El Frente Amplio (FA) cuestionó duramente al gobierno luego de la resolución primaria tomada por la comisión investigadora parlamentaria sobre las faltas de sindicalistas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2019. La oposición acusa al gobierno de llevar a cabo una “persecución política y sindical” para “deslegitimar” la gestión educativa del Frente Amplio de los últimos 15 años.
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El FA acusó al gobierno de querer “deslegitimar” la gestión educativa anterior. Foto: Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
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El pasado lunes los legisladores de la coalición de gobierno hicieron público su dictamen, que considera que exjerarcas de Secundaria y dirigentes de Fenapes cometieron “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”. La resolución nombró explícitamente a cinco sindicalistas y a dos consejeros de Secundaria en el último gobierno del FA, Celsa Puente y Javier Landoni.
El FA mostró su “apoyo y solidaridad a los compañeros y las compañeras que son sometidas al escarnio público” en el marco de una comisión investigadora “que actuó por fuera de las competencias que la ley le asigna”. Como lo había manifestado la bancada del FA y Fenapes en dos conferencias de prensa, la ley que regula el funcionamiento de este tipo de comisiones deja en claro que no se puede investigar a entidades que se rigen bajo el derecho privado.
Además, la mesa política considera que el accionar de la comisión se enmarca “en una clara persecución política y sindical” del gobierno de coalición, “con la finalidad de deslegitimar la gestión educativa llevada adelante durante los 15 años de gobierno frenteamplista”. En ese sentido, la oposición “destaca el desempeño y el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de la educación”, y también “defiende los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva”.
Finalmente, el FA muestra su “preocupación ante el daño que estas acciones generan en las instituciones democráticas y en los derechos de la ciudadanía”. Según se agrega, el partido de oposición entiende que el Parlamento es tomado “de rehén para ejecutar prácticas persecutorias y antidemocráticas que obedecen a fines revanchistas y personales”.
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