El caso del MIDES se constituyó en noticia a principios de semana cuando se informó que el 25 de febrero pasado el expresidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución por la cual se contrata a la Fundación A Ganar por un total de 3.600.000 dólares para gestionar y hacer el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía habilitados por esa secretaría de Estado. El contrato tiene vigencia desde diciembre de 2024 hasta diciembre de este año.
La primera reacción oficial provino del senador frentista Eduardo Brenta, quien el pasado miércoles cursó un pedido de informes dirigido al Tribunal de Cuentas, a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, a todos los gobiernos departamentales y a todas las secretarías de Estado a los efectos de que le remitan la siguiente información:
1) Todas las compras realizadas a la Fundación A Ganar en el período comprendido entre el 1 de marzo del 2020 y el 28 de febrero de 2025.
2) La modalidad de contrato realizado.
3) El objeto del contrato.
4) El monto del contrato.
5) El período de duración del mismo.
Si los gobiernos departamentales respondieran —en Maldonado hubo que recurrir a la Justicia para que la Intendencia lo hiciera—, probablemente el senador requirente, y luego la ciudadanía, se llevarían una sorpresa mayúscula.
La Fundación A Ganar ha recibido millones de dólares, seguro mucho más de 20 millones, para acomodar gente en condiciones de precariedad, sin ningún derecho laboral, probablemente evadiendo impuestos, violentando sus propios principios rectores como ONG, si lo fuera, porque en Maldonado las resoluciones la citan como “empresa”. Pero de esta forma los gobiernos sostienen un perverso clientelismo político que ata las necesidades de la gente al voto al mandamás de turno. Más claro, se trata de personas contratadas que pueden ser cesadas en cualquier momento sin razón aparente.
Algunos docentes contratados en Maldonado a través de la Fundación dijeron a ediles de la oposición que “después de su horario de trabajo tienen que hacer lo que ellos llaman ‘hora militante’”. Cuando son convocados deben ir a actos, a repartir listas o pintar cartelería porque “pasan lista y si no estás no te renuevan el contrato”.
La Fundación cuenta con el apoyo de Presidencia de la República, del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), del Mides y de empresas como Microsoft, Coca-Cola, Kolping Uruguay, Fundación Astur, Liceo Jubilar Juan Pablo II, Electroquímica, Tenfield y el Estudio Posadas, Posadas & Vecino.
Los contratos con el Estado son millonarios. En el año 2020, y solo con el Gobierno de Maldonado, firmó un convenio por el que recibiría 270 millones de pesos, casi 7 millones de dólares. Pero además tiene contratos extras por centenares de miles de pesos mensuales, lo que eleva la cifra a casi 11 millones de dólares en dos años. Por cada uno de esos contratos la Fundación percibe entre el 5 % y el 8 % de los sueldos nominales que paga, como “gastos de administración”, dependiendo de qué organismo se trate, más 2.500 pesos por cada alumno que participa de los innumerables talleres que organiza. Sin embargo “tienen un plan de acuerdo a las posibilidades del cliente”.
Todos estos contratos han sido observados por el Tribunal de Cuentas de la República, pero, al no existir sanción, se reiteran una y otra vez.
Fundada en el año 2005, tiene el objetivo de “potenciar el desarrollo integral de hombres y mujeres, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de un espacio de contención y referencia, el trabajo en valores, la capacitación técnica, la inserción laboral y la inclusión social, utilizando el poder transformador del deporte y la tecnología”, según expresan en su web. Desde el principio estuvo dirigida por Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía y exsenador blanco Ignacio de Posadas. La señora falleció en el 2022, pero hacía ya un tiempo que había delegado la presidencia en Alejandro Rico, hombre muy vinculado al expresidente Luis Lacalle Herrera, que se desempeñó como director del Instituto Nacional de la Juventud y asesor, entre otros, del intendente de Maldonado, Enrique Antía.
Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez, amigo y secretario particular del expresidente de la República Luis Lacalle Pou, se desempeña como subdirectora técnica. A su vez, el secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, es hermano de la secretaria técnica de la Fundación y del secretario privado de Lacalle.
En los documentos obtenidos por Caras y Caretas surge una curiosidad que debería llamar la atención a las autoridades. La Fundación se define como una ONG y por tanto está regulada por estatutos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura. Como tal, no debe tener fines de lucro, pero ocurre que cobra por sus servicios. Como ONG está exenta del pago de impuestos y aportes patronales, pero en varias resoluciones la Intendencia de Maldonado la define como “la empresa”. En tal caso, debería pagar impuestos y, si no lo hizo, se le deberán reclamar.
El Tribunal de Cuentas ha sido preciso: “Por algunos servicios que presta debe pagar IVA”, pero nunca lo hizo. El argumento usado por los organismos públicos que la han contratado se reitera: tomando personal a través de una fundación no tienen que pagar aportes patronales al BPS. O sea, contribuyen a la desfinanciación de la previsión social.
El caso Maldonado
A través de la Fundación A Ganar, la Intendencia de Maldonado ha logrado contratar una cifra imprecisa de funcionarios que algunos sitúan en algo más de 1.000 y otros dicen que son cerca de 3.000. La imprecisión puede parecer grave, pero ocurre que no es sencillo saber cuántos programas, cuántos cursos, cuántas pequeñas empresas están contratadas por la Intendencia usando a la Fundación A Ganar, porque el Gobierno departamental oculta información. Tanto que, como no respondía los pedidos de informes realizados por ediles frentistas ni por Adeom, tuvieron que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública y finalmente a la Justicia, que ordenó remitir lo solicitado. Pero nadie puede asegurar que la respuesta tenga toda la información.
Reiteradamente las direcciones de Deportes, Cultura, Tránsito y Transporte, Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud recurren a esa institución privada para contratar personal zafral o permanente. Además, son decenas las pequeñas empresas que se dedican al barrido de calles y mantenimiento de espacios públicos en todo el departamento. Varias han ganado licitaciones, pero otras fueron contratadas por la Fundación. Casi todas estas empresas están dirigidas por gente cercana al Gobierno nacionalista.
Las oficinas de la propia Intendencia tienen un buen número de administrativos y personal de servicio ingresado de la misma forma y fácilmente distinguible porque usan otro uniforme. También se la ha contratado para “gerenciar” los jornales solidarios.
El diputado Joaquín Garlo (FA) dijo a Caras y Caretas que la Fundación “se ha transformado en una agencia de colocación de militantes del Partido Nacional”. Y agregó a modo de ejemplo que “en el municipio de Garzón los únicos funcionarios públicos son los choferes y maquinistas, todo el personal administrativo son contratos de la Fundación A Ganar.
Esta Fundación fue contratada por Enrique Antía en el año 2015. Apenas asumió firmó la resolución 090278 que establece:
VISTO: las presentes actuaciones relativas al convenio de cooperación a suscribirse entre la Fundación A Ganar y esta Intendencia;
RESULTANDO: I) que la Administración se plantea como objetivo institucional lograr el diseño y la implementación de políticas sociales integrales, en búsqueda de la equidad social;
II) que la Fundación A Ganar es una institución con personería jurídica aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura, y tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo económico, social y cultural del ser humano, así como su inserción social y bienestar a través de actividades que beneficien a la comunidad y del apoyo, en todas las formas posibles, a la educación y a la capacitación de jóvenes y adultos en situación de desempleo;
CONSIDERANDO: I) que a la suscripción del convenio, ambas partes se comprometen a promover la inserción plena de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en todos los ámbitos de la sociedad, a través del fomento de programas que articulen los esfuerzos e iniciativas de ambas instituciones;
II) que se implementarán proyectos de educación, recreación, deporte, capacitación y apoyo a la inserción laboral y social, con énfasis en personas provenientes de contextos sociales críticos;
III) que en actuación Nº 3 la Dirección de Asesoría Jurídica no tiene objeciones en realizar al referido convenio;
El intendente dispone suscribir un Convenio de Cooperación entre la Fundación A Ganar y esta Intendencia, de acuerdo al documento anexado en Actuación Nº 1, con la recomendación formulada por la Dirección de Asesoría Jurídica en Actuación Nº 3.
Con fecha 17 de diciembre de 2015, se firmó un Convenio de Cooperación con la Fundación "A GANAR".
RESULTANDO: I) Que el Numeral TERCERO- deja prevista que "las partes podrán elaborar y celebrar los acuerdos complementarios o convenios que entiendan necesarios a los efectos de fortalecer el proceso de ejecución...",
II) Que se dictaron las Resoluciones 09138/2015 y 09476/2015 disponiendo suscribir Acuerdos Complementarios para cubrir la Atención de los Centros Infantiles y Verano.
III) Que se dictó la Resolución 09178/2015 disponiendo suscribir Acuerdo Complementario con el objeto de contar con servicios de barrido y limpieza en la Ciudad de Maldonado.
El siguiente es un resumen de algunos contratos que figuran en la web de la Intendencia de Maldonado:
• La Dirección General de Higiene y Medio Ambiente requiere treinta y siete obreros y tres capataces con sus uniformes, implementos de seguridad y cobertura del Banco de Seguros del Estado, para cumplir con las tareas de barrido y limpieza solicitadas. Se establece que el plazo del acuerdo será de seis meses, destinándose una dotación económica que permita viabilizar los trabajos de acuerdo al presupuesto anexado en actuación Nº 1.
• Se dispuso la suscripción de un Acuerdo Complementario (Acuerdo Específico por Resolución Nº 00382/2016) con el objeto de contar con servicios de limpieza y mantenimiento en las Policlínicas Sarubbi, Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, El Placer y Barrio Kennedy, cuyo plazo de vigencia es de seis meses. Se realizó reserva presupuestal para el pago de salarios y para el pago de honorarios de la Fundación A Ganar.
• La Dirección General de Desarrollo e Integración Social informa la conveniencia de cubrir hasta 165 puestos de trabajo en los Centros CAIV, en las categorías de ayudante de docente, cocinero/a, auxiliar de limpieza, auxiliar de cocina, sin ingreso a la función pública, y sugiere que el gerenciamiento se realice a través de una ONG. Se dispone suscribir un Acuerdo Complementario en el marco del Convenio de Cooperación existente con la Fundación A Ganar.
• La Unidad Coordinadora de Políticas Sociales aconsejó la contratación de 4 docentes titulados en Educación Física, 11 estudiantes avanzados de Educación Física y 6 personas en situación de discapacidad para tareas auxiliares. Señalando que dicho proyecto se ejecutará entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2018. El monto total para la contratación antedicha, incluyendo horas docentes, salarios nominales, incidencias y gastos de administración, asciende a 1.528.918 pesos.
• La Dirección General de Turismo solicitó 33 personas para cubrir los Centros de Información Turística. Se autorizó a la Fundación A Ganar a contratar ese personal hasta el 5 de marzo del 2017 por un monto total de hasta 2.458.500 pesos.
• La Unidad Asesora de Políticas Sociales recomendó la contratación de 10 promotores juveniles por el período de enero a febrero de 2017 a través de la Fundación A Ganar por un monto total de hasta 392.100 pesos.
• La Dirección de Políticas Inclusivas solicita la contratación de 4 licenciados en Educación Física, 5 estudiantes de la referida Licenciatura y 3 auxiliares desde el 2 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018.
• Se autoriza a "Fundación A Ganar” a contratar 8 docentes individualizados en actuación 1, con 140 horas mensuales cada uno, cuyo plazo será a partir del 26 de diciembre de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, en las condiciones señaladas por las Direcciones Generales de Deportes y Administración y Recursos Humanos.
• La Unidad Asesora de Políticas Sociales señala la necesidad de contar con hasta 23 cocineros, hasta 30 auxiliares de cocina, hasta 44 auxiliares de limpieza, hasta 22 auxiliares para personas con discapacidad y hasta 55 auxiliares docentes. Todo el personal auxiliar y cocineros cumplirán una carga semanal de 30 horas. En referencia a los docentes tanto de la Dirección General de Deportes como de la Dirección de Cultura, el número alcanza la cantidad de 49 personas, teniendo una carga horaria docente de hasta 135 horas en todo el período del programa. El monto global en lo que refiere a los recursos humanos asciende a la suma de 7.950.000 pesos.
• La Unidad Coordinadora de Políticas Sociales señaló la necesidad de contar con "hasta 21 cocineros, hasta 45 auxiliares de cocina, hasta 47 auxiliares de limpieza, hasta 24 auxiliares (en régimen de 6 horas diarias de tareas) para personas con discapacidad y 63 auxiliares docentes. Todo el personal auxiliar, con excepción de los auxiliares en situación de discapacidad, cumplirán una carga semanal de 44 horas. En referencia a los docentes tanto de la Dirección General de Deportes como de la Dirección General de Cultura, alcanza la suma de 33 personas, teniendo una carga horaria docente de 210 horas en todo el período del programa" para ser destinados a los Centros de Atención a la Infancia de Verano. La Intendencia autoriza hasta un tope global de 13.550.900 pesos pagaderos a la Fundación A Ganar.
• La Intendencia suscribió un Convenio con la Fundación A Ganar a fin de implementar un proyecto piloto para atender a adolescentes y jóvenes de la localidad La Capuera y su área de influencia, de acuerdo a lo informado por la Unidad Coordinadora de Políticas Sociales en Actuación Nº 5, autorizándose la instalación de los dos módulos funcionales en el inmueble identificado en las presentes actuaciones.
• La Dirección General de Administración y Recursos Humanos autorizó a Fundación A Ganar a realizar la supervisión y talleres de capacitación orientación laboral con motivo del Programa "Oportunidad Laboral".
- Se autoriza a la Fundación A Ganar a contratar 78 puestos sociolaborales y 9 encargados, por el plazo de seis meses. Los puestos se distribuirán de la siguiente manera:
Dirección General de Deportes: 35 puestos sociolaborales - 1 encargado.
Dirección General de Cultura: 29 puestos sociolaborales - 6 encargados.
Dirección General de Tránsito y Transporte: 6 puestos sociolaborales.
Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud: 8 puestos sociolaborales - 1 encargado.
• La Fundación A Ganar cobró 800.000 pesos por gerencias en el programa “Jornales Solidarios” solo en el año 2016.
- Se autoriza el pago a la firma FUNDACIÓN A GANAR de la suma de 10.148.797 pesos por concepto de convenios para pago de haberes y honorarios de septiembre 2017.
Al finalizar el año 2021, la Fundación A Ganar había cobrado, solo en Maldonado, 10.500.000 dólares, tal como lo informó en la Junta Departamental el edil herrerista Darwin Correa.
El caso Paysandú
Según publicó La Diaria, la exdiputada sanducera Cecilia Bottino indicó que en su departamento se utiliza a la Fundación A Ganar como “una herramienta totalmente clientelar” que, además, a su entender, lleva a la “precarización de las condiciones laborales”.
En el año 2022 el abogado Federico Álvarez Petraglia, en representación de la bancada de ediles del Frente Amplio de Paysandú, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía “que tres años después sigue cajoneada”, dijo el patrocinante. El escrito recuerda que “oportunamente en la Junta Departamental de Paysandú se formó una Comisión Investigadora con el objeto de estudiar el accionar del Gobierno departamental en la contratación de la Fundación A Ganar. En la misma se puso al descubierto que con la contratación de la Fundación A Ganar el Gobierno departamental de Paysandú habría cometido una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva pues, desde el punto de vista de los ediles de la minoría que integramos la Junta Departamental, estamos ante una maniobra que debe ser investigada en profundidad”.
La denuncia señala “el brutal recorte de derechos de los trabajadores municipales que eran parte de los CAIF, pasándolos a contratados por la Fundación”. El Ejecutivo, sin mayores escrúpulos, dijo que su intención era ahorrar 14.000.000 de pesos de aportes patronales provenientes de los trabajadores municipales que prestaban tareas en los CAIF. “Estos trabajadores dejaron de ser funcionarios municipales a consecuencia de este arreglo, pasando sin pena ni gloria de una calidad a otra, habiendo firmado una renuncia inaudita a sus derechos como funcionarios públicos, con el acompañamiento totalmente pasivo del gremio que los nucleaba”, dice el escrito.
El abogado denunciante informó que mediante esta forma contractual hay unas 500 personas pagadas por la Intendencia a través de la Fundación A Ganar, “pero son trabajadores que no tienen ningún derecho laboral”. Agregó que “el intendente Nicolás Olivera se jacta de haber reducido la plantilla municipal en algo más de 400 funcionarios, pero no dice que hay 400 y pico a los que se les paga por el rubro ‘gastos generales’”.
La denuncia señala que “la contratación de la Fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico y con su contratación solo se persiguió evadir los aportes a un órgano del Estado y tener, por parte de la Intendencia departamental, un mecanismo de ingreso de funcionarios sin ningún tipo de control ni concurso, facilitando el clientelismo político puro y duro”.
Por otro lado, y en una resolución del Tribunal de Cuentas que también vale para Maldonado, se establece que “la Fundación A Ganar le termina vendiendo un servicio a la Intendencia de Paysandú —gerenciamiento de recursos humanos— que se encuentra atrapado por el Impuesto al Valor Agregado, tributo que, por supuesto, no fue contemplado ni es debitado por los involucrados”.
Pero la denuncia agrega otra información que podría tener consecuencias penales contra jerarcas de las intendencias de Paysandú y Durazno. “Nos termina sorprendiendo que, simultáneamente con la de Paysandú, la Intendencia de Durazno también realiza un llamado similar de gerenciamiento de recursos humanos”, dice el escrito presentado en Fiscalía. “Grande fue nuestra sorpresa cuando consultamos ambos llamados y nos encontramos de que los mismos son idénticos, si bien con diferencias elementales, se trata de llamados calcados, donde quien copió ni siquiera cuidó no repetir las faltas de ortografía, las cuales, al igual que la numeración, se repiten en ambos. Ante esta constatación, las preguntas son muchas: ¿cómo surgió en dos intendencias blancas la misma necesidad?, ¿cómo lo canalizaron en forma idéntica, con las mismas palabras?, ¿por qué realizar estos llamados a fines de 2020, con escasa publicidad, con un corto período de apertura? Máxime si se descuentan los días inhábiles de las fiestas tradicionales, y con la rareza de que exista un único oferente en ambos llamados: la multicitada Fundación A Ganar.
A esta altura del partido no creemos en casualidades, y menos cuando éstas se dan en forma tan explícita, y es por eso que resulta factible preguntarse si no hubo una coordinación clara entre las Intendencias blancas de Paysandú y Durazno y la Fundación A Ganar para llevar adelante esos llamados y para que se formulen en forma idéntica. En este punto, creemos no equivocarnos al pensar que, si existiera un entrecruzamiento de llamadas entre los jerarcas involucrados y los directivos de A Ganar, seguramente podríamos llegar a desentrañar un tráfico frenético en esos días, que puede dar pie a una investigación con base en una posible violación a la igualdad de oferentes, la publicidad de la contratación del Estado, etc., etc.”, agregan.
Sostienen que “para sorpresa de muchos, la edil departamental Sabrina Buono llegó a postear en Facebook, previo a que se abriera la propuesta y se adjudicara la licitación, que ésta se iba adjudicar a una fundación. ¿Cómo es posible que supiera la señora edil tal hecho?, ¿tiene poderes adivinatorios o el contrato estaba ya decidido antes de su apertura? Extremos todos que deberá explicar la mencionada curul cuando sea citada e intimada a agregar dichos posteos.
Nos gustaría saber quién redactó esta licitación, extremo que no fue respondido en la investigadora, quién se la mandó a quién, por qué se copió una de otra. Las realidades de los departamentos son ostensiblemente diferentes; sería bueno saberlo, porque es claro que por telepatía este proceso no ocurrió, y bueno sería que si todo es tan transparente, los involucrados contestaran los pedidos de acceso a la información sobre esta contratación, extremo que en Paysandú no ha sucedido bajo la excusa de que el contrato con esta fundación es confidencia. Pero además, ¿cómo se enteró la Fundación A Ganar de esta licitación en plenas fiestas tradicionales?, ¿quién le avisó?, ¿por qué no se presentaron otras ONG?”.
Finalmente, sostienen que “la Fundación en realidad es un hombre de paja que trajo la Intendencia para relacionarse con sus trabajadores y evitar el pago de aportes previsionales, además de ejercer el clientelismo político”.
Un sistema perverso
Hoy por hoy los blancos son mayoría en el interior, gobiernan en 15 departamentos, pero sus métodos para mantener el poder son, en la mayoría de los casos, cuestionables y carentes de toda ética. Desde el nepotismo y el pago de horas extras nunca realizadas en Artigas, pasando por el clientelismo en Colonia, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha, hasta formas más sofisticadas, modélicas y difíciles de combatir como en Maldonado.
Tanto en Artigas como en Maldonado los blancos tienen cada vez más votos y el Frente Amplio, que gobernó en ambos departamentos, no tiene chance de regresar por ahora.
En tiempos de crisis, controlar el bolsillo de la gente permite mantenerlos cautivos, porque si viniera otro gobierno no tienen seguridad de seguir contando con esos contratitos chatarras, sin prestaciones sociales, pero que permiten llevar algo a casa.
Increíblemente, todos los organismos públicos mencionados con esa forma de contratación evaden los aportes patronales al BPS, porque la Fundación está exonerada.
En otra época había que “hacerse ver” por el club en tiempos electorales. Ahora alcanza con que alguien te recomiende. La Fundación A Ganar hace el resto.
