La diputada y coordinadora de la bancada del Frente Amplio (FA), Ana Olivera, informó este sábado en conferencia de prensa sobre la reasignación de importantes partidas en el presupuesto, las cuales superan los $400 millones y priorizan la inversión en la educación superior, la investigación científica y la mejora del sistema judicial.
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Prioridades del presupuesto
Entre las principales asignaciones de recursos, se destinarán $230 millones para la Universidad de la República (UDELAR), enfocados en impulsar la descentralización, fortalecer el sistema de becas y financiar cargos de dedicación total. La Universidad Tecnológica (UTEC) recibirá $80 millones con el objetivo de consolidar su presencia en los 15 departamentos del país y ampliar el acceso a becas estudiantiles. Además, se reasignaron $60 millones para el Hospital de Clínicas, subrayando su rol esencial en la formación universitaria y la atención pública.
En el área de ciencia e innovación, se destinan $24 millones para los Parques Tecnológicos de Pando y Rivera, promoviendo el desarrollo académico e innovador. Las reasignaciones también contemplan fondos para el Instituto Clemente Estable, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el apoyo a dos parques industriales (uno en Pando, Canelones, y otro en Rivera) y partidas para el Ministerio de Educación y Cultura, incluyendo un programa de alfabetización en cárceles. Se suma el apoyo a la Cinemateca Uruguaya y al teatro independiente.
Más allá de los montos específicos, la diputada Olivera destacó la relevancia de los acuerdos alcanzados con otros partidos políticos en temas de alta sensibilidad social como la discapacidad y la violencia basada en género.
Finalmente, en el área judicial, la coordinadora de la bancada informó sobre un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la equiparación salarial entre fiscales y jueces, destinando $40 millones de pesos para este fin. La diputada también resaltó un avance largamente solicitado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ): la Corte ya no necesitará la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para realizar determinadas transposiciones de rubros, lo que Olivera calificó como “una viejísima reivindicación de la SCJ”.
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