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Política gobierno |

La fruta no cae lejos del árbol

El gobierno perdió el sentido de la ética pública

La corrupción fue un grave problema del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y parece ser la del hijo.

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La corrupción fue un grave problema del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Las causas Focoex, Banco de Seguros, las coimas pagadas por Igor Svetogorsky a ministros y legisladores, el Banco Pan de Azúcar, la terminal de Contenedores y hasta el enriquecimiento ilicito, signaron al primer gobierno blanco posdictadura.

Tanto que las oposiciones internas impidieron que Lacalle padre volviera a lograr la presidencia aún cuando lo intentó varias veces.

Apenas asumió la presidencia, Luis Alberto Lacalle Pou fue preguntado sobre el papel de su padre y contestó “el fruto no cae lejos del árbol”.

En un sentido diferente al que él pretendió darle, varios hechos de corrupción ocurridos en éste gobierno terminaron dándole razón.

Apenas asumió, adjudicó la terminal portuaria a la empresa Katoen Natie. La fiscalía de Delitos Económicos está investigando las fundadas denuncias que recibió sobre presuntos hechos irregulares en esta adjudicación.

Apenas pasó la pandemia surgió la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, lo que le permitió fugarse de Dubai a donde estaba detenido. Dos ministros, una vicecanciller, un subsecretario, un abogado y varios funcionarios públicos están citados como imputados para declarar en los próximos días.

Pero en el Senado se reveló que en el Ministerio del Interior sabían quién era Marset y a pesar de ello, igual le entregaron el documento.

En setiembre del año pasado fue detenido Alejandro Astesano, jefe de la seguridad personal del presidente, quien había sido nombrado por el propio Lacalle Pou aún habiendo sido advertido que el sujeto en cuestión tenía profusos antecedentes penales.

A partir de allí se conocieron algunos chats que revelan que Astesiano usó su particular posición de privilegio para hacer innumerables negocios para si. Pero que también recurrió a la estructura del Estado para otras tareas ilegales como direccionar licitaciones, espiar a senadores de la República y a un ex Director Nacional de Policía, todo por orden de “Luis” (así lo menciona). Las investigaciones continúan por lo que no se sabe, todavía, si ese Luis es el presidente.

Ayer fue formalizado un militar retirado socio de la empresa Vertical Skyes acusado de ser quién le pidió a Astesiano información sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. La fiscal del caso, Sabrina Flores, dijo estar segura que hay más personas involucradas y la investigación pretende saber quién dio la orden de espionaje y quién pagó por ello.

Hace pocas semanas estalló otro escándalo de corrupción en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande donde Carlos Albisu, un hombre del presidente, nombró a diez ediles blancos de Paysandú, más dirigentes de otros sectores de la coalición, hasta sumar unos 30 ingresos irregulares con sueldos muy importantes.

Por mayoría la Cámara de Diputados aprobó una moción reclamando la destitución de todos los ingresados y de los miembros uruguayos de la CTM. Pero el gobierno aún no ha cumplido con el mandato legislativo.

El senador blanco Juan Sartori se niega a presentar la declaración jurada de su esposa ante la JUTEP, como obliga la ley, y peor, su propia declaración es inconsistente.

Finalmente ayer se conoció la formalización del senador herrerista Gustavo Penadés por 22 delitos vinculados a abuso sexual de menores y violación, entre otros. Por sus connotaciones sociales, tal vez sea el caso más grave en la historia del Senado.

Todas estas causas han tenido elementos comunes. La investigación sobre Astesiano reveló la existencia de corrupción entre las más altas jerarquías policiales. De hecho la mitad de la Dirección Nacional de Policía fue renunciada, destituida y alguno formalizado.

Algo que se constata también en la causa Penadés, ya que la fiscalía obtuvo un documento que revela que por lo menos un jerarca policial, y podría haber más, usó la estructura del Estado para crear pruebas falsas que pretendían presentar en fiscalía.

La causa Marset ya se llevó a un jerarca de la Dirección Nacional de Identificación Civil y podría provocar la caída de varios jerarcas públicos, incluídos ministros y un subsecretario.

El senador Sartori debió ser conminado a cumplir con la ley por la presidenta del Senado, Beatriz Argimón. En cambio, Búsqueda informó que Argimón y Sartori habían hecho un acuerdo político para ir juntos en la próxima campaña electoral.

Tanto Lacalle como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, apoyaron públicamente al senador Penadés cuando se conocieron las primeras denuncias por abuso sexual.

Toleran que la coordinadora de la bancada del Senado mienta impunemente; hacen campaña electoral desde lugares de privilegio, nombraron presidente de la Comisión de Hacienda del Senado a un defraudador fiscal.

Prometieron hacer algo diferente y es cierto, lo han hecho peor.

Porque el gobierno ha perdido el sentido de la ética pública.

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