La localización en Bolivia del narco uruguayo Sebastián Marset, líder de un poderoso cártel mafioso de proyección regional y trasnacional -que logró escapar-, dispara nuevas elucubraciones sobre la abierta complicidad del gobierno uruguayo que le otorgó, hace dos años, un pasaporte que le permitió fugarse caminando de una cárcel de Dubái, luego de haber sido detenido cuando pretendió ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso.
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El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien es, junto al canciller Francisco Bustillo, responsable de que ese delincuente esté libre, lanzó una nueva cortina de humo para ocultar su directa implicación en este caso con tufo a corrupción.
Más allá de que haya aportado información a las autoridades bolivianas para que estas lanzaran un gigantesco operativo destinado a capturar al prófugo, y hasta dos canales de televisión abierta se hayan sumado a la farsa afirmado que sus periodistas fueron amenazados por el mafioso, su participación en el escandaloso affaire del pasaporte es inexcusable. Incluso, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que su gobierno “tiene particular interés” en que sea capturado. Tal desfachatez e hipocresía no admiten mayores comentarios.
Las actuaciones de la Policía del país del Altiplano, que practicó allanamientos y detenciones, incautando armas, droga, dinero y vehículos, dan cuenta de la peligrosidad y del poder de un gánster de élite, requerido por la justicia paraguaya y hasta por la DEA.
Si bien en Uruguay Marset no tiene causa abierta, y por ende no está requerido, sí posee antecedentes penales, lo cual se sabía por lo menos hace una década y obviamente estaba en conocimiento de las autoridades del gobierno uruguayo, por más que Heber y Bustillo lo negaron ante el parlamento.
En efecto, este hombre inició oficialmente su actividad delictiva en 2012, siendo imputado y formalizado por más de un cargo de receptación y tenencia y comercialización de estupefacientes. Incluso, fue indagado por la presunta comisión de un homicidio.
Al respecto, en agosto de 2018, un cúmulo de evidencias recabadas por la Policía daban cuenta de que Marset habría asesinado a tiros a su mejor amigo, en el balneario Las Toscas. Para los investigadores, el móvil de aquel crimen fue la traición, porque el fallecido le había robado dinero y droga al hoy delincuente prófugo. Luego de varios interrogatorios y actuaciones judiciales, así como de testimonios de allegados al asesinado, el delincuente quedó en libertad y la causa fue archivada en 2020.
En ese contexto, aunque tenía profusos antecedentes penales, como no tenía causa abierta, pudo viajar igualmente a Paraguay, donde montó su organización delictiva, un cártel que se dedica al narcotráfico a gran escala.
Es decir, ni la Policía ni la Justicia uruguaya pueden afirmar que no conocían quién era Sebastián Marset Cabrera y, por ende, tampoco el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou.
El Poder Judicial no tiene ninguna responsabilidad en la fuga del narco, porque este ya no tenía causa abierta en nuestro país. Empero, las autoridades del Ministerio del Interior, concretamente la policiales, sí sabían de sus antecedentes.
¿Esta circunstancia lo inhabilitaba para que se le otorgara un pasaporte? Naturalmente, no. Empero, lo que sí debió haber condicionado la entrega del documento en el exterior, en este caso con participación de la Cancillería, es el hecho de que este hampón estaba preso en una cárcel de Dubái por haber pretendido ingresar a territorio emiratí con un pasaporte paraguayo falso. Esa circunstancia debió haber sido suficiente para que el petitorio de su abogado, Alejandro Balbi, fuera denegado.
En ese contexto, las burdas explicaciones de Heber y Bustillo durante la interpelación desarrollada en el Senado, transformaron la instancia parlamentaria en un circo mediático que devalúa la calidad democrática. En efecto, no es concebible que ambos hayan alegado que ignoraban el prontuario del mafioso.
Las explicaciones de los gobernantes convocados resultaron realmente inaceptables, porque atribuyeron insólitamente el otorgamiento del pasaporte a la legislación vigente o a un mero error burocrático. Sin embargo, el decreto de 2014, que Heber y Bustillo emplearon para escudarse y no asumir sus responsabilidades, establece claramente que ante situaciones imprevistas, se requiere actuar con cautela.
¿Puede haber realmente una situación más imprevista y compleja que el hecho de que esta persona estuviera presa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por ingresar al país con un pasaporte paraguayo falso? Obviamente, no.
Aunque este delincuente no tuviera antecedentes en nuestro país y no hubiera un pedido de captura internacional, su privación de libertad por falsificación documental debió haber sido suficiente para actuar con otras precauciones.
Incluso, se ignoró olímpicamente el pedido del embajador uruguayo en dicha nación islámica, Álvaro Ceriani, quien sugirió a la Cancillería que se tomara más tiempo para tramitar el documento por la peculiar situación del encarcelado.
La frutilla de la torta fue la reunión mantenida por la hoy ex vicecanciller Carolina Ache con el abogado del criminal, Alejandro Balbi. ¿Es realmente habitual que el profesional patrocinante de una persona sea recibido por el número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el mero trámite de un pasaporte y que el documento sea expedido con tal rapidez?
Marset tiene varios pasaportes falsos de diversas nacionalidades, pero el único legal es el que le otorgó el gobierno uruguayo.
Evidentemente hay muchas preguntas sin respuesta, lo cual instala sospechas y alimenta obvias suspicacias. Queda claro, más allá de los eventuales descargos de Heber y Bustillo, que el pasaporte fue otorgado aparentemente sin un estudio previo de la situación, para detener el trámite de extradición que preparaba la Justicia paraguaya. No hay otra explicación y si esa hipótesis -que no es descabellada- se confirma, este aparentemente simple acto administrativo podría eventualmente configurar delito.
Otro aspecto realmente oscuro es la no utilización de valija diplomática para realizar el trámite como es de rigor, cuando un uruguayo lo requiere desde el exterior. En este caso, viajó especialmente un funcionario de Cancillería para completar el trámite en la cárcel donde se encontraba recluido Marset.
Este episodio groseramente escandaloso, que enloda cada vez más la reputación del país, trasciende a la mera responsabilidad política y –por sus oscuros entretelones- está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos, donde comparecerán, en calidad de indagados, los ministros del Interior, Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.
Heber afirmó que cuando sea convocado por el magistrado Alejandro Machado, dará la misma versión que vertió ante el Senado. Es decir, volverá a mentir, con el agravante de que, en este caso, perpetraría el delito de falso testimonio, previsto en el artículo 180 del Código Penal.
Aunque se sabe que está blindado porque fue reelecto senador en los comicios de 2019 y por ende posee fueros parlamentarios, debería no incurrir en el mismo error mintiéndole ahora a la Justicia. Incluso, el secretario de Estado podría ser también citado por el otorgamiento cuasi monopólico de la concesión del servicio de contenedores del Puerto de Montevideo por más de medio siglo a una multinacional belga, cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.