FA interpela al ministro de Ambiente por Arazatí

Bouvier aseguró que la instancia será constructiva y permitirá evacuar dudas sobre la planta y la reciente asignación. "Vamos a ir al Parlamento con el ánimo de aclarar las dudas que tienen los legisladores y el miembro interpelante en un proceso de una obra que va a ser un hito", dijo. El secretario de Estado aseguró que se trata de la obra más grande que va a tener el país en 150 años en cuanto a suministro de agua.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, dijo en las últimas horas que el apoyo de su partido al ministro dependerá de las respuestas que de en la interpelación. El partido liderado por Guido Manini Ríos cuestiona que sea la mejor inversión.

En tanto Felipe Carballo aseguró que son preocupantes las últimas decisiones tomadas por el directorio de OSE en cuanto a la adjudicación. "A nuestro entender se apuraron", aseguró el diputado frenteamplista en referencia a que la interpelación ya estaba preparada -y está programada desde hace un mes-. Agregó que "desde el punto de vista de la justicia civil, sabemos de que se había incorporado un recurso de amparo que seguramente el Estado se va a tener que aprontar para algún juicio".

"Lamentablemente se confirma lo que nos lleva a interpelar al Ministro", manifestó el pasado miércoles en su cuenta de Twitter, reafirmando la decisión tras darse a conocer la adjudicación y lo calificó de "una decisión nefasta" en términos económicos. A lo que agregó: "Injustificables los sobrecostos del proyecto, lo visible es que solo hay cifras millonarias a favor de alguien u pérdidas y costos desmedidos para OSE".

El consorcio adjudicatario fue "Aguas de Montevideo" integrado por las empresas Berkes SA, SACEEM SA, CIEMSA y FAST Ltda., quien fue el que presentó el proyecto original. De la información divulgada por el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, se desprende que el costo total del Proyecto Arazatí sería de 890 millones de dólares, mientras que la estimación inicial había sido menos de la cuarta parte.

Para la fuerza política interpelante, el procedimiento es "ilegal e inconstitucional". "Pensamos que esto nunca tendría que haber sido una iniciativa privada", expresó el diputado Carballo y subrayan que el agua es propiedad del Estado y no de los privados.