Drogas, cárcel y lavado: tres aspectos del mismo combo

Lo primero a reconocer es que el narcotráfico no es solo un problema delictivo sino un asunto político de primer nivel. Porque si los narcos financian a políticos, corrompen a policías, militares, jueces, fiscales, periodistas, luego vendrán a cobrar las regalías.

Porque, además, si no se persigue el lavado de dinero producto de las actividades criminales, todo lo que se haga será ocioso. Porque, aunque parezca obvio, el crimen organizado solo está interesado en los resultados económicos.

En la última semana varias personas fueron remitidas a prisión por ingresar grandes cantidades de droga al país. Todos ellos eran “empresarios” en Uruguay y Argentina.

Gonzalo Fierro, el uruguayo que cayó con 400 kilos de cocaína cerca de Fray Bentos, es propietario de un apartamento que vale alrededor de 750.000 dólares y una lancha de 25.000 dólares. Curiosamente, y si bien se define como empresario del sector apicultor, no registra inscripción ni en DGI ni en BPS.

Entonces, ¿cómo justificó el dinero para tales adquisiciones?, ¿el escribano actuante hizo un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante el BCU?, ¿pagó en efectivo o con cheques?, ¿el banco interviniente no sospechó nada?, o, en su defecto, ¿quién fue el testaferro?

Uno de los argentinos detenidos en Paysandú con 33 kilos de cocaína, vive en Córdoba y es presidente de una empresa ganadera.

Antes, en el 2019, descubrieron en Hamburgo el mayor cargamento de drogas enviado desde Uruguay hasta entonces: 4.500 kilos de cocaína. El responsable del envío era Martín Mutio Ballester Molina, de 36 años, hijo de uno de los propietarios de la bodega Santa Rosa (Passadore, Carrau & Mutio) y de una de las propietarias de la fábrica de autos, camiones y armas argentina Ballester Molina.

A fines de ese año cayó en Soriano Luis Gastón Murialdo Garrone, empresario sojero, colono y propietario de la empresa Camelia Sociedad Agraria, la única firma que logró exportar soja a Togo. El mismo destino que tenían dos contenedores con 4.500 kilos de cocaína que guardaba en su campo.

En la misma propiedad, ubicada en Soriano sobre ruta 21, la policía encontró otros 1.500 kilos de la misma droga, lo que en total constituyó la mayor incautación de sustancia en poder de una sola persona.

En mayo del 2022 la fiscalía de Ciudad de la Costa logró desmantelar una organización que enviaba “mulas” con cocaína a España y lavaba el dinero en “un importante mercado gastronómico” ubicado en Pocitos, según expresa el dictamen fiscal. Doce personas fueron condenadas por diferentes figuras de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Entre los condenados están el hijo del propietario de una empresa envasadora de legumbres y semillas; el hijo de uno de los propietarios de un free shop; el dueño de una empresa de informática y un funcionario de jerarquía media en el Banco República.

El pasado 11 de julio, y en el marco de la operación Los Titanes, la policía detuvo a Jorge Pérez Bentancor, empresario dedicado a la importación de madera, principalmente desde Paraguay, pero también a importar y vender maquinaria agrícola. Residía con su familia en el barrio privado La Tahona. En su poder se encontraron 265 kilos de cocaína.

La operativa de los grandes cárteles de la droga tiene un patrón común en casi todos los países. Tratan de ubicar a empresarios con dificultades económicas que acepten participar del negocio como forma de salvarse.

Tal es el caso de Mutio, un joven ambicioso que pretendía mantener un estilo de vida, pero al que le había ido mal en varios negocios. Tanto que terminó formalizado dos veces por emitir cheques sin fondo. La droga no era suya, no tenía el dinero para adquirirla en origen, simplemente se trataba de un pasamanos.

Murialdo estaba peor. Era un productor fundido que acababa de perder una cosecha de soja por unos dos millones de dólares a causa de la sequía. Tenía casi todas sus propiedades embargadas y estaba calificado por el Banco Central como “deudor irrecuperable” por deberle 31.400 dólares al Scotiabank y 3.300 dólares a Creditel, de acuerdo a información obtenida por El Observador.

Todavía no está clara la situación de Pérez Bentancor, el narco de La Tahona, presentado por la policía como “un importante empresario”. Su caso parece ser el de alguien con antecedentes que pertenece al mundo del narcotráfico. Sobre todo si se prueban sus vínculos con Sebastián Marset.

Precisamente Marset creció en su vil negocio gracias a los vínculos con importantes políticos paraguayos, entre ellos dos expresidentes (Cartes y Abdo) y un diputado (Erico Galeano). Logró huir de Bolivia porque corrompió a jerarcas policiales. Y la fiscalía uruguaya investiga cómo pudo obtener un pasaporte en el año 2021 mientras estaba preso en Dubái, que le significó obtener la libertad y posterior fuga.

Cárceles inmundas llenas de pobres

Desde hace más de 30 años los legisladores han considerado que aumentar las penas era una forma de resolver los cada vez más serios problemas de inseguridad.

Resulta absurdo que la legislación uruguaya condene casi con la misma cantidad de años a quien ingresa centenares de kilos de cocaína al país y a quien ingresó 40 gramos de marihuana a la cárcel.

Hoy tenemos 15.000 presos, la tasa más alta de prisionización de toda Sudamérica y el Caribe y entre los 10 primeros del mundo. Cada 200 uruguayos uno está preso.

Hay más personas en prisión que residentes en La Comercial o en Punta Gorda. O como todos los habitantes de Piriápolis y Pan de Azúcar sumados.

El comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit, lo definió como un “subestado”.

Pero el problema es mucho más grave porque, según explicó Jaime Saavedra –exdirector de la cárcel modelo de Punta de Rieles–, “9.000 presos fueron liberados en el año 2022, de ellos 6300 volverán a delinquir en un plazo de tres años. Esta situación implica que, si los delitos cometidos por estas personas se distribuyeran uniformemente entre los 1095 días contenidos en esos tres años, tendríamos 6 delitos por día, un delito cada 4 horas”.

Esas cifras se reiteran, o crecen, año a año. Pero pocos prestan atención.

Los reincidentes son personas que casi no tienen una oportunidad cuando logran la libertad. Al respecto Saavedra dice: “Si uno estudia las últimas tres leyes de presupuesto y las rendiciones de cuentas comprendidas en los últimos 14 años (2010/2023) advertirá (¿con dolor, resignación, estupor o todo junto?) que las normas referidas al fortalecimiento de las políticas postpenitenciarias como componente clave en el conjunto de medidas que deben articularse para prevenir el delito, son casi inexistentes”.

Es decir que no solo la sociedad no da oportunidades, tampoco las generan los gobiernos.

La mayoría absoluta (90 %) de quienes van a la cárcel es gente muy pobre y joven, casi sin educación, lumpenizada afuera y relumpenizada adentro, incapaz de comunicarse con otra persona que no sea un preso, porque manejan otro lenguaje. Ni hablemos de valores o costumbres.

Hace unos años entrevistamos a un preso en Punta de Rieles. Era el responsable del taller de carpintería, llevaba varios años detenido y le quedaban unos cuantos. Era una persona con cierto nivel de educación.

Lo primero en que pensamos es que en una carpintería hay muchas herramientas que también pueden ser armas mortales. El hombre sonrió y dijo: “Cuando vine acá pensaba lo mismo. Pero afuera no se conoce cómo es la dura realidad. Cuando un pibe llega a esta cárcel le tenemos que enseñar cosas que para vos o tus hijos son habituales, las aprendieron en casa. Hay que enseñarles a saludar, a colgar su ropa antes de dormir, a bañarse, a lavarse los dientes, a usar los cubiertos. Te sonará raro, pero eso que vos aprendiste en tu casa, ellos no pudieron, porque generalmente carecen de padre o está preso, nacieron en ranchos miserables, sin agua –menos agua caliente para un baño–, sin baño, sin luz. ¿Me entendés?”.

“Pasa –agregó– que cuando entran a este taller les explicamos todo lo que pueden hacer con sus manos y una herramienta. Y cuando el tipo descubre que puede fabricar un juguete para su hijo, o un banquito para su madre, les hace un clic en la cabeza. Y solo ven herramientas, no armas potenciales”.

“El problema que tenemos es que no hay dónde vender lo que se produce acá, necesitaríamos que la sociedad ayude”, sentenció.

Esa cárcel, que tenía varios talleres, panadería y hasta pequeños comercios a cargo de los presos, era dirigida por Saavedra. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hizo todo lo posible para que renunciara, hasta que lo logró.

Hoy queda poco de lo que se había logrado y Punta de Rieles. Si bien está lejos aún del nivel de las otras cárceles, ya no es lo que fue y pudo ser.

Por su parte, Petit casi se ha agotado de advertir la terrible situación que se vive en la mayoría de los establecimientos carcelarios, donde las condiciones son infrahumanas.

En los últimos años se vieron cosas horrendas. Una importante cantidad de suicidios, un preso que se comió a otro, hasta los cinco que murieron quemados por otros presos en las últimas semanas.

Y muchas de sus familias viven el horror afuera, amenazadas, extorsionadas, sin poder ver a hijos o padres.

¿Cómo se puede recuperar a alguien que sufre tal situación?

Un juez penal con muchos años de experiencia nos dijo una vez: “La sociedad nunca va a protestar por esto. Porque en realidad a la mayoría no les interesa la justicia, solo la ven como una forma de venganza”.

En esas cárceles crecen los grupos delictivos, sobre todo los vinculados al comercio de drogas, lo que sería la única forma de sobrevivir afuera. Sobre todo en zonas donde el Estado es casi inexistente.

Los que se asombran ahora por lo que pasa en Ecuador deberían mirar con mayor atención lo que ocurre aquí porque, a pesar de lo que crean, no estamos tan lejos.

Un blanqueador para el mejor lavado

Esta misma semana, Ricardo Gil Iribarne, exmiembro de la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) y expresidente de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), dijo al programa En Perspectiva que “una de las características de los últimos cuatro años en Uruguay es que hay poquísimos casos judiciales de lavado (seis en total) y todo chiquitaje, es decir, parecería que no hay lavado grande, y yo creo que sí lo hay”.

Y puso un ejemplo: “Hay dos casos de lavado provenientes de fondos del narcotráfico en los últimos años y son chicos, Pero ¿nadie lava plata del contrabando, cuando en cuatro años decomisaste 72 millones de dólares de mercadería? ¿A dónde va la plata de lo que no agarraste? Se lavó y no agarraste a nadie”.

En este país hay una actitud equivocada con el lavado de dinero porque “si total se lava en todo el mundo ¿por qué perseguirlo acá?”.

Punta del Este es un buen ejemplo. Inversiones por centenares de millones de dólares en propiedades que se ocupan no más de 15 días al año.

El propio intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que “no era su responsabilidad perseguir el lavado de dinero, eso le corresponde al gobierno central. Mi responsabilidad es generar fuentes de trabajo”.

Ocurre que, en este lugar, desde hace unos 35 años cayeron miembros de los Cárteles de Cali, Medellín, Juárez, Cuinis; cayó Rocco Morabito, cayó Marcelo Balcedo. Y cayeron las empresas de Wilson Sanabria, uno de los más importantes senadores del Partido Colorado. Todos “lavando” dinero.

Nada nuevo bajo nuestro sol

Una expresión muy uruguaya sostiene que “aquí no pasan esas cosas”, cuando alguien refiere hechos criminales que ocurren en otro país.

Sin embargo, la realidad, vista a través del tiempo, revela que aquí pasa lo mismo que en todos lados. Y no verlo sólo concurre a favor del crimen organizado.

En una nota publicada por el semanario La Mañana en diciembre del 2019 se preguntaba: “¿Por qué Uruguay? Sencillamente porque en los últimos cincuenta años se desarrollaron en nuestro país redes de negocios financieros que –adaptándose a las necesidades de los tiempos y los sucesivos cambios regulatorios– se fueron ingeniando para asistir a ‘clientes’ que requerían cobertura y protección para el dinero originado en actividades turbias, y por lo visto, algunas claramente ilícitas”.

Estudios jurídicos propiedad de profesionales estrechamente vinculados al poder han servido para crear sociedades fantasmas que permiten la operativa y el lavado del dinero sucio.

Las instituciones financieras no siempre han cumplido con los controles a los que están obligados. Y aún así existen instrumentos y empresas del rubro que escapan a cualquier observación.

Los cárteles pagan mucho dinero por permitir el aterrizaje en campos del interior. La Fuerza Aérea ha reconocido que en Uruguay hay unas 300 pistas de aterrizaje clandestinas.

Tenemos normas, pero no la voluntad de cumplir con ellas. Contamos con organismos más preocupados por la burocracia que por su eficiencia. Los partidos políticos no quieren que nadie se entrometa en su financiación. Por eso, este año asistiremos a obscenas campañas electorales que no se explica quién paga.

Seguiremos viendo a diario duras condenas por estar en posesión de unos gramos de cocaína para vender, pero casi no tenemos condenas por lavado de dinero. Y peor, nadie sabe por dónde ingresan los miles de kilos de droga que se venden o salen por el puerto de Montevideo hacia el mundo.

La hipocresía también es algo muy uruguayo.