Yo no sé qué favores le debe Ignacio Alonso a Lacalle Pou; solo sé que cobra un salario de 40.000 o 60.000 dólares, que le paga Alejandro Domínguez. Sé que es un empleado distinguido de Conmebol.
Sé, también, de la relación de Domínguez con Lacalle Pou, e imagino qué favor debe pagar para que sacara a Lafluf para el Paraguay a trabajar como su asesor en comunicaciones. Pero no imaginé que Conmebol pudiera hacer cambiar una disposición soberana, prudente, pública y seguramente muy meditada, hasta el punto de que hasta altas horas de la tarde Lacalle llamara a Beatriz Argimón procurando que Peñarol aceptara lo que era una sanción injusta, arbitraria e irrevocable.
Semejante agachada da vergüenza, máxime cuando aún quedan 20 pibes presos en Brasil sin que el Gobierno ni la AUF hayan hecho una declaración por ellos y por los 4.000 uruguayos que fueron agredidos, maltratados y en algunos casos torturados, solamente por ir a alentar a su equipo en un partido de fútbol.
No digo que hubiera que llevar presos a 20 hinchas de Botafogo para intercambiar prisioneros, pero al menos la voz de Alonso, ni que hablar, y de alguna figura del Gobierno debiera haber estado al lado de semejante cantidad de gente maltratada.