El Gobierno exhortó a todos los legisladores a presentarse ante Fiscalía por la filtración de información que se dio después de la sesión secreta entre integrantes del Parlamento y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé.
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Este jueves, la vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió con los coordinadores de todas las bancadas para presentar un informe “contundente” elaborado por el área jurídica del Poder Legislativo. “Exhortamos, todos juntos, a los legisladores que estuvieron presentes en esa comisión a voluntariamente concurrir en el ámbito de la Fiscalía a efectos de aclarar todo este proceso, que nos interesa que se aclare”, expresó la jerarca en conferencia de prensa después de la instancia.
En este sentido, Argimón informó que el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, propuso que los legisladores brinden la posibilidad de acceder a sus celulares “con el fin de seguir contribuyendo a la investigación”.
El presidente de la Cámara de Representantes y diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, también hizo uso de la palabra y calificó la situación como “grave”.
“Nosotros no determinamos el alcance de la investigación de Fiscalía, ni quiénes tendrán que ser investigados, lo que sí podemos hacer desde este ámbito es exhortar a los legisladores y funcionarios que estuvieron presentes en esa sesión, en la que el director de Inteligencia entregó esa información, a comparecer voluntariamente ante la Fiscalía”, afirmó Pasquet.
Además, apoyó la propuesta de Vega. “Es simplemente una exhortación, no tiene alcance obligatorio, no está en nuestras facultades hacerlo, pero nos parece que, de esa manera, se contribuiría positivamente a la investigación”, agregó.
El contenido del plan
Ya sea un punteo o el plan en sí mismo, lo cierto es que en la información que hizo pública MVD Noticias se da cuenta del trabajo de la Secretaría de Inteligencia con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia, y encarga a la Policía, a la cancillería, a Aduanas y Defensa Nacional la “recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas”, así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.
Asimismo, las Comisiones Administradoras de los ríos De la Plata y Uruguay tienen encargado brindar información sobre “ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas”, actividad que será coordinada por cancillería, así como Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.
En otro de los incisos, el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre “grupos o personas que inciten a la violencia” y la “usurpación de espacios públicos o privados” así como los “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios”.