El gobierno uruguayo manifestó su malestar con las recomendaciones de la ONU sobre la provisión de agua potable y señaló que en el informe de la entidad hay “inexactitudes”.
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El gobierno dio a conocer su postura respecto al informe de ONU sobre el agua.
Carlos Lebrato/FocoUyCaras y Caretas Diario
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Dicho informe, emitido por emitido por el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, recomendaba al Estado uruguayo a priorizar la población antes que a la industria para la entrega del agua potable.
Conocido el documento el Poder Ejecutivo manifestó su malestar con el mismo y convocó a la Torre Ejecutiva al representante de las Naciones Unidas en el país. Según se supo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó al funcionario el desagrado del gobierno con el informe.
Posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) dio a conocer la posición del gobierno al respecto. Señala que “hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma”.
Agrega que para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social “reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a 1 de cada 3 habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona”.
Más adelante detalla las medidas adoptadas para “prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la Salud Pública”, las que consisten en “mantener la continuidad del abastecimiento público sin la realización de cortes de suministro”, “mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la Región Metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas” y “mantener las redes de distribución operativas en forma continua para el combate y la protección contra incendios y siniestros urbanos”.
Sostiene que el gobierno “nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado”.
En definitiva sostiene que el gobierno “actuó en forma preventiva” y “garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona”.
Finalmente agrega que “ han fortalecido las acciones de vigilancia para monitorizar posibles impactos en la salud y a la fecha no se han detectado ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua”.
Texto completo de la declaración de Cancillería:
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