Fiscal Fleitas vuelve a la carga: va por arresto domiciliario total y tobillera para Charles Carrera

La causa contra Carrera que se originó en un hecho del año 2012, la inició el exministro del Interior, Luis Alberto Heber (PN), en 2022. Heber indicó que un hecho del año 2012 —cuando el exsenador del MPP ocupaba la secretaría general del Ministerio del Interior— fue ilegítimo. Hace 13 años, el Ministerio del Interior encabezado por Eduardo Bonomi brindó asistencia a un vecino de La Paloma, Rocha, Víctor Hernández, quien quedó parapléjico por una bala que fue disparada el 11 de noviembre de 2012, cercana a su casa. La fiscalía investiga si la ayuda económica y hospitalaria se otorgaron de forma ilegítima. Ahora la fiscal Sandra Fleitas, de cara al juicio oral, sumará prueba testimonial y, ante este panorama, la fiscal sostuvo en junio pasado, durante la audiencia de formalización de Carrera, que es conveniente disponer medidas cautelares de arresto total en domicilio, tobillera electrónica e impedir el uso de redes sociales. Ante el planteo “desproporcionado” de la fiscal Fleitas —como calificó la jueza Lorena Juliano— en la audiencia quedó establecido que “por fiscalía ya pasaron decenas de testigos en una causa que está activa desde hace 3 años y no quedó registrado en ningún momento que Carrera quisiera entorpecer la investigación”, sostuvo la magistrada, que finalmente dispuso la constitución de domicilio y el cierre de fronteras, medidas que se extendieron, recientemente, hasta febrero próximo. En tanto, en esta causa ya declaró como testigo protegido una persona que resolvió testificar bajo esa protección por miedo a represalias de la administración encabezada en ese momento por el exministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Fleitas: cambio de planes

En la audiencia pasada, cuando se formalizó a Carrera, la fiscal pidió por primera vez la colocación de tobillera y arresto total en domicilio, extremos que la fiscal tiene previsto reiterar el próximo lunes cuando anuncie las pruebas que incorporará a la carpeta investigativa y que podrían ser vulneradas —sostiene la fiscal Fleitas— si es que no se disponen las medidas limitativas que pretende. La fiscal dijo en la audiencia pasada que “no iba a pedirlas (a las medidas cautelares), pero ahora las voy a pedir”, así comenzó a expresar su fundamento en la audiencia ante la jueza Juliano, en junio pasado. En esa instancia el cambio de planes de la fiscal no se explicitó mayormente, y de inmediato dijo que “me falta tomar declaración a personal del Hospital Policial y a testigos que trasladaron en ambulancia a los hermanos Hernández hasta su casa”. Fleitas agregó que una vez que Carrera se notificó de la formalización, el imputado hizo un tuit expresando que estaba siendo objeto de una operación política y además emitió juicio de valor sobre la fiscal Fleitas. La fiscal también consideró que se sintió amedrentada porque Carrera manifestó públicamente que podría presentar recursos de nulidad. Ante este extremo, la abogada de Carrera, Lucía Fernández, subrayó que los recursos de nulidad están regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Seguidamente, la fiscal dijo: “Si es capaz de hacer un raid en medios de prensa haciendo valoraciones (sobre su persona, entre otras, dijo la fiscal), ¿qué podría hacer con los testigos sino incidir que declaren a su favor?”. El abogado de Carrera, Juan Manuel González Rossi, dijo que el entorpecimiento debe acreditarse y precisamente no fue acreditado ningún riesgo procesal que explique las medidas cautelares pedidas por la fiscal. “No se entiende en qué afecta a la fiscalía que se haga un tuit por parte de Carrera”, dijo González y preguntó en la audiencia: “¿Prisión domiciliaria para que no siga hablando? No se pueden coartar los derechos de ningún imputado porque exprese que recusaría a la fiscal.

Origen: arma perdida y sumario

La casa del subcomisario Marcos Martínez, en La Paloma, Rocha, se ubicaba cercana a la de Víctor Hernández, y cuando éste fue baleado de gravedad, se presumió entonces la responsabilidad del Ministerio del Interior, porque en ese momento todo indicaba que los disparos provinieron de la casa de Martínez, quien esa noche festejaba su cumpleaños. Finalmente, tras la investigación policial no se comprobó que los disparos vinieran de ese lugar, pero la posible responsabilidad del subcomisario en los disparos que hirieron de por vida a Hernández se apoyó, en principio, en el resultado de un sumario con suspensión de su función y retención de haberes iniciado por Asuntos Internos.

En el sumario instruido al subcomisario Martínez se indicó que “es menester expresar que en el momento en que fue puesto en conocimiento sobre la existencia del disparo de arma de fuego y quejidos de una persona en la zona, su deber y obligación como funcionario policial era verificar la situación y realizar actuaciones”. Además de ese contexto, entre julio y noviembre de 2012 se había extraviado un arma de la Seccional Policial de La Paloma, más precisamente un rifle calibre 22, marca CZ número de fábrica 685382. Y en función de la pericia realizada por el perito Curbelo, la bala hallada en el cuerpo del vecino Víctor Hernández podría corresponder a un rifle de calibre menor. En tanto, en 2014, en el marco del sumario administrativo por el arma perdida, se sancionó al subcomisario Marcos Martínez por haberse extraviado de la comisaría, durante su mandato, un rifle calibre 22. Quedó comprobado, asimismo, en el procedimiento sumarial que el día 20 de diciembre de 2012 el subcomisario Martínez envió un mensaje de texto desde su celular con las características y número del rifle. Además, hubo un sinnúmero de versiones de testigos que dieron cuenta que en la mañana siguiente a los hechos un grupo de policías de la zona buscaron casquillos en el lugar, extremo que mostraría que no se preservó la escena del hecho. Este punto se suma a que el subcomisario Marcos Martínez declaró que luego esa noche fue a su casa a bañarse, punto que también demuestra la falta de preservación. En agosto de 2022, el programa de streaming de Caras y Caretas, Legítima Defensa, informó sobre las declaraciones del exdiputado del Partido Nacional José Carlos Cardoso acerca de que también él solicitó entonces al ministro Bonomi que prestara asistencia al herido “porque vivía en condiciones prácticamente de indigencia”, dijo Cardoso. También en el año 2012 se sumó el pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos: “Todo daba cuenta de que la responsabilidad venía del Ministerio del Interior”. El análisis inicial venía todo en la línea de que la responsabilidad era del Ministerio del Interior. La causa Charles Carrera, que investiga la fiscal Sandra Fleitas, fue denunciada ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos.