El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que no hay ningún "proceso de mediación" con el astillero Cardama, encargado de construir las dos patrullas oceánicas tipo OPV. Consultado sobre la rescisión del contrato, Díaz prefirió no hacer comentarios. Dijo que se están desarrollando "actos jurídicos" para seguir con la disputa legal.
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Jorge Díaz habló del proceso legal por el caso Cardama.
Foto Dante Fernandez / FocoUyCaras y Caretas Diario
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No hay mediación
"Ahora no hay ningún tipo de proceso de mediación, se están desarrollando actos jurídicos tendientes a cumplir lo que el presidente ordenó", expresó el abogado este lunes en entrevista con el programa de streaming De No Olvidar.
"Todo sigue hacia el cumplimiento, hacia las disposiciones que el presidente ordenó, vamos camino a resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país", adelantó Díaz.
En cuanto a la mediación, explicó que el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández se presentó como abogado en nombre de la empresa española para intentar llegar a un acuerdo, pero que eso no prosperó. "Hubo una propuesta que no permitió avanzar sin perjuicio de lo cual seguimos estando abiertos, pero activos", sostuvo.
Díaz agregó que siguen trabajando en lo legal y que no dirá las estrategias jurídicas a través de la prensa.
El caso Cardama y la garantía trucha
El presidente Yamandú Orsi anunció en un conferencia de prensa realizada en octubre que había decidido iniciar el proceso para rescindir el contrato con la empresa española encargada de construir dos OPV para la Armada Nacional. “Hemos decidido iniciar denuncia penal porque tenemos indicios de que hay una estafa o fraude al Estado uruguayo”, afirmó el mandatario.
Díaz explicó en ese entonces que la compañía presentó como garantía a una empresa llamada EuroCommerce, que no contaba con los avales requeridos y se encontraba en proceso de liquidación. “Hay indicios fuertes de que es una empresa de papel y que estaríamos frente a un fraude al Estado uruguayo”, apuntó el prosecretario.
En noviembre, Presidencia amplió la denuncia luego de que se descubriera una presunta falsificación de la firma de un escribano español en los documentos adjuntos presentados por la empresa para emitir la garantía de EuroCommerce.
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