La situación de los extrabajadores de Casa de Galicia sigue en el ojo de la tormenta. En las últimas horas el Frente Amplio (FA) recolectó firmas de legisladores para tratar el 28 de noviembre en la Asamblea General el veto del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ley que cubre parte de los adeudos de los extrabajadores que aprobó el Parlamento.
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Este martes, el oficialismo propuso en la reunión de coordinación de bancada que la Asamblea General sesione el 6 de diciembre, algo que ya quedó confirmado, pero de todos modos la oposición optó por solicitarle que la convocatoria se entregue una semana antes a la presidenta del Parlamento. Por el momento, no hubo respuesta.
En declaraciones a La Diaria, el senador frenteamplista Daniel Caggiani indicó que la “urgencia” para tratar el veto se debe a que buscan “resolver” la ley que ya fue aprobada. “Queremos que se promulgue la ley que ya fue aprobada por parte del Parlamento, de las dos cámaras, que tuvo una mayoría política y social importante”, señaló con referencia.
El legislador del FA indicó que “lamentablemente” la ley fue vetada “sin fundamento” por el presidente de la República, por lo que quieren que “cuanto antes se levante el veto y se pueda promulgar la ley y que los trabajadores puedan percibir un derecho que, sin dudas, hace dos años están intentando conseguir y, lamentablemente, cada vez que logran avanzar algo, terminan casi muriendo en la orilla”. Caggiani espera que la respuesta desde la presidencia de la Asamblea General “sea positiva” para que lo antes posible se pueda citar la sesión.
“Cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad social” y además defienda las “competencias” del Parlamento “debería, por lo menos, pararse del lado de la justicia”, que implica, entre otras cosas, tratar de “resarcir en cierto sentido”, y “darle la herramienta” al Poder Ejecutivo para que los trabajadores “puedan conseguir un nuevo trabajo”. Sobre todo, dijo Caggiani, para que “por lo menos” se instrumente la ley que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, que “lamentablemente” el gobierno “interpretó en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país”.