamente por “revancha política” y un clima de “odio contra la clase trabajadora”. ADEOMS advirtió que el gobierno eligió “el camino de la confrontación”, y advirtió que “si la propuesta es retroceso, habrá lucha”.
