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ASOCIARMEParticiparán la presidenta de INAU; la directora de Inmujeres; integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y Alejandro Sánchez.
Gobierno instala mesa de trabajo.
Foto: Dante Fernandez / FocoUyCaras y Caretas Diario
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El secuestro y el posterior homicidio de dos niños a manos de su padre en el departamento de Soriano, sacudió esta semana a la sociedad uruguaya.
Integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se manifestaron este viernes frente a Torre Ejecutiva por el homicidio de los niños Alfonsina de 2 años y Francisco de 6, muertos por su padre tras arrojarse en auto a un arroyo en Río Negro, y se reunieron con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Tras el encuentro, se anunció la instalación de una mesa de trabajo en el primer nivel de gobierno en la que participará la presidenta de INAU, Claudia Romero; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier; integrantes de la red y Sánchez. El objetivo es "revisar todo el sistema de respuesta" y "empezar a establecer una hoja de ruta", afirmó Soledad González.
La activista apostó a realizar los cambios necesarios para dar una respuesta efectiva que logre proteger a niños, niñas y a las madres denunciantes. Entre los cambios, se refirió a la revisión de la cantidad de servicios especializados, tiempos de respuesta, equipos de evaluación de riesgo, juzgados especializados en género y el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial. "Hay a todo nivel que revisar su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección, contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista", afirmó.
En cuanto a las falencias, Teresa Herrera se refirió a "inadecuadas evaluaciones de riesgo". "Si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo no estaríamos en la situación que estamos ahora y eso es en forma permanente, por eso, hay que revisar todos los protocolos", agregó. Además de falta de recursos, apuntó a falta de capacitación y de tener el personal adecuado.
Por último, Herrera planteó la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.
