¿Cuánta energía de las grandes ocasiones circula el resto del año? El Congreso agrega la responsabilidad de resolver. El viernes, el homenaje a Pepe Mujica reunió música, imágenes y la intervención del presidente Fernando Pereira. Los afectos sostienen pertenencias en las derrotas y remiendan desencuentros. Entre el homenaje y la resolución, sin embargo, hay una traducción pendiente: qué exige hoy la historia celebrada y qué debemos cambiar para continuarla. La emoción puede alimentar la deliberación; no hacer su trabajo.
La convocatoria exigió un enorme y exitoso esfuerzo organizativo: alojamiento, transportes, comidas, atención sanitaria y acreditaciones para una concurrencia que desbordó las previsiones. La democracia requiere un lugar donde dormir y un medio para llegar. Resolver esas condiciones redujo desigualdades. La inteligencia colectiva necesita argumentos, pero también que el ómnibus llegue. Ese logro es político.
El tamaño del recinto, sin embargo, no mide por sí solo la extensión de la fuerza. Los reglamentos de 2016 y 2018 ya fijaban un delegado cada tres asambleístas, proporción conservada en 2026, con requisitos, mínimos y topes según cada reglamento. Esa fórmula no equivale al cociente entre participantes y congresales. La revista Caras & Caretas registró en marzo de 2019 unas diez mil personas en la preparación del Congreso de 2018 y mil setecientos delegados de los comités: aproximadamente seis por delegado. Para el actual, “La Diaria” registra casi dos mil congresales que consideraron mociones; Pereira, unos tres mil entre titulares y suplentes. Doce mil participantes previos frente a casi dos mil congresales arrojan un orden similar. Sumar suplentes reduce el cociente, pero no agrega otros tantos mandatos. Estas aproximaciones no prueban una caída de la representación. La fotografía multitudinaria no revela cuántas sillas quedan vacías el resto del año.
Había que convertir miles de aportes en alternativas votables. Los criterios fijaban una hora para la discusión general en plenaria, con doce intervenciones de cinco minutos; para las mociones individuales, un argumento a favor y otro en contra. Las propuestas llegaban clasificadas y los apoyos en comisión determinaban su recorrido. El reloj también hace política, sin figurar entre los delegados. Quien conoce mociones y procedimientos dispone de ventajas sobre quien debe descifrarlos mientras vota. Hubo mejoras tecnológicas en acreditación y movilidad; el éxito organizativo no exime de examinar cómo se repartieron las oportunidades de comprender y decidir.
La militancia y el derecho a conducir
Considero el documento convocante el más exiguo y pobre de la historia congresal del FA: un juicio político desde mi experiencia, no una equivalencia entre páginas e ideas. Había orientaciones valiosas sobre empresas públicas, redistribución, cuidados y derechos laborales, pero débil elaboración estratégica y demasiada distancia entre diagnóstico y mandato. Faltaba precisar quién debía hacer qué, con cuáles recursos y ante quién responder. Promover, fortalecer, articular, acompañar: verbos necesarios que, cuando sustituyen a resolver y obligar, amueblan el refugio de la postergación. Demasiadas decisiones quedaron fuera del texto.
El problema era de conducción. El FA debe orientar políticamente a su gobierno, controlar el programa y exigir rectificaciones cuando se aparte de él. Gobernar requiere márgenes de actuación, no independencia político-programática frente a la fuerza que elaboró el mandato. A su vez, la dirección debe responder ante sus organismos y bases: reclamar autoridad frente al Ejecutivo no legitima concentrarla hacia adentro. El recorrido democrático ha de llegar desde la deliberación hasta la ejecución y volver mediante rendición de cuentas. Sin ese regreso, unos deciden y otros reciben la encomienda de aplaudir con argumentos.
El documento alojaba el desánimo entre carencias anímicas, descoordinaciones y dificultades comunicacionales, mientras el balance gubernamental acumulaba satisfacciones. El desaliento puede contener un juicio político: el programa se demora, los principios se contradicen o participar carece de consecuencias. Quien entrega sus noches a discutir y luego defiende medidas en cuya elaboración no intervino tiene derecho a preguntar para qué milita. Ninguna campaña publicitaria devuelve el poder que la práctica sustrae.
Conviene reconocer el trabajo de Pereira y el valor de “El FA te escucha”, sin confundir recepción de demandas con distribución de autoridad. Escuchar requiere elaboración, decisión, respuesta y seguimiento. De interrumpirse ese recorrido, se puede escuchar durante kilómetros y decidir en una habitación. Los comités necesitan información, recursos, atribuciones y respuestas a sus propuestas. Contar locales no alcanza: una puerta con cartel y llave no equivale a un organismo político. Importa quiénes se reúnen, con qué continuidad y qué decisiones consiguen modificar. La fraternidad sostiene las razones para actuar; difícilmente las reemplace.
Crecimiento, inversión, redistribución y protección ambiental compartían el horizonte del documento; hacerlos convivir exige resolver conflictos. Una inversión puede crear empleo y comprometer el agua; una ventaja tributaria, atraer capital y restar recursos a otras necesidades. También los límites presupuestales dependen de qué ingresos se recaudan, qué patrimonios se gravan y qué privilegios se conservan. Para quien espera vivienda o cuidados, la demora tiene consecuencias materiales; para quien retiene una exoneración, también. La prudencia no pesa lo mismo sobre todos los hombros.
Invocar la correlación de fuerzas permite comprender obstáculos; tratarla como una magnitud fija termina convirtiéndolos en instrucciones. Negociar depende también de los apoyos organizados y la fuerza pública de las demandas. De allí los puentes con sindicatos, cooperativas, feminismos y organizaciones territoriales y civiles. Deben construirse sobre independencia recíproca: autonomía de los movimientos frente al gobierno y al FA, capacidad propia de elaboración y decisión de la fuerza política frente a ellos. Acordar sin obediencia, discrepar sin ruptura. La movilización se marchita cuando solo se la convoca a respaldar lo que otros resolvieron.
Denunciar el imperialismo y describir las fracturas del mundo apenas abre la ventana: falta decidir qué hacer con lo que se ve. Una denuncia de genocidio exige consecuencias diplomáticas y criterios para los vínculos políticos, comerciales y de cooperación. La integración regional necesita capacidades productivas y márgenes compartidos de decisión. Diversificar compradores puede mejorar una negociación dejando intacta la dependencia; cambiar de acreedor no siempre conquista libertad. El examen alcanza a todos los socios, sin indulgencias geopolíticas. La soberanía requiere algo más que un mapa con variados destinos.
Otras dependencias entran sin ceremonia diplomática, mediante contratos de software, almacenamiento de datos o servicios digitales difíciles de sustituir. Cuando el Estado pierde la capacidad de comprender, modificar o reemplazar un sistema del que depende, compromete su autonomía. El problema excede las redes y las noticias falsas: abarca las condiciones materiales de producción de información, organización del trabajo y prestación de servicios públicos. Pensar las próximas décadas exige incorporar esas decisiones. El largo plazo se firma también en los contratos presentes.
Del recinto al despacho
¿Qué produjo el Congreso sobre aquel documento insuficiente? La resolución general reafirma principios, reivindica la gestión y ratifica una conducción. Las mociones aprobadas introducen correcciones menos visibles. “La Diaria” recoge reconocimientos de incumplimientos, orientaciones tributarias y críticas a prácticas electorales internas. En su entrevista posterior, Pereira contabilizó al menos ciento cincuenta modificaciones al documento base. Las bases no se limitaron a ocupar las sillas: movieron las palabras con que el FA juzga a su gobierno y se juzga a sí mismo. Falta saber cuánto moverán esas palabras las decisiones.
La resolución destaca la reducción de la pobreza y la vincula con empleo, ingresos y políticas sociales. En el reportaje de Alberto Grille para Caras & Caretas, previo al Congreso, Pereira desarrolla esa defensa con educación, vivienda y apoyo a hogares con niños. Un ingreso, una comida o un empleo cambian vidas. Reconocerlo no clausura el examen del programa ni de las estructuras que reproducen desigualdad. Una conquista puede ser celebración y comienzo de una exigencia mayor. La gratitud no debería convertirse en obligación de silencio.
La resolución afirma que el Gobierno “viene cumpliendo con los compromisos asumidos durante la campaña electoral”. Pero una moción aprobada, reproducida por “La Diaria”, reconoce que el Diálogo Social quedó debilitado por el incumplimiento del acuerdo para crear un organismo público centralizado de gestión del pilar de ahorro individual, previsto también en el programa. Señala una evaluación equivocada del contexto, expectativas insatisfechas y deterioro del vínculo con el bloque social de los cambios. El Congreso reconoció además compromisos pendientes en educación. Corresponde explicar quién decidió esos apartamientos y cómo se repararán. Reconocer la deuda es un avance; falta acordar quién la paga y en qué plazo.
Pereira admitió después el incumplimiento referido al ahorro individual, aunque defendió la buena fe negociadora y las mejoras de la norma. Nada de ello cancela la obligación de responder. El desaliento tiene aquí un recorrido reconocible: se participa, se acuerda, el gobierno descarta el compromiso y quienes sostuvieron el proceso deben explicarlo. Hay compañeros que comprenden una decisión y precisamente por eso la cuestionan. Exigirles entusiasmo convierte una diferencia política en insuficiencia afectiva. La comunicación no fabrica coherencia donde la gestión contradice el programa. Una fuerza se empobrece cuando sus integrantes aprenden que callar resulta más prudente que intervenir.
En materia tributaria, el Congreso valoró la propuesta del PIT-CNT de aumentar la contribución del 1 % más rico y compartió su orientación contra la desigualdad y la pobreza infantil. La moción recogida por “La Diaria” propone acuerdos orgánicos durante 2027 e iniciativas para el gobierno actual. Hay un avance, aunque todavía no un tributo con diseño y fecha. El 1 % identifica al sector más rico, no una tasa uniforme. Al día siguiente, Pereira situó el debate en una propuesta tributaria para la próxima campaña y recordó que “la vida no termina en 2029”. Cierto; tampoco la infancia espera a que concluyan las deliberaciones sobre sus recursos. La frase no prueba una postergación decidida, pero obliga a preguntar qué se hará durante este mandato. El estudio necesita un momento de resolución. Para los patrimonios que conservan sus ventajas, una deliberación interminable constituye una política fiscal.
La fórmula de armonía, respeto, autonomía relativa y coordinación de la resolución reúne relaciones diferentes. La independencia corresponde al vínculo recíproco entre el FA y las organizaciones sociales y civiles, y a la autonomía de estas frente al gobierno. No cabe trasladarla al vínculo político-programático de un gobierno frenteamplista con su fuerza. El gobierno debe seguir las directivas democráticamente resueltas por el FA, rendir cuentas y explicar demoras, concesiones y apartamientos. Informar no basta: hacen falta plazos, evaluación y capacidad de exigir correcciones. La armonía necesita reglas para tramitar el desacuerdo; si depende de que la militancia renuncie a conducir, será apenas el nombre amable de su subordinación.
El Congreso también criticó las colectoras de votos: multiplicar hojas puede debilitar la vida orgánica, diluir la identidad colectiva y volver opacas las opciones electorales. Una comisión deberá proponer cómo reducir esa dispersión, fijar requisitos y priorizar el proyecto común frente a la acumulación sectorial o personal. Si los comités solo transportan inquietudes hacia arriba y explicaciones hacia abajo, serán cañerías de una casa cuyo propietario vive en otro piso. Una fuerza nacida para disputar el poder no debería reproducir en su interior la distancia entre quienes resuelven y quienes esperan.
Resolución y discursos condenan el genocidio en Palestina y expresan solidaridad con Cuba frente al bloqueo; Pereira defiende la actuación gubernamental invocando presiones externas y distintas responsabilidades. El informe de una participante consigna que no prosperó una moción que pedía la renuncia del canciller Mario Lubetkin. No comparto ese pedido. Sí considero necesario abandonar la vergonzosa orientación de política exterior que motiva la crítica: sustituir un nombre puede permitir que una política sobreviva descargando sus responsabilidades en una sola persona. El reclamo alcanza al gobierno y al FA, que debe conducirlo. La identidad partidaria no puede denunciar desde la tribuna lo que la gestión aprende a eludir desde el despacho.
Memoria, verdad y justicia tampoco se disuelven en el respaldo. En la Comisión III, las mociones de los comités Alfredo Zitarrosa, Vanguardia, Ayuí y Martín Fierro reclaman investigación sin dilaciones, apertura de archivos policiales y militares, búsqueda de detenidos desaparecidos y revisión de reparaciones. La moción de Ayuí figura como acuerdo; las otras, para tratamiento individual. Esa clasificación previa no prueba aprobación final: documenta una demanda y permite preguntar qué respuesta recibió. Aquí el tiempo tiene una crueldad irreparable: mueren familiares, testigos y responsables mientras las obligaciones estatales permanecen. La memoria necesita algo más que un lugar en el calendario: archivos abiertos, investigaciones sostenidas y responsabilidades identificables.
La nueva Comisión Nacional de Jóvenes Frenteamplistas necesitará recursos y atribuciones para que rejuvenecer la fotografía no sustituya a redistribuir poder. Algunos delegados destacan criterios antirracistas y antipatriarcales. Un borrador que me hicieron llegar militantes feministas señala, a la vez, que la paridad en todos los órdenes no reunió apoyos suficientes y la mayoría de las propuestas de género no prosperó. Según sus autoras, la propuesta de paridad integral incorporada al documento de iniciativas de género no llegó a leerse en plenaria ni se convirtió en resolución. Comprendía listas, direcciones, organismos estatales y espacios de decisión del FA. ¿Por qué resulta posible acordar una orientación redistributiva de la riqueza y tan difícil compartir el poder dentro de la organización? La definición antipatriarcal merece reconocimiento; no salda la ausencia de reglas que distribuyan autoridad. Allí hay una objeción democrática, no un mero malestar de compañeras. La igualdad no puede quedarse en el umbral de la sala donde se decide.
La reelección de Pereira por aclamación expresa amplio respaldo y tiene antecedentes que deben distinguirse. Tabaré Vázquez fue proclamado por aclamación y unanimidad en diciembre de 1996 y ratificado por el Congreso en noviembre de 1998. En 2001 recibió 1.691 votos favorables, cuatro abstenciones y uno contrario; Brovetto, candidato único en 2008, obtuvo 1.001 entre 1.196 congresales presentes. Elección congresal, candidatura única y aclamación no son equivalentes. Después hubo tres elecciones directas competitivas: Xavier ganó en 2012 frente a Agazzi, Rubio y Castillo; Miranda, en 2016 frente a Bayardi, Conde y Sánchez; Pereira, en 2021 frente a Civila y Passada. Se retoma una modalidad anterior, cuya tradición reivindicó Verónica Piñeiro en el cierre. No desaparecen las internas: según “La Diaria”, en septiembre de 2027 se renovarán el Plenario Nacional y las autoridades departamentales. Pero respaldo congresal y elección directa presidencial abren oportunidades distintas de participación. Pereira anunció su último período. Importará quién lo suceda y, también, cuántos podrán decidir esa sucesión.
El Congreso volcó una extraordinaria reserva de trabajo, afecto e inteligencia sobre un punto de partida extraordinariamente exiguo. Honrarla exige que sus decisiones gobiernen, que el desánimo encuentre interlocutores y que las sillas vacías vuelvan a ser una preocupación política. La preparación de 2029 empieza en las transformaciones que permitan pedir el voto y en las razones para seguir militando mañana. El calendario del Palacio Peñarol terminó; siguen corriendo los de la infancia, las familias que buscan y quienes aguardan que la igualdad atraviese su puerta. Las resoluciones tendrán que llegar hasta allí. Al apagarse los micrófonos, la excepcionalidad frenteamplista se juega en ese viaje: que quienes regresan a los comités no devuelvan, junto con la credencial, la autoridad que fueron a ejercer. Que el poder conquistado recuerde el camino de vuelta a la mesa donde empezó a imaginarse.
