En junio de 2020 se difundieron las amenazas de la vicepresidente Beatriz Argimón contra el publicista Fernando Cristino (que a su vez también amenazaba con contar los secretos de Luis para cobrar una deuda). “Cuidate, sos muy joven. Yo hablé para que no te hicieran nada. Cuidate”.
El ministro del Interior de entonces, Jorge Larrañaga, dijo sobre ese caso: “Yo actuaría ilegalmente si escuchara un teléfono sin orden judicial”. O sea, lo grave no eran las amenazas de Argimón, sino las grabaciones de Cristino.
Montagno
En marzo de 2021, el cabildante Enrique Montagno debió dejar su cargo tras difundirse la grabación de una charla en la que se jactaba de haber metido en ASSE a 135 personas a dedo, montando una estructura política gigantesca. El senador Guido Manini Ríos dijo en aquel momento que “lo más grave es que una conversación privada sea publicada”.
Moreira/Romero
En mayo de 2021 Brecha difundió mensajes intercambiados entre las cabildantes Irene Moreira (titular del MVOT) y Silvana Romero (titular de la Ursea), en los que la ministra pregunta si pudo colocar a alguien de Cabildo Abierto y se le responde que sí, a María de los Ángeles Pereda, esposa del diputado Martín Sodano, del partido militarista. A fines de octubre de 2023, y tras dos meses de estar separados, Pereda denunció a Sodano por violencia doméstica.
Bustillo/Ache
En noviembre de 2023 saltó el escándalo del pasaporte dado al narcotraficante Sebastián Marset. Allí, el excanciller Francisco Bustillo pidió a la entonces viceministra Carolina Ache que no entregara un chat que alertaba que Marset era un “narco peligroso”. “Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular... Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?”, le dijo Bustillo a Ache.
Este episodio generó la caída del ministro. El excanciller dio recientemente una entrevista a un apologeta del genocidio y no perdió la oportunidad de acusar a la exvicecanciller por haberlo grabado. El Partido Nacional también tiró sus misiles contra Ache y no contra quien le propuso cometer un delito. Es obvio que, paralelamente, odian a Jorge Díaz, que sugirió a su defendida grabar todo y una y otra vez los deja en evidencia, ahora con el caso Cardama.
Iturralde/Penadés
El jueves 23 de mayo de 2024 el presidente del Directorio del Partido Nacional se vio obligado a renunciar luego de que se hicieran públicos los audios de sus conversaciones con Gustavo Penadés, denunciado por varios delitos de abuso y explotación de menores. Iturralde señaló a la fiscal Alicia Ghione como una “amiga” y se jactó de haber presionado al fiscal general Juan Gómez.
Lo más retorcido fue que el mismo presidente del Partido Nacional que le pagó el abogado a una chica víctima de violación luego celebrara en las sombras el archivo de la causa y aplaudiera a la fiscal calificándola como una “monstrua”, en el sentido positivo, es decir, como una crack.
Álvaro Delgado catalogó su renuncia como “valiente decisión”. El senador Sergio Botana calificó la presión a los fiscales como un acto de hombría. “Actuó conforme a lo que se espera de un hombre. Personalmente, no me agradan aquellos que temen mancharse”.
Blancos/blancos
En junio de 2024, los senadores del Partido Nacional Graciela Bianchi y Sergio Botana denunciaron la filtración de chats privados de su bancada: “No podemos dejar impune que filtraciones que son ilegales afecten la privacidad y el buen nombre de nadie”, dijo Bianchi. El caso no era ya un audio sino chats internos que revelaban maniobras políticas. Y nuevamente, el foco fue la “filtración” y no lo que en esos chats se evidenciaba.
Con todo esto, lo del exintendente de Colonia Carlos Moreira proponiendo sexo a cambio de una pasantía pasó a ser una pequeñez.
¿Quién debe ser juzgado, el que graba o el que habla?
En el mundo del hampa, ser “buchón” es el peor de los crímenes. La conducta reprobable que se denuncia —amenaza, presión, uso del poder, tráfico político de cargos— queda opacada por el reclamo moral de que “no se debió grabar”. Así se invierte el foco: el objeto de juicio se vuelve la forma (la grabación) en lugar del contenido (lo que se dijo).
La conducta de blancos y cabildantes es similar a la de los reclusos que no perdonan a otro interno cuando denuncia una agresión, extorsión o abuso. Dicho de otra manera, tienen algunos códigos idénticos a los de los criminales.
La jurisprudencia uruguaya ya reconoce que grabar siendo parte de la conversación puede ser lícito, siempre que no se vulneren otros derechos constitucionales. El punto es que haya una “causa justa”.
Ovalle/Rohr
En el tiempo queda el caso del exministro herrerista José Luis Ovalle (diciembre de 1998) donde una grabación comprometía una conversación de licitación del puerto. La grabación fue realizada por el empresario Jimmy Rohr, representante del consorcio belga Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip, y registraba un diálogo mantenido por el propio Rohr con Ovalle un año antes. En dicha conversación, Ovalle decía hablar en nombre de jerarcas del gobierno de Julio María Sanguinetti y le pedía 2 millones de dólares para obtener la licitación de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. La grabación puso punto final a su carrera política.
Más luz
Si quienes se sienten agraviados destacan con indignación que el escándalo lo provoca la grabación, más que lo que se dijo, es porque saben que lo que dijeron es políticamente insostenible. Y por eso intentan trasladar el debate: de su conducta a la conducta de quien la registró.
No hay que caer en ese juego. La sociedad tiene derecho a conocer los mecanismos de poder, las presiones, las amenazas, los favores ilegales.
Gracias a que el periodista Carlos Peláez grabó su conversación con Gabriela Fossati pudimos saber que la entonces fiscal que debía investigar al presidente Luis Lacalle Pou no estaba dispuesta a inmolarse por la Justicia porque a nadie, según ella, le interesaba la verdad.
Las malditas grabaciones, entonces, son una linterna en la oscuridad de la política uruguaya. Y quienes las quieren silenciar lo hacen porque prefieren que quede todo en la penumbra.
