García señaló que la institución del país que asesora en materia naval es la Armada Nacional, y apuntó que “no hubo uno”, sino “dos informes técnicos de la Armada Nacional que recomendaron la decisión” que adoptó el gobierno anterior. “Lo raro hubiera sido que hubiéramos tomado un criterio que no seguía lo que nos asesoraba la Armada Nacional y que, aparte, hubiera sido más caro”, añadió. En ese hipotético caso, señaló, le preguntarían “por qué eligió uno más caro que las otras opciones y que no fueron las que eligió la Armada Nacional”
“Yo decidí, asesorado por la Armada Nacional, en reiteración real, con fundamentos técnicos. Con un agregado que es muy importante. Este es un proceso de 20 años que no se resolvió, en el que al final se analizaron propuestas de ocho astilleros. Una vez que tomamos la decisión, no hubo ningún recurso ni impugnación de las otras empresas sobre la decisión tomada”, aseguró García, y sostuvo que “no es común en el Estado que en una licitación las empresas que se presentan no recurran cuando no son elegidas”.
La visión del Frente Amplio
El diputado de Frente Amplio Joaquín Garlo manifestó que, a pesar de que García haya afirmado que las decisiones se basaron en informes técnicos, “no se ha podido esclarecer por qué entre 2022 y 2023 el Ministerio de Defensa desoyó a la comisión técnica de la Armada que había establecido más de 80 requisitos para la contratación de un astillero para la adquisición de patrulleros oceánicos”, y luego en 2023 “llamativamente” se disminuyó a solo tres requisitos.
El diputado del FA dijo que le preguntaron “especialmente” a García “si esa disminución de las exigencias técnicas tenía que ver con que el proceso de compra de 2023 había iniciado con la oferta de Cardama”, pero no escucharon “una respuesta a esa pregunta”.
Garlo subrayó que este es “un punto no menor, porque esa disminución de exigencias lleva, en definitiva, a que después se dé todo el proceso de reuniones entre Cardama y oficiales de la Armada, de donde surgen cambios a la propuesta inicial de Cardama que se termina sustanciando en el contrato que se firma en el año 2023”.
El diputado del FA dijo que también le preguntaron a García “quién lo había asesorado sobre el tema de las garantías, y él insistió en que la responsabilidad era totalmente política y que él se hacía cargo de todos esos aspectos”.
Por último, consultado sobre si el oficialismo reafirma las responsabilidades políticas de García en este caso, Garlo dijo que “esas conclusiones llegarán al final del proceso”; por lo tanto, el oficialismo no se apresurara a “realizar valoraciones, teniendo en cuenta que todavía faltan comparecencias muy importantes en la comisión, como la del exministro Castaingdebat”.
