El crimen organizado en Uruguay

El jerarca policial pidió que sus dichos no constaran en actas y les contó que la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) “había desmantelado el intento de un cártel de drogas para quedarse con la Terminal de Contenedores” cuando fue rematada en el gobierno de Jorge Batlle. Agregó que también “lo habían intentado con el aeropuerto de Carrasco”.

Pero también descubrieron un intento de narcos argentinos para lavar dinero invirtiendo en una terminal comercial en la cabecera del puente Gral. San Martín que une Fray Bentos con Gualeguaychú. “Los descubrimos por escuchas telefónicas y una llamada que le hicieron al intendente Omar Lafluf”.

Un mes atrás relatamos a nuestros lectores lo que Abel Reynoso, exjefe regional de la DEA, decía en cursos que impartía en Argentina a fines de los años 90. Adoptando el papel de narcotraficante, explicaba lo fácil que era establecerse y hacer negocios en el país.

“Si yo soy un narco mexicano o colombiano o un funcionario corrupto, llego a Argentina, me establezco en el mejor hotel de Buenos Aires y hago saber que quiero invertir 100 millones de dólares en un shopping o un negocio de exportación de vacas. Abro una cuenta en el banco más importante de Argentina. Pongo 4 o 5 millones para empezar a operar. A los 10 minutos me llamaron todos los tipos grandes del mundo de los negocios. A la semana, ya me estoy codeando con ministros porque me invitaron al hotel Alvear a una recepción, voy al club de golf de San Isidro, salgo a navegar, porque tengo plata, no me muevo con cualquiera.

Al rato ya estoy almorzando en la Casa Rosada. No digo nada de lo que hago. Digo que me interesaría hacer un centro comercial, a lo mejor un restaurante. Entonces un secretario de un secretario hace unas llamadas y dice ‘mirá, está fulano de tal, quiere invertir’. Y se abren todas las puertas. Apenas pasó un mes.

La prensa no sabe nada, a este nivel mi cara no existe. Entonces me establezco y llego cada tanto con millones de dólares e invierto. ¿Quién sabe de esto? El presidente, el ministro y nadie más. Te estoy hablando del Polo Lounge, del golf en San Isidro, del hotel Alvear, de las embajadas. Son lugares privilegiados. No entra cualquier ganso.

Entonces supongamos que un miembro de mi organización se manda una macana y lo agarran. ¿A dónde va dirigida mi primera llamada? Che, fulanito, estoy preocupado, yo tengo mucho dinero invertido en el país. No te preocupés, Abel, yo te lo arreglo. Entonces, ¿a quién llama? ¿Quién es el juez que lleva la causa, o el fiscal, o el ministro? Entonces a la media hora se acaba la causa.

Vaya a tocar a alguno de los grandes. ¿Quién lo toca? ¿Te creés que la Policía los conoce? No tiene idea. El jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal no tiene idea. Sabrá algo que le pasa algún buche, pero nada más. Está limitado. Lo llama el ministro del Interior, lo llama el jefe de Policía y mañana ese jefe policial está cuidando la puerta del casino. Así funciona la estructura en Argentina”, explicaba Reynoso.

Descoordinación uruguaya

¿Alguien cree que no funciona igual en Uruguay? Guarteche lo explicó con detalles.

Pensemos solo en Punta del Este, adonde llegan decenas de millones de dólares cuyo origen nadie investiga. El propio intendente Enrique Antía dijo que “no era su trabajo investigar el origen del dinero. El mío es conseguir inversiones para que la gente tenga empleo”, agregó.

Durante la interpelación promovida por el Frente Amplio a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, con motivo de la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, se mencionó reiteradamente el término crimen organizado.

Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en 2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y se establecen mecanismos para su combate.

Para que una organización criminal sea calificada como delincuencia organizada debe cumplir ciertos requisitos:

-Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común" llega a un alto grado de "evolución" o "perfeccionamiento" en sus actividades.

-Cuando rebasa los límites del control gubernamental.

-Cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión

-Cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social.

Nuestro país cuenta con diferentes estructuras institucionales para combatirlo.

Por ejemplo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) hoy a cargo del abogado Jorge Chediak, exministro de la Suprema Corte de Justicia. La Ley 19.355 del año 2015 la convirtió en un organismo desconcentrado dependiente de Presidencia de la República.

El ministerio del Interior cuenta con dos dependencias: la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, creada por el gobierno anterior y hoy encabezada por el comisario general Juan Rodríguez. La otra es la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la policía. La Dgrtid está dirigida hoy por el comisario general Alfredo Rodríguez.

El Nuevo Código del Proceso Penal permitió crear tres fiscalías especializadas en “Estupefacientes”, hoy a cargo de los fiscales Mónica Ferrero, Stella Llorente y Alejandro Machado. También hay tres fiscalías de Delitos Económicos y Complejos a cargo de los fiscales Enrique Rodríguez, Ricardo Lackner y Gilberto Rodríguez.

A su vez la LUC creó la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, que si bien no tiene como fin específico el crimen organizado, sí tiene como tarea coordinar las actividades de inteligencia de los organismos respectivos. Hoy está a cargo de Alvaro Garcé. Vale señalar que la cancillería integra este organismo.

Pero la entrega de un pasaporte a un ciudadano uruguayo que estaba preso en Dubái, precisamente por portar uno falso, que es sindicado como líder del Primer Cártel Uruguayo, reveló la ausencia de coordinación entre los diferentes organismos.

La historia nos muestra varios hechos gravísimos que aún permanecen impunes.

Una mafia que intentó estafar al Estado, un incendio en UTE y ocho muertos

Era la noche del viernes 13 de agosto de 1993, cuando los pisos 8, 9 y 10 del edificio de la calle Paraguay 2431, sede de UTE, eran devorados por las llamas. Cinco mujeres empleadas de una empresa de limpieza murieron asfixiadas y calcinadas encerradas en un baño del 9º piso, donde estaban los despachos del directorio.

Cuatro plantas enteras fueron destruidas. Tres por el fuego y uno por el agua empleada por bomberos. El fuego también se llevó convenientemente miles de archivos.

Diez días después, exactamente el 23 de agosto, fue secuestrado el empresario Luis Ernesto González cuando salía de su oficina en la avenida 18 de Julio rumbo a Ciudad Vieja. Lo acompañaba el ex policía Washington de María, quien hasta 1990 se había desempeñado como escolta del expresidente Julio María Sanguinetti.

El 26 de agosto De María fue detenido por orden del jefe de Policía de aquella época, el inspector Máximo Costa Rocha. Este dispuso su inmediato arresto a rigor en Granaderos por constatarse que era la última persona que lo había visto con vida.

El 30 de agosto de 1993 la Policía sacaba el cuerpo de González del interior de un aljibe en una finca de Los Cerrillos. Tenía un balazo en la cabeza.

Tras el hallazgo comenzó a develarse la verdadera historia de Luis Ernesto González. Bajo la fachada de un importante empresario se escondía un mafioso de guante blanco. Tenía dos free shops, uno en Rivera y otro en Chuy, por donde canalizaba los delitos de contrabando de oro, whisky y drogas. Ya había sido procesado en dos oportunidades por estafas y era especialista en el fraude de los seguros, consistente en desaparecer contenedores con valiosa mercadería que en realidad estaban rellenos de arena.

Por aquel entonces, González estaba requerido por la Justicia por una maniobra con cheques sin fondos concretada contra una empresa crediticia. Según las investigaciones de la época, era un engranaje de una poderosa organización delictiva radicada en Buenos Aires denominada "Círculo Húngaro".

De María, como oficial del Departamento de Operaciones Especiales, estaba tras la pista de este "personaje" y procuraba obtener pruebas de muchos de sus delitos.

González también estuvo vinculado al lavado de unos 1.000 millones de dólares mediante contrabando de oro en una operación encabezada por un miembro del Cártel de Medellín, el argentino Raúl Vivas, propietario del cambio Italia, detenido en Punta del Este un día de febrero de 1989.

Poco tiempo después González trabó contacto con Manuel Gómez, un empresario español radicado en Argentina. El contacto Gómez-González se establece a través de policías argentino-uruguayos de Interpol, conocidos de González; “personajes de gran poderío económico empresarial, con aceitados contactos con el poder político, policial y de aduanas”, según afirman en una denuncia penal los abogados Gerardo Terrel y Martín Etcheverry.

Los empresarios González y Gómez se dedicaban a falsificar documentación destinada a la acreditación de exportaciones ficticias, a fin de obtener, fraudulentamente, reintegros del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Cuando el cuerpo del empresario fue retirado del aljibe ubicado en Cerrillos por los bomberos en aquella lluviosa mañana del lunes 30 de agosto, participaban en el procedimiento varios jerarcas policiales. Entre ellos, Yamandú Castro, que por ese entonces era el jefe de Policía de Canelones. Se encontraba también el entonces director de Investigaciones, inspector Alberto Roger Biscardi, el jefe de Hurtos y Rapiñas, comisario José Lemos, y el legendario sargento Milton Coito, de activa participación en varios hechos delictivos que lo llevaron a la cárcel por varios años. Coito es uno de los pocos que sabe todo respecto al caso y hoy está en libertad viviendo en Ciudad de la Costa.

Siete jueces intervinieron en esta investigación, uno de ellos murió quemado, presuntamente, por su esposa.

Ninguno logró aclarar nada. Washington De María, que se proclama inocente, estuvo preso hasta hace pocos años. El militar Walter Carmona, otro sindicado por el corrupto comisario Lemos, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa ubicada en pleno Centro.

En 1996 la periodista María Urruzola publicó en Brecha una investigación bajo el título: "UTE y la estafa que nadie investigó", en la que reveló un intento de estafa contra el ente energético por unos 10 millones de dólares. En febrero de ese año se intentó que UTE transfiriera desde el Banco Central a un banco de Nueva York y otro de Emiratos Árabes la cifra mencionada como un supuesto pago de insumos. Pero un funcionario del BCU advirtió que un número era incorrecto, avisó a la gerencia de UTE y la maniobra fracasó

Urruzola identificó al empresario Luis Ernesto González como uno de los responsables de la maniobra. El delito nunca fue investigado, pero la periodista supo que el año pasado se intentó otra estafa contra UTE con la misma modalidad.

Entonces el presidente del ente era el dirigente nacionalista Alberto Volonté, quien jamás ordenó una investigación interna sobre el incendio ni sobre el intento de estafa.

González lavó plata para el Cártel de Medellín, gran parte de la operación se canalizó a través del cambio Dyana, propiedad de Ariadna SA, que era presidida por Ángel María Gianola, dirigente herrerista y en 1994 nombrado ministro del Interior en el gobierno de Luis Lacalle Herrera.

Empresario Foddai: “La mafia puntaesteña es peor que la siciliana”

A principios de 1998 la revista Tres publicó declaraciones del empresario italiano Gianni Foddai. “Todo se hace robando, puedo admirarlo o no, pero siempre respetarlo”, dijo el entonces más próspero empresario de la noche puntaesteña. Y agregó para abundar en ejemplos: “¿Cómo hizo su fortuna Giovanni Agnelli? (expresidente honorario de Fiat), ¿cómo se puede en 40 años llegar a ser un dios como él? Con él comen el 50 por ciento de los italianos. ¿Cómo no puede merecer respeto Silvio Berlusconi, que 20 años atrás era un juglar en el Club Mediterrané? Robando, o no, hizo un imperio. Trabajan 4.000 personas con él”. Para que no quedaran dudas sobre su pensamiento reiteró: “La plata siempre se hace robando”.

Foddai aseguró que “los inversores extranjeros llegan a Uruguay porque aquí se paga la mitad del salario europeo. Se explota a la gente y eso también es corrupción, pero nadie dice nada, la aceptan”.

Días después, en un encuentro concertado con este cronista y otro colega, el empresario italiano que durante los años anteriores había liderado la gastronomía y la noche puntaesteña con varios emprendimientos en la zona portuaria aseguró que “la mafia de Punta del Este era peor que la siciliana, por lo menos esta respeta ciertos códigos”.

Agregó que su debacle económica se debió a “un complot organizado en su contra por importantes empresas y organizaciones, personajes y empresarios de Uruguay y Argentina, funcionarios de gobierno e instituciones financieras”, aunque se negó a revelar los nombres. El empresario denunció haber recibido varias amenazas de muerte, “incluso amenazaron a mi esposa, que ahora está en Italia y no quiere saber nada de volver a Sudamérica”.

Aseguró, además, poseer pruebas de “las amenazas realizadas en su contra por el empresario argentino Armando Gostanian”, personaje muy cercano al expresidente Menem y principal de varios locales gastronómicos más otra decena de propiedades en el este. En medio de una crisis financiera, según él «provocada artificialmente por su exsocio Tonino Sorgi, entonces concesionario de la Dirección Nacional de Casinos”, Foddai debió abandonar Uruguay en febrero del 98.

Dos años después el italiano fue asesinado a tiros en una calle de Nueva York.

Unos lavan, otros blanquean

En su intervención durante la interpelación, el senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) se refirió al lavado de dinero como uno de los problemas que enfrenta la lucha contra el narcotráfico. Y mencionó casos recientes que, según él, “en lugar de encender las alarmas se intentaron ocultar”.

Recordó el caso del ciudadano brasileño Darío Messer, conocido como Doleiro de doleiros. Manini recordó que “había montado aquí su centro de operaciones para lavar casi 1.700 millones de dólares a través de unas 3.000 empresas offshore en 52 países”. El senador dijo que “apareció vinculado a estudios jurídicos uruguayos, protegido por algún bufete abogaderil (sic)”.

En una nota publicada por el semanario La Mañana en diciembre de 2019 se preguntaba: “¿Por qué Uruguay? Sencillamente porque en los últimos cincuenta años se desarrollaron en nuestro país redes de negocios financieros que -adaptándose a las necesidades de los tiempos y los sucesivos cambios regulatorios- se fueron ingeniando para asistir a ‘clientes’ que requerían cobertura y protección para el dinero originado en actividades turbias y, por lo visto, algunas claramente ilícitas”.

Durante décadas Uruguay ofreció un ámbito ideal para este tipo de actividades. “Incrustado entre dos gigantes, Argentina y Brasil”, como dice Daniel Hendler en la película Así habló el cambista. Con muchas conexiones terrestres, marítimas y aéreas, Uruguay se encontraba bien ubicado para actuar como base para estas actividades. La libertad cambiaria, el libre movimiento de capitales y una extendida industria bancaria contribuyeron también a su crecimiento.

Es así que hace años un conocido grupo financiero se asoció en el negocio de cambios en Paraguay con el Gral. Andrés Rodríguez, quien derrocara al Gral. Stroessner. El negocio se llamaba Guaraní Cambios y trabajaba en coordinación con casas de cambio que el grupo poseía en Argentina, Brasil y Uruguay.

Algorta. Por lo tanto, no resulta tan llamativo que en el capítulo Uruguay del Lava Jato aparezcan actores que en su momento desarrollaron actividades en ese grupo bancario y cambiario. La pista que llevó a la Justicia brasileña a poner su mira en Uruguay fue la compra en 2008 de un apartamento en Río de Janeiro por parte del exdirector del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, quien lo puso a nombre de una empresa uruguaya llamada Jolmey SA. Según figura en el libro Sérgio Moro, herói do Brasil, esta sociedad fue constituida por el propio Cerveró y el abogado uruguayo Oscar Algorta, asesor del diario El Observador, y según surge de los Panama Papers, socio de Ricardo Peirano en varias de sus sociedades panameñas”, aseguraba el semanario.

Agregaba: “La persona clave en la trama parecería ser el brasileño Dario Messer, conocido como Doleiro dos doleiros (cambista de los cambistas). Las delaciones premiadas de los diferentes eslabones en esta red delictiva condujeron a este personaje, que posee importantes vínculos en Paraguay (N. de R.: con el presidente Horacio Cartes), país que lo albergó mientras estuvo prófugo de la Justicia.

Según surge de la información brasileña, el abogado Algorta sería la “pata uruguaya” de la organización montada por Messer, quien fue apresado en un apartamento de San Pablo a fines de julio.

Según informó Folha de São Paulo, fue el propio Algorta quien sugirió a Messer no acogerse a la delación premiada y que se viniera a vivir a Uruguay, donde le “garantizaba” que la Justicia no lo podría alcanzar.

Una investigación de Sudestada publicada en 2017 establecía que “en un operativo de las Policías de Uruguay y Brasil fue detenido el brasileño Vinicius Claret Vieira Barreto, Juca Bala, uno de los principales involucrados en el lavado de dinero de decenas de millones de dólares del exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral”. Junto a él también fue detenido el también brasileño Claudio Fernando Barbosa.

Cabral era titular de la empresa Sabra, una sociedad anónima que el brasileño tenía en conjunto con el abogado uruguayo Óscar Algorta Rachetti, quien también está indagado por la Justicia de ambos países por su participación en el esquema que montó Cabral para blanquear su dinero sucio.

Según la documentación a la que accedió Sudestada, Sabra Holdings Corp. tiene su sede en Montevideo, en la calle Ituzaingó 1393, oficina 401, sede del estudio de Algorta, al igual que la ya célebre Jolmey vinculada al reo Néstor Cuñat Cerveró.

Propietario de un estudio jurídico y dueño de unas 180 empresas offshore en Uruguay y en Panamá, Algorta aparece en las investigaciones de la Operación Calicute, una de las derivaciones de la inicial operación Lava Jato (ya existen expedientes diversos en Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia, además del original surgido en Curitiba).

El estudio de Algorta aparece vinculado a otra maniobra de lavado. Sudestada asegura que jugó un rol fundamental en la maniobra de compra venta de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçao por parte de la principal empresa pública madrileña, el Canal de Isabel II. A primera vista, resulta inexplicable que una empresa pública española tenga que comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay para luego adquirir otra empresa en Brasil, invirtiendo decenas de millones de euros.

Al igual que en el caso de Lava Jato (la investigación de corrupción en torno a la petrolera brasileña Petrobras), el papel del estudio jurídico del abogado Óscar Algorta fue el de crear empresas, facilitar directivos y asesorar en el funcionamiento de las sociedades. En esta oportunidad, el bufete uruguayo participó fundamentalmente a través de la empresa Soluciones Andinas de Agua, una SRL que tuvo su sede en su estudio jurídico de Ciudad Vieja, pero en la que aparecen involucradas otras sociedades uruguayas y extranjeras radicadas en Panamá, Colombia y las ex Antillas Holandesas.

De Posadas. En tanto, el Estudio Posadas, Posadas & Vecino fue parte importante en el lavado de la estructura de coimas menemistas, sirvió para proteger a los hermanos Rohm en su estafa contra el Banco Comercial y también está involucrado en la legalización de coimas pagadas por la empresa Odebrecht.

En 1999 el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, lo mencionó como el “estudio donde se armaron las sociedades para legalizar 1.300 millones de dólares provenientes de coimas y narcotráfico”.

Ignacio De Posadas, entonces principal del Estudio, fue ministro de Economía del gobierno de Lacalle Herrera entre 1992 y 1995.

Cikurel. Otro de los casos más trascendente de los últimos tiempos es el de la contadora Maya Cikurel, detenida el 19 de febrero del 2020 en el puerto de Colonia cuando, junto a su pareja, Pablo da Silveira, recién nombrado ministro de Educación y Cultura del gobierno de Luis Lacalle Pou, pretendía viajar a Buenos Aires.

Interpol tenía una “alerta roja” para detener a Cikurel y ser extraditada a Panamá donde es investigada por su papel en el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht al expresidente de ese país, Ricardo Martinelli. Pero como su nombre estaba mal escrito, no pudo ser detenida antes.

En mayo de 2016, la Fiscalía Federal de Suiza solicitó a Panamá información sobre Ricardo Martinelli Linares y sus hijos por el caso Lava Jato en relación con la investigación a la Constructora Norberto Odebrecht.

La Fiscalía de Suiza investiga la compañía brasileña Odebrecht por el supuesto pago de sobornos a la estatal brasileña Petrobras y funcionarios de al menos 39 países con el propósito de obtener contratos de obras públicas. El pago de coimas se hizo desde cuentas bancarias que tenía Odebrecht en Suiza, país que congeló más de US$ 800 millones que mantenía la empresa brasileña en ese país.

Cikurel está citada en la investigación en relación con la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice y usada en el pago de sobornos en Panamá y que involucra al expresidente Martinelli.

Entre el 15 y el 24 de diciembre de 2009, Odebrecht transfirió a Arcadex US$ 20.080.724,39, según la Justicia suiza. Entre los documentos presentados se verificó que Odebrecht también mantuvo una cuenta a nombre de Arcadex en el Commerzbank, por donde pasaron US$ 1.724.706,51 entre el 23 de junio y el 24 de diciembre de 2009. La firma autorizada a realizar los movimientos de dinero era de la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller.

La fiscalía suiza da por probado el papel de Cikurel en la trama Odebrecht.

La contadora uruguaya debe presentarse en Panamá dentro de 15 días para declarar como imputada. En caso contrario, será nuevamente requerida.

Sanguinetti. En nuestro país funcionaba desde el año 2003 La Banca Privada de Andorra en la oficina 1909 de la torre B del World Trade Center de Montevideo. Su presidente era Eduardo Ache, quien a la vez se desempeñaba como presidente del Club Nacional de Football.

El 21 de febrero de 2013 el Banco Central decretó la liquidación del BPA por falta de controles sobre el lavado de dinero […] Y le aplicó una multa de 30.000 UI “por las deficiencias e incumplimientos constatados en relación con las normas de prevención del uso de las instituciones financieras para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

En esos 10 años el BPA se convirtió en un actor fundamental en el lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en varios países latinoamericanos.

El principal “ejecutivo de cuentas” y vicepresidente era entonces Andrés Betingo Sanguinetti, medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y dirigente del Club Atlético Peñarol.

En 2018 fue extraditado a Andorra y procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Mingorance. Permaneció detenido dos meses en una lujosa cárcel y pudo volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad.

En el año 2019 la Fiscalía colombiana solicitó una circular azul de Interpol para ubicarlo y detenerlo por los mismos delitos cometidos en ese país. Está acusado de haber participado en el trámite del soborno de 6.500.000 dólares que la constructora brasilera le dio al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para quedarse con la Ruta del Sol II.

Hoy Betingo gerencia la Sociedad Anónima Deportiva que opera al club de fútbol Central Español, club que en el pasado fuera señalado por permitir evasión fiscal con los “pases puente”.

En Uruguay no hubo ni hay ninguna investigación judicial por las actividades ilícitas de Maya Cikurel y Betingo Sanguinetti.

¿Hay o no?

En el transcurso de la interpelación, tanto los ministros como los senadores de la coalición de gobierno, fueron enfáticos en señalar que “en Uruguay los partidos políticos no tienen vínculos con el crimen organizado”.

Institucionalmente es probable que no los tengan. Pero la historia revela que varios dirigentes y gobernantes sí los han tenido.

Policías corruptos e importantes bufetes “abogaderiles” (al decir de Manini) fueron soporte imprescindible para actividades que sin dudas se inscriben dentro de lo que se denomina crimen organizado.