Tanto Los Cipreses S.A. y Belt S.A. (Buquebus) como Lumary S.A. (Colonia Express) interpusieron recursos de revocación. El de Colonia Express fue levantado rápidamente por el MI, pero Buquebus basó sus argumentos en que, según el tipo de pago que se previó para la adjudicación, el Estado no pagará directamente por la licitación, sino que se cobrará una tasa a los pasajeros de los ferris que las empresas dueñas luego tendrán que transferir a la empresa encargada de la seguridad.
Para Buquebus, según recoge el dictamen del tribunal, se trata de “un impuesto encubierto” que debe incluir en sus pasajes, siendo “un tercero ajeno al contrato”, por lo que lo entiende “ilegal e inconstitucional”. Señala que el arreglo “viola el principio de igualdad y diferenciación arbitraria” porque el sistema de control fronterizo “únicamente lo van a pagar los que ingresen y egresen por vía fluvial”, si bien “a todos los pasajeros que ingresen o egresen del país se les va a aplicar el mismo control”. Agregaron que “no existe para ello un motivo razonable ni racional”. A “personas con menos recursos se les va a cargar este precio más IVA, el cual encarecerá significativamente el pasaje. Y no lo pagarán quienes viajan en avión abonando miles de dólares”. En este aspecto, la empresa señaló que implicará “un aumento de 15,3 % del precio del pasaje más económico y más usado”.
¿Quiénes son los mexicanos?
Fueron varias las voces dentro de la coalición de gobierno en su momento que plantearon sus reparos; desde el exministro de Turismo, Tabaré Viera, hasta el representante del departamento de Colonia, Mario Colman. Pero, según fuentes de Caras y Caretas, la orden de seguir adelante con la adjudicación vino del mismo presidente Luis Lacalle, y fue el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien impuso la decisión contra viento y marea.
Legisladores del MPP Frente Amplio advirtieron que, de seguir adelante, Uruguay puede enfrentar juicios millonarios, además de tener en manos extranjeras este aspecto sensible de la seguridad nacional por 10 años con posibilidad de prórroga.
Entre las varias preguntas que quedaron en el ambiente, estuvieron las del diputado frenteamplista Sebastián Valdomir: ¿Cuánto se recaudaría por concepto de ingreso y egreso de pasajeros por vía marítima y fluvial, con estos USD 2,10 más IVA? ¿Toda la plata es destinada a la empresa? Si hay un sobrante, ¿ese dinero queda en Rentas Generales? ¿Se puede destinar a otra cosa? ¿Qué pasa si hay un faltante? Ojalá que no vuelva a pasar, pero si volviéramos a tener otra pandemia, con una restricción enorme de la movilidad, ¿qué pasaría si la plata que se recauda por el servicio de seguridad no alcanza para cubrir el canon de la empresa?
La licitación hacía ruido además porque el 1 de agosto del 2022, la empresa Los Cipreses S.A. (Buquebus), con la firma de Juan Carlos López Mena, en nota dirigida al director nacional de Migraciones, mayor (r) Eduardo Mata, ofreció la instalación del sistema requerido para todos los puntos del país y su mantenimiento, a costo de la empresa.
En el 2019, la empresa Veridos México S.A. de C.V., perteneciente al grupo empresarial conformado por la alemana Giesecke+Devrient en conjunto con la Bundesdruckerei (Imprenta Federal Alemana), ganó la licitación del Instituto Nacional Electoral (INE) de México para producir la nueva credencial para votar.
Veridos México cuenta con la participación conjunta de Veridos GMBH, Veridos Canadá LTD, Veridos América INC, Giesecke+Devrient GMBH, IECISA México, Seguridata Privada e Informática El Corte Inglés, para varios de sus negocios.
Algunas de las fuentes consultadas dejaron entrever cierto temor por la presencia de la empresa mexicana y quienes puedan ser sus representantes en Uruguay, a la luz de la experiencia con la canadiense Boreal S.A. que contó con el apoyo e impulso del exministro del Interior.
“Arde Jalisco”
Las advertencias se cumplieron; Veridos México reclama U$S 3 millones de Buquebus y Colonia Express, que se niegan a cobrar el "precio" a pasajeros por "incumplimientos".
El Ministerio del Interior dio vista a Veridos sobre una serie de "incidentes" en torno al nuevo sistema que buscan subsanar, en tanto la licitación del gobierno anterior tiene cuatro demandas en curso por parte de las empresas.
Los incumplimientos denunciados por Buquebus y Colonia Exprés fueron narrados por el colega Ramiro Pisabarro de El Observador: “Cuando el 17 de julio la escribana de la Dirección de Migraciones fue a labrar el acta en el Puerto de Colonia y usó su cédula uruguaya con chip para pasar por una de las pasarelas, la computadora devolvió: ‘Viajero sin permiso, documento no permitido’”. Tampoco estaba funcionando la segunda pasarela.
“Estamos regalados”
En el Puerto de Montevideo, una de las pasarelas no reconoció pasaportes brasileños, alemanes, peruanos ni argentinos. A los dos días, hubo “problemas” para la “lectura” de pasaportes uruguayos, estadounidenses, británicos y cédulas chilenas. “Al proveedor también lo pusieron al tanto de dificultades para escanear pasaportes israelíes”.
Las frecuentes “intermitencias”, “fallas” y “errores” denunciadas en sucesivos reportes de Migraciones al Ministerio del Interior, además de los riesgos de seguridad, abonan el enfrentamiento entre Buquebus y Colonia Express con Veridos, la empresa mexicana que está fallando en la aplicación del Sistema Integral de Gestión Migratoria (SIGMU).
Según pudo confirmar Caras y Caretas, Migraciones informaba que “a más de siete meses de la instalación del SIGMU y pasarelas aún presentan errores y no se encuentra operativo en su integralidad” en los puertos de Montevideo y Colonia. Los incidentes constatan también el atraso de una hora en la salida de un barco ante las demoras en las lecturas de los documentos.
En otras situaciones hubo que apagar las pasarelas y no se pudieron realizar reconocimientos faciales ni dactiloscópicos para no generar “lentitud en los puestos manuales”, o directamente se cayó todo el sistema, por lo que fue necesario pasar a “trabajar de manera manual” hasta retomar el servicio.
No funcionó la integración con el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) que da cuenta de los antecedentes de las personas y hubo demoras de hasta un minuto para cargar las listas negras que dan cuenta de los requeridos o los impedidos para salir o ingresar al país.
Entre los más graves incumplimientos marcados por el Ministerio del Interior está la búsqueda automática en tiempo real al momento del registro del movimiento migratorio contra listas negras y grises. Pese a estar desarrolladas las interfaces, aún no están operativas y, por tanto, en caso de realizarse modificaciones a la versión actual podría incurrirse en un costo adicional. Lo mismo sucedería con el envío de alertas al contrastar con estas listas.
Si bien se ingresaron los servicios de consulta de la Dirección de Identificación Civil por documentos y huellas dactilares, estos están “inactivos” por falta de licenciamiento de parte de la propia Identificación Civil “para la consulta masiva de personas que se registran en SIGMU”. Tampoco se encontraba implementado el sistema de consulta facial.
Según el ministro del Interior Carlos Negro, la empresa está advertida de las fallas e incumplimientos, y por el momento solo se está realizando un trámite administrativo, aunque una evaluación puede hacer caer el contrato.
