Durante la última comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y autoridades de esa cartera, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad y Convivencia votaron que la sesión permaneciera en secreto cuando el comisario general retirado, Pablo Lotito, informó acerca de la identificación con la que cuenta la Policía de los clanes familiares. Barrera añadió que “creo que fueron respuestas suficientes a la oposición política. Se está trabajando y mucho. La Comisión está integrada por el exsubsecretario del Interior, Pablo Abdala, que tampoco durante su período se pudo solucionar la situación de seguridad, y cuando los temas no se solucionan van in crescendo”.
Esto viene desde hace muchos años —continuó Barrera—, pero en este período se trabaja a nivel regional y el Plan Más Barrios, que es interinstitucional. “También estamos trabajando en las cárceles a pesar de que nos faltan implementar medidas alternativas a la prisión: nadie puede decir que está de brazos cruzados”, advirtió. La diputada sostuvo que “a medida que se reprime en distintas zonas, eso hace que haya una violencia más importante. Yo recorro las cárceles y lo único que se hace es llevar personas presas para que sigan una carrera delictiva… en el poco tiempo que estamos es imposible poderlo solucionar”.
En la Comisión, el Ministerio del Interior dio explicaciones “pero siempre será poco hasta que se den cuenta de que es un problema de todos, no es de oficialismo y oposición. Las cárceles están llenas de gente pobre y analfabetos, y varios empiezan a estudiar durante su reclusión. Como ejemplo existe la unidad 5, la Cárcel de Mujeres, donde tenemos más de 40 personas privadas de libertad haciendo facultad y ese trabajo hay que extenderlo al resto de los privados de libertad, que llegan a más de 17 mil personas”.
La preocupación por los albaneses
En setiembre pasado, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, dijo que le preocupaba el arribo de más de 700 ciudadanos balcánicos en 2025 y su vínculo con las mafias. Pero el Ministerio del Interior respondió en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara Baja que tal preocupación no se traduce en la realidad. La directora nacional de Migración, comisaria general retirada doctora Myriam Coitinho, dijo acerca de los ingresos de serbios, montenegrinos y albaneses que se cuenta con los datos de movimientos migratorios que se controlan mediante veinte inspectorías distribuidas en quince departamentos del país. Según comparaciones que expuso Coitinho en la Comisión de Seguridad y Convivencia, hace trece años ingresaron 239 albaneses y egresaron 150; montenegrinos se registraron 325 ingresos y 301 egresos, y serbios, 5.375 ingresos y 5.439 egresos. En tanto, desde el año 2023, ingresos de albaneses se registraron 20; en 2024, 21; en 2025, 26, y de enero a agosto de este año, 14. Respecto a montenegrinos, en 2023 ingresaron 18; en 2024, 33; en 2025, 69, y en lo que va del año, 36. En cuanto a serbios, en 2023 ingresaron 500; en 2024, 395; en 2025, 651, y en lo que va del año, 420. Esos son los ingresos. En cuanto a egresos de albaneses, en 2023 fueron 7; en 2024, 11; en 2025, 15, y de enero a agosto, 11. Respecto a montenegrinos, en 2023 egresaron 20; en 2024, 32; en 2025, 65, y de enero a agosto, 39. En cuanto a serbios, en 2023 se registraron 501 egresos; en 2024, 400; en 2025, 643, y de enero a agosto, 429.
En el año 2023, Coitinho agregó que hubo personas que ingresaron que resolvieron permanecer en el país y optaron por tramitar la residencia, a fin de quedar por fuera del régimen turista. En este sentido, se registraron dos residencias de albaneses; en 2024, cero; en 2025, una, y en 2026, cero; en cuanto a montenegrinos, en 2026 se tramitó una residencia, y ninguna otra en años anteriores; y a serbios, en 2023 se registraron dos; en 2024, una; en 2025, dos, y en 2026, una. La jerarca indicó que “tenemos que hacer foco en los controles en las personas que no optan por permanecer en el país”, y añadió que “los principales puntos de ingreso de estas nacionalidades son los puertos de Montevideo y de Colonia y el Aeropuerto Internacional Carrasco”.
En todo el país —explicó Coitinho— funciona el Sistema de Información de Migración —en los puentes está por implementarse—, que cuenta con biometría. Sin perjuicio de eso, el sistema anterior, Registro y Análisis de Movimientos Migratorios, también estaba interconectado con la base del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y con la base de Interpol. Asimismo, se sumó al control un mecanismo: la Información Anticipada de Pasajeros. “Si bien creo que en 2017 se dictó un decreto sobre esta información, era solo para el Aeropuerto Internacional de Carrasco, pero recientemente se amplió el decreto para obtener información anticipada de pasajeros también de los pasos fluviales y terrestres”.
Coitinho añadió que “en este momento se encuentra en implementación para que todas las empresas se registren, a fin de que obtengan información para que cumplan la Información Anticipada de Pasajeros”, y sintetizó que “será un mecanismo hábil para conocer anticipadamente las personas que van a viajar al país. No nos referimos solo a estas nacionalidades, sino a todas. Creo que eso va a ser un punto diferencial en lo que tiene que ver con los controles”.
Lo que voy a decir se llama "nunca dije"
El ministro del Interior, Carlos Negro, respondió a los legisladores de la oposición en la Comisión de Seguridad y Convivencia que “nunca dije que íbamos a crear dos mil cargos nuevos de policías. Nunca lo dije. Lo que dije es que el Ministerio iba a incorporar más de dos policías nuevos. Son cosas absolutamente distintas crear dos mil cargos que ingresar más de dos mil policías nuevos. Estamos cumpliendo con el anuncio de que íbamos a incorporar más de dos mil policías nuevos —ya superamos esa cifra—, pero no que íbamos a crear dos mil cargos. Es sustancialmente distinto. Tampoco dije nunca que que se mataran entre ellos era algo aceptable o bien visto por la ciudadanía, o que me parecía a mí que estaba bien visto por la ciudadanía. Muy por el contrario. Lo que yo dije fue —y quiero ser muy claro en esto—: el que se maten entre ellos no puede ser una respuesta del Estado. No podemos aceptar que haya muertes que nos importen menos por quiénes eran sus víctimas o por las circunstancias en las que ocurrieron. Cada homicidio nos interpela como Estado y como sociedad, y frente a cada uno tenemos la misma responsabilidad: investigar, esclarecer y trabajar para evitar que vuelva a ocurrir, porque ninguna vida puede quedar fuera de la responsabilidad del Estado. Eso fue lo que yo dije”.
Tendencia según quién mire
Respecto a los homicidios, el ministro Carlos Negro dijo que le llama la atención que “el año pasado, durante un período bastante extenso, un año, se había registrado una baja sostenida trimestre a trimestre. Nosotros entendimos que eso podía constituir una tendencia. Quizá esa tendencia ahora no se confirma y se revierte. Ahora bien, en un período mucho más corto, la mitad, dos trimestres, sí se pretende construir una tendencia, y ahora sí se afirma que es al alza. Pero el año pasado, con un año, no lo era o estaba mal decirlo. Hemos insistido en la necesidad de contar con ciclos más o menos extensos para poder sacar conclusiones sobre la aplicación de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en el último trimestre, por ejemplo, tuvimos meses con 41 y 43 homicidios. Estamos hablando de julio y de agosto. Pero tuvimos un mes de setiembre con 27. Tuvimos 43 homicidios en un mes y 27 en el otro. La diferencia es muy grande. Esos son los problemas de tomar ciclos cortos y ahí sacar conclusiones.
El mes de octubre viene con una tendencia muy similar a la del mes de setiembre. Pero no podemos sacar la conclusión de que hay una baja de los homicidios. Mucho menos podemos hacer un pronóstico a fin de año y decir que se van a superar los homicidios de 2018. Eso, por lo menos, es arriesgado. Además, no tiene ningún tipo de rigor científico. Ninguno. Es tirar los caracoles o tirar los búzios, prácticamente. No podemos decir ni que va a pasar eso, ni que no va a pasar. Hay que esperar a tener los números y luego sacar las conclusiones, y ver cuántos homicidios hay a fin de año, a ver si son menos que el año pasado, más que el año pasado, si superan los 400 o no, si llegamos a 2018 o no”. Creo que todos los que estamos aquí —continuó el ministro Negro— esperamos que no, aunque parezca que a veces algunos representantes y legisladores se ponen contentos cuando hay una suba en los homicidios.
Sobre que ha involucionado la aclaración de homicidios, los datos policiales con los que cuenta el Ministerio del Interior, se distinguió que una cosa es la aclaración policial y otra cosa es la aclaración judicial, los datos policiales con los que cuenta el Ministerio dicen que estamos en un 66 % de aclaración respecto a un 60 % de 2024. “O sea que policialmente estamos por arriba. Ahora, si vamos a los datos del Observatorio, tenemos que de enero a setiembre de 2025, hay un 58,2, y de enero a setiembre de 2026 tenemos un 57”.
El ministro Carlos Negro recordó que “me tocó también ver en la Fiscalía cómo una vez sí y otra también, desde el Gobierno anterior, se atribuía a la Fiscalía la filtración. De una carpeta investigativa tenía conocimiento el abogado, tenía conocimiento el fiscal, tenía conocimiento el imputado, tenía conocimiento la víctima, la Policía, pero la única que filtraba era la Fiscalía. Hubo ríos de tinta y declaraciones de legisladores y de agentes del Gobierno anterior diciendo que la Fiscalía filtraba. Evidencia: cero; prueba: ninguna. Pero parece que dudas no tenían. Ahora cambió, no sabemos por qué —o tal vez lo sabemos—, pero todas las filtraciones son de la Policía. ¡Todas! ¡En la Fiscalía no se filtra más! De los quinientos agentes fiscales que hay a lo largo y ancho del país, ninguno filtra más. ¡Se terminó eso! Existe independencia técnica y cada uno hace lo que entiende, pero nadie filtra más nada. Ahora, los que filtran son los policías. Evidencia: por ahora ninguna”. Es más; cuesta creer que un investigador de la trayectoria de Robert Correa vaya a filtrar una filmación en la que él se encuentra hablando y sale su voz, incluso sus rastros y sus trazas. ¡Cuesta mucho creer que eso ocurra! Sin embargo, el principal señalado parece ser el oficial Robert Correa.
Cambiarle el nombre al delito asociación para delinquir
El ministro del Interior dijo que se va a lograr, que “ya hay 1.500 funcionarios que están en formación y son parte de estos 1.500 que van a ingresar. No nos olvidemos de que cuando el Gobierno pasado, en 2023, decidió incrementar vacantes, recién en 2025 las pudimos llenar, en esta gestión. O sea que esto lleva tiempo. Le llevaba tiempo al Gobierno anterior y nos lleva tiempo a nosotros”.
Acerca de la situación de la gente en calle, el ministro del Interior dijo que se verifica “un crecimiento día a día también por el egreso de población carcelaria”. Con este nefasto número de 17 mil personas privadas de libertad, un país como Uruguay no debería tener nunca una población carcelaria que esté entre las diez más importantes del mundo. Eso nos debería, primero, llamar la atención, y después dar vergüenza”. En la década del noventa —continuó Negro—, teníamos 1000 privados de libertad, y hoy 17 mil. ¿Qué hemos hecho? Además, ¿dio resultado? ¿Bajaron los delitos? Estoy hablando de que a partir del año 1995, con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, todas las leyes sistemáticamente crearon delitos y aumentaron penas. “Hoy se nos propone crear un delito que penalice a quienes integren bandas criminales. Y con la asociación para delinquir, ¿qué hacemos? ¡Ah!, le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre, y tenemos otro delito. ¡Ya tenemos la asociación para delinquir, no hace falta cambiar el nombre! El delincuente no va a dejar de integrar una banda criminal porque le cambiemos el nombre al delito. ¿Va a decir que ahora sí se queda en la casa? No va a pasar; no funciona así. Ese realismo mágico punitivo ha determinado la población carcelaria que tenemos, la problemática de la gente en calle y, sobre todo, la violencia de la gente en calle, que sale de la cárcel con unas dinámicas de violencia extrema a hacer esa misma vida de pabellón enfrente de la casa de uno”.
El ministro del Interior dijo que en respuesta a esa situación se implementó el Plan Invierno, y recordó que durante su infancia, “los que vivían y rompían las latas de basura eran los perros sueltos, que enloquecían a nuestras madres tirando la basura por toda la calle. ¡Hoy son seres humanos los que hacen eso! Hoy nos escandalizamos porque nos tiran la basura de los contenedores, no por el ser humano que está adentro. Obviamente, también utilizamos la Ley de Faltas; nunca dejamos de utilizarla, pero todos sabemos que tiene un marco muy acotado. Es simplemente una herramienta que utilizamos para levantar a una persona sin su consentimiento y llevarla a determinado lugar. La segunda parte de la Ley de Faltas, que tiene que ver con imponerle una sanción por haber cometido la falta en espacios públicos, solo se aplicó cuatro o cinco veces en cinco o seis años”.
“O sea, una herramienta como la Ley de Faltas no sirvió para lo que fue creada, que era imponer una sanción en virtud de haber cometido la falta de ocupar un espacio público. Eso nunca ocurrió. Esa fue una ley que se diseñó sin tener ni siquiera mínimamente conocimiento de a quién se le iba a aplicar. Una persona que no tiene el mínimo respeto ni conocimiento ni capacidad de entender y determinarse, no va a hacer un trabajo comunitario; no va a ir a estudiar ni a trabajar en la plaza, pero el legislador de la época entendió que mágicamente eso iba a solucionar el problema de la gente en calle. ¿Lo logró? ¡No! Ese es otro fracaso de este tipo de normas que intentan modificar una realidad a través de una cuestión normativa”.
Por su lado, el jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que “desde nuestra gestión en la Jefatura de Montevideo, que lleva 123 días, realizamos un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación para que las personas privadas de libertad puedan salir a trabajar. Van a estar asistiendo a algunas tareas de limpieza y acondicionamiento de la Jefatura. Esas personas privadas de libertad que están en proceso de preegreso van a salir con los equipos que levantan a las personas que están infringiendo la Ley de Faltas para apoyarlos con el retiro de carpas y residuos que, obviamente, colocan en un camión para luego ser llevados al depósito final de Felipe Cardoso”.
