A mediados de agosto se descubrió una asociación para delinquir que funcionaba en el Municipio de Isidoro Noblía (Cerro Largo), donde en un pueblo que tiene 2.800 habitantes se expidieron 8.900 permisos para conducir cobrando sumas muy importantes a gente que viajaba en caravana a realizar los trámites. El alcalde, una exdirectora de Turismo de la Intendencia, varios jerarcas, todos blancos, además de funcionarios y particulares fueron procesados, la mayoría con prisión.
Al mismo tiempo fue formalizado con prisión el presidente de la Juventud del Partido Nacional de Salto, edil actual y pronto jerarca de la Intendencia. Fue denunciado por contrabandear desde Brasil huevos robados. Había recibido apoyo económico del Gobierno nacional anterior para desarrollar una industria avícola.
Para completar el año, y después de varios meses de investigación, el fiscal Jorge Vaz solicitará el próximo miércoles la formalización de tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado. Los tres son blancos y uno de ellos es hoy suplente del diputado herrerista Rodrigo Blás. Se les acusa de graves delitos contra la administración pública.
La pelea por los millones de la OPP
Si el Gobierno nacional, a través de la OPP, no destinara generosos recursos para las intendencias, nueve de ellas no podrían siquiera pagar los sueldos y otras siete verían muy comprometido su funcionamiento. Curiosamente algunos de los gobiernos departamentales más pobres son los que han ingresado mayor número de funcionarios por “designación directa” y son los que tienen más cantidad cada 10.000 habitantes. De las tres restantes, solo una no tiene déficit, pero las tres tienen importantes endeudamientos.
Cada cinco años el Congreso Nacional de Intendentes “pelea” con la OPP los recursos que recibirán del Gobierno central. El artículo 214 de la Constitución plebiscitada en 1996 refiere al Presupuesto Quinquenal que el Poder Ejecutivo debe presentar al Legislativo como plazo máximo el 31 de agosto. El inciso C expresa en forma textual: “Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 230 asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislativo”.
Los recursos provienen de todo lo que recauda el Estado, menos de aquello que tenga un fin específico, como el FONASA. Pero la Constitución no dice cuál será el porcentaje a distribuir. Fue en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) cuando esa reforma constitucional comenzó a regir a pleno. Entonces se acordó entre la OPP y el Congreso de Intendentes que ese porcentaje sería 3,33 % del total. Y ese número no se ha modificado hasta ahora. Lo que sí cambió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue el criterio de asignación de esos recursos, ya que se decidió dejar fuera del reparto a las intendencias de Montevideo y Canelones.
Eran años de crisis, el PBI era el mismo que el monto de la deuda externa y, para peor, primero sobrevino la epidemia de aftosa y enseguida la crisis del sistema bancario. Con los recursos que recibían, que no eran muchos, las intendencias hacían “su magia”, que incluía no pagar los servicios públicos. Las deudas con UTE, Ancap, OSE y Antel crecieron a límites insostenibles para los entes. Recién en el primer gobierno de Tabaré Vázquez comenzó a ordenarse la situación. Pero aún subsistían graves problemas, como “la guerra de las patentes”. Cualquier cosa con tal de agarrar un peso más.
Ocurre que el inciso C del artículo 214 citado al principio tiene una segunda parte que expresa en forma textual: “Los Gobiernos departamentales remitirán al Poder Legislativo, dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, una rendición de cuentas de los recursos recibidos por aplicación de este literal, con indicación precisa de los montos y de los destinos aplicados”. He aquí el “quid” de la cuestión, porque la mayoría no cumplió.
Si no reciben ese dinero, varias intendencias deberían cerrar
A la luz de las rendiciones de cuentas que cada Intendencia presenta a las respectivas Juntas Departamentales a mediados de cada año, se entiende la desesperación por esos recursos. Porque para 16 representan la diferencia entre pagar o no los sueldos o reconvertirse totalmente.
De acuerdo a los datos obtenidos, solo las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado podrían funcionar con los recursos que recaudan por tributos departamentales. En cambio, Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres reciben más del 100 % de lo que recaudan, y Colonia, Flores, Paysandú, Rocha, Salto, San José y Soriano reciben casi lo mismo que sus ingresos departamentales.
Los aportes centrales les permiten tener superávit a las intendencias de Durazno, Paysandú, Río Negro, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres. Canelones y Maldonado recaudan casi lo mismo, aunque esta última, con la tercera parte de habitantes, recibe más dinero del Gobierno central. Pero aún así mantiene un déficit importante mientras que la Intendencia “canaria” tiene superávit.
¿De dónde salen los recursos departamentales?
Los documentos en poder de Caras y Caretas revelan datos muy curiosos. Por ejemplo, Colonia, Flores, Lavalleja, Río Negro y San José obtienen más recursos por Patente de Rodados que por Contribución Inmobiliaria. San José está a la cabeza con el 48 %, en tanto Maldonado (21 %) y Montevideo (20 %) son los que menos recaudan por ese concepto. Y ello a pesar de que la implementación del SUCIVE terminó con la llamada “guerra de las patentes”, que tenía a San José, Colonia y Flores a la cabeza. En cambio, Maldonado (33 %) encabeza la lista de los que más dinero ingresan por Contribución Inmobiliaria Urbana. Le sigue Montevideo con el 27 %. Por su parte, Flores (2 %) y San José (5 %) son los que menos obtienen por ese tributo. Para Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano y Treinta y Tres, ese rubro representa el 6 %.
Pero con la Contribución Inmobiliaria Rural se constatan importantes diferencias. Montevideo (0 %), Canelones (2 %) y Maldonado (1 %) son los que menos recaudan por ese concepto. En la otra punta, ese tributo representa para Río Negro el 32 %, para Florida el 27 %, para Durazno el 25 %, para Flores, Artigas y Treinta y Tres el 23 %, y para Cerro Largo el 22 % del total de la recaudación. Todos, menos San José y Río Negro, obtienen la mayoría de sus ingresos por “otros” tributos departamentales. Montevideo llega al 53 %, y al final de la escala se encuentra precisamente Río Negro con el 28 %.
¿Cuántos funcionarios tienen las intendencias?
Según el “Informe de Vínculos Laborales con el Estado” que prepara la Oficina Nacional de Servicio Civil para ser presentado junto a la Rendición de Cuentas, Montevideo es el departamento con la menor cantidad de funcionarios, 61 cada 10.000 habitantes. Luego, Canelones tiene 72; San José, 76, y Rivera 98 en la misma proporción. En el otro extremo, Flores con 335 es el que tiene más; le siguen Río Negro (291), Treinta y Tres (263), Rocha (235), Lavalleja (237) y Artigas (213). Canelones, Montevideo y Salto, que tienen casi el 60 % de la población del país, ocupan al 38 % de los funcionarios “municipales”. Montevideo tiene casi 5 veces menos funcionarios en relación a su población que Río Negro; Canelones 3 veces menos que Durazno y 4,8 veces menos que Flores.
La Intendencia de la capital cuenta con 8.297 funcionarios para atender a 1.400.000 habitantes, en tanto la Junta Departamental (cuyo presupuesto lo pagan enteramente las intendencias) tiene 192 funcionarios. Le sigue Canelones con 600.000 habitantes, 4.310 funcionarios en la Intendencia y 106 en la Junta. Luego está Maldonado con 200.000 habitantes, 3.053 empleados en la Intendencia y 91 en la Junta. Flores, que tiene 25.000 habitantes, emplea a 841 y 47 respectivamente.
De acuerdo al informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, los Gobiernos departamentales tienen 38.996 funcionarios, de los cuales el 96,6 % corresponden a las Intendencias y el 3,4 % a las Juntas Departamentales. El 47 % de los ingresos de nuevos funcionarios en 2021 fue por designación directa. En 6 Intendencias (Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Río Negro, Rivera y Soriano) no hubo ni un concurso ni sorteo. Soriano encabeza la lista con 327 ingresos “a dedo”. Le siguen Cerro Largo con 195, Artigas con 173, Canelones con 166, Salto con 137 y Río Negro con 122. De la misma forma en Montevideo ingresaron 49 y en Maldonado 47. Pero la Intendencia de Montevideo fue la que más ingresos por concurso registró: 427. Curiosamente Maldonado, que apenas cuenta con el 20 % del número de habitantes que tiene la capital del país, ingresó por sorteo a 406 personas. En Flores ingresaron 380, Rocha 214 y Canelones 153.
Porcentaje del presupuesto en retribuciones personales
El artículo 659 de la ley 19.924 (Presupuesto Nacional 2021–2024) establecía que el acceso de los Gobiernos departamentales a los dineros que aporta el Gobierno central —3,33 % del presupuesto— está sujeto al cumplimiento de las “metas que emerjan de compromisos de gestión que los Gobiernos departamentales suscribirán en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización”, con la condición previa de no tener deudas pendientes de pago por los consumos corrientes de servicios públicos. Esas metas eran las siguientes:
A) La adopción de planes de austeridad en el gasto público local, sin afectar las inversiones y servicios orientados al desarrollo social y humano de los territorios (0,23 %).
B) La adopción de planes tendientes al equilibrio de las finanzas departamentales, sin que ello implique recortar recursos actualmente destinados a las políticas sociales y de género de las Intendencias (0,10 %).
C) Reportar la información de ejecución financiera mensual, en formato que brindará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que a partir del ejercicio 2022 deberá ser presentado antes del día 20 del mes siguiente al que se informa (0,10 %).
En caso de incumplimiento total de dichos compromisos de gestión, el porcentaje que le corresponda al Gobierno departamental se calculará en base a una partida equivalente al 2,90 %, o en base a la que corresponda según la ponderación establecida para cada compromiso.
No logramos información acerca de si se cumplió con estas metas, aunque todo parece indicar que no. Hay 5 aspectos que muestran la diversidad de situaciones y realidades:
1. La cantidad de funcionarios por departamento presenta enormes diferencias. De 60 a 335 funcionarios cada 10.000 habitantes.
2. La incidencia de las retribuciones personales sobre los egresos varía entre el 40 % y el 60 %.
3. En la mayoría de las Intendencias los egresos en retribuciones personales aumentaron en términos reales.
4. La variación de la incidencia del Rubro 0 (salarios y aportes) en los egresos totales ha sido muy disímil, porque responde a distintas políticas, esfuerzos y puntos de partida.
5. Existe una enorme diferencia salarial entre intendencias.
¿Cuánto le cuestan sus funcionarios a cada Intendencia?
Lo primero a señalar es que los salarios son diferentes en todas las intendencias y juntas departamentales, y eso incluye a todos los grados, personal de confianza y hasta los propios intendentes. Algunas de las intendencias más pobres son las que proporcionalmente más funcionarios tienen y las que mayor porcentaje de su presupuesto destinan al pago de sueldos. Rocha encabeza la lista con el 64 % del total de ingresos; le siguen Lavalleja y Río Negro con el 62 % y el 61 % respectivamente. En total, 10 departamentos destinan más del 50 % de su presupuesto para pagar sueldos. San José es el que menos destina (40 %), casi junto con Colonia, Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Durazno y Montevideo. Canelones y Florida casi llegan a la mitad. En total se destinaron algo más de 72.000 millones de pesos a este rubro.
Datos a tener en cuenta
En la información oficial de la Oficina de Servicio Civil se constata que algunos de los departamentos más pobres y gobernados por blancos son los que más funcionarios “a dedo” han nombrado. Y ello presupone otra lectura. El 3,33 % de los sectores más pobres pagan impuestos para que algunos departamentos ricos —porque obtienen sus mayores recursos de la Patente de Rodados y la Contribución Inmobiliaria Rural— puedan seguir funcionando.
¿Cuánto pierde el país con la corrupción? Es algo nunca cuantificado y ya va siendo imprescindible que se mida. Tal vez lo que ocurrirá en breve en Maldonado cambie visiones al respecto.
Formas diversas de corrupción
La corrupción es algo normalizado que solo preocupa en campaña electoral o cuando el escándalo ya no se puede tapar. Como por arte de magia, todo lo maravilloso que eran las diferentes intendencias del país antes del 11 de mayo, enseguida se transformó en algo parecido a un caos exactamente después de que asumieron las nuevas autoridades, todas del mismo partido que gobernaba, salvo en Río Negro, Lavalleja y Salto. En cada uno de los dictámenes elaborados por el Tribunal de Cuentas de la República después de que realizara auditorías sobre los gobiernos departamentales está plasmado el desorden administrativo que es común a todos, tal vez con alguna excepción.
La corrupción que paga todo el país
Hay que reconocerle el gesto de sinceridad que tuvo el candidato Emiliano Soravilla, luego electo intendente, cuando anunció que Valentina Dos Santos, procesada y condenada por corrupción el año pasado, sería la secretaria general de la Intendencia. El tipo cumplió. Con los Caram por lo menos, porque los despidos de funcionarios contratados empezaron apenas asumió.
Según la Rendición de Cuentas del año 2023 presentada en julio, esa Intendencia tenía un déficit acumulado de unos 25 millones de dólares. En ese período tuvo egresos por unos 60 millones de dólares e ingresos por un total de 55 millones de la misma moneda. Pero lo curioso, y no tanto, es que algo más del 60 % de esos ingresos son “aportes del Gobierno central”. Es decir que con la recaudación propia esa intendencia no podría funcionar. O peor aún, casi 5 millones de dólares de un total de 8 que se fueron en los acomodos de los Caram —y por los que fueron condenados— los aportó el Gobierno central, también con el dinero de cada uno de los ciudadanos.
El 85 % de los ingresos se van en el rubro 0, es decir sueldos y aportes, y gastos de funcionamiento. El 15 % restante se emplea en obras e inversiones. Nicolás Lorenzo, diputado frenteamplista por ese departamento, informó que apenas asumió el nuevo intendente cesó “a 250 funcionarios contratados, algunos con muchos años de antigüedad”. A esos hay que sumar “otros 50 despedidos en el municipio de Bella Unión”, aunque en este caso “la alcaldesa Fabiana García contrató inmediatamente a otras 50 personas que trabajaron con ella en la campaña”.
El salto grande
En setiembre del 2023 Carlos Albisu renunció a la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande después de que solicitara un refuerzo presupuestal de 200 millones de pesos. Entonces se descubrió que había designado en forma directa, y con altos sueldos, a unas 30 personas, entre ellos ediles y dirigentes políticos blancos, colorados y exfrentistas. Por otro lado, y obviamente para apoyar su futura candidatura, realizó dispendiosos gastos en instituciones y personas de su cercanía. Hoy Albisu, con el apoyo de Luis Lacalle Pou, fue elegido intendente. A su vez, el exintendente frentista, Andrés Lima, también acumula varias denuncias por clientelismo político.
El feudo de Ezquerra
Wilson Ezquerra es el único intendente elegido en cuatro oportunidades y al final de este mandato habrá gobernado durante 20 años, con una interrupción de 5 años cada 10. El reelecto intendente es un poderoso empresario que hace muchos años se desempeñaba como docente de Mecánica y Electricidad en la UTU local. El año pasado fue denunciado en la Junta Departamental por vender una tierra de su propiedad y luego gestionar permisos para una industria forestal que se instalaría en ese predio. La denuncia ante la Fiscalía por un presunto abuso de funciones la realizó el colectivo de la radio comunitaria La Kandela. Desde entonces no hubo un fiscal en Tacuarembó que investigara el caso. Por rara casualidad, o renunciaban o eran trasladados. Ahora, sin avances, el caso está a cargo de una fiscalía de Durazno.
Desde que asumió han circulado posteos en las redes donde se señalan hechos de persecución política contra funcionarios a quienes se despide por no haberlo votado. En la Junta Departamental un exabogado de la Intendencia y actual edil blanco denunció a Ezquerra por perseguir a militantes blancos de otras agrupaciones.
La intendencia fundida
La Intendencia de Cerro Largo está “fundida”. Ancap le cerró los créditos y por lo tanto carece de combustible para su flota vehicular y de maquinaria; tampoco tiene acceso a créditos bancarios “por mala pagadora”; no tenía dinero para pagar los sueldos de julio y debe unos 40 millones de dólares. Hasta el momento el nuevo intendente despidió a unos 300 funcionarios contratados, pero el número puede crecer. Incluso había 30 funcionarios cuyo destino y labor se desconocía.
La edila frenteamplista Eliana Díaz dijo a la radio M24 que “esta deuda viene de la época de (Sergio) Botana”, exintendente y actual senador. Recordó que “el candidato por el Partido Colorado a la Intendencia de Cerro Largo, Rodrigo Rivero, había advertido de la situación financiera de la comuna”. Pero en toda su campaña —fruto del duro enfrentamiento político que mantenía con el entonces intendente José Yurramendi, candidato apoyado por Botana—, el también blanco Christian Morel, luego electo intendente, no solo denunciaba la situación financiera, sino también la existencia de “graves actos de corrupción”.
Efectivamente, poco después se supo que en el municipio de Isidoro Noblía funcionaba una asociación para delinquir que entregó 8.900 permisos para conducir en un pueblo donde viven 2.800 personas. Además de 350 permisos para manejar taxis donde no hay uno solo. La edila Díaz dijo que “si se mira, el contador que asume con el nuevo gobierno es el mismo contador que estaba en la época de Botana y el secretario general es el mismo que estuvo en el último período de Botana. Se repiten figuras que estaban en conocimiento de lo que pasaba a nivel económico dentro de la Intendencia. Llama la atención que digan que no estaban en conocimiento del problema, porque esto no es de ahora”, concluyó.
Curiosamente, será el Frente Amplio, que nunca ganó en Cerro Largo, quien ayudará a resolver el gravísimo problema económico dejado por los blancos, que nunca perdieron allí.
En el año 2021 la Policía de Cerro Largo descubrió un importante contrabando de césped y gran cantidad de materiales que iban a ser usados en la remodelación del estadio Antonio Ubilla, propiedad de la Intendencia, aunque la obra estaba a cargo del Club Cerro Largo. Las denuncias contra alcaldes y concejales han sido frecuentes. Aunque tal vez el caso más grave sea el de Humberto Allende, alcalde blanco de Cerro de las Cuentas, procesado con prisión por violar a una mujer de 78 años.
Soriano: entre gauchadas y corrupción
El nacionalista Guillermo Besozzi, el reelecto intendente de Soriano, está formalizado por 7 delitos de corrupción. No hay antecedentes de un caso así. Por el caso ya hay unos 30 formalizados, entre ellos la plana mayor del Ejecutivo departamental, dirigentes de Adeom, empresarios y hasta un policía. Es por lo menos llamativo que casi nadie recuerde que el hecho que destapó la trama de corrupción fue denunciado por Besozzi, entonces intendente.
En el año 2021 la fiscal Stella Alciaturi no investigaba al máximo jerarca departamental sino un misterioso incendio que se inició en la sede de Adeom de Mercedes y afectó al teatro “28 de Febrero”, propiedad de la Intendencia. La pericia de Bomberos demostró que el fuego había sido intencional, entonces la Intendencia denunció y Fiscalía logró probar que el incendio tenía como objetivo destruir documentación probatoria de una actividad ilícita que varios dirigentes gremiales llevaban adelante.
Pero en medio Alciaturi se encontró con comunicaciones entre esos dirigentes gremiales y el intendente Besozzi que llamaron su atención. Entonces la investigación se amplió al Ejecutivo departamental y, con autorización judicial, se recurrió al Guardián para monitorear las comunicaciones de varias personas, entre ellos el entonces intendente.
Durante meses la fiscal procesó esa información que consignó en un expediente que tiene medio metro de altura. Es interesante señalar que, durante ese tiempo en que Alciaturi trabajó con su equipo, con Policía técnica y con la Justicia, no hubo una sola filtración.
La reacción de los nacionalistas no se hizo esperar. No aprendieron nada del caso Penadés, cuando desde el presidente para abajo salieron a defenderlo de las acusaciones de pedofilia solo por ser amigos. Fue el propio Directorio de esa colectividad quien la emprendió contra la fiscal Alciaturi. Los máximos exponentes partidarios, como Álvaro Delgado, Javier García, Sebastián da Silva y, por supuesto, Graciela Bianchi, denunciaron “una operación política” de la Fiscalía y afirmaron que “estaba encabezada por el Frente Amplio”.
La hija de las mil gauchadas
La nacionalista María del Luján Sánchez, exconcejala e hija del alcalde de Florencio Sánchez, “el hombre de las mil gauchadas”, que también fue procesada y estuvo presa un año por corrupción, fue electa alcaldesa en mayo, con un holgado triunfo.
Intento de fraude organizado
Luego de finalizadas las elecciones departamentales del 11 de mayo y el escrutinio primario, la cúpula del PN se reunió en el Hotel Verdún de Minas el martes 13 de mayo, para organizar la anulación completa de una urna a la cual le faltaban sobres de votación. Según explicó el periodista Eduardo Preve, la urna contaba "con 40 a 50 votos a favor del FA", por lo que "reduciría la diferencia de votos" en una elección reñida como la de Lavalleja.
A esa reunión fue llamada la representante del PC en la Junta Electoral, Myriam Soria, quien declaró que en el hotel los dirigentes del PN les decían lo que tenían “que hacer y lo que no”. A su vez, uno de los tres funcionarios veedores que envió la Corte Electoral desde Montevideo para apoyar representando al PN, PC y FA respectivamente, debía ser “imparcial”, pero también “estaba diciendo lo que había que hacer y lo que no”, subrayó Soria.Hay una denuncia en Fiscalía que aún no ha avanzado.
Finalmente, por 116 votos de diferencia ganó por primera vez un frenteamplista. En la previa a las elecciones, el intendente blanco Mario García, candidato a la reelección, fue acusado por la dirigente nacionalista Andrea Aviaga, hermana de Carol Aviaga, la otra candidata a la intendencia, por pagar sobreprecios en la construcción de un parque infantil que terminó costando casi 500.000 dólares, cuando había otra propuesta por la mitad. Se cuestionó también el cartel de hierro que anuncia la llegada a Minas y que costó 650.000 dólares. Pero además se descubrieron sobreprecios escandalosos en la construcción de una dependencia para jóvenes: desde un televisor plasma que costó unos 500.000 pesos, hasta un set de paletas y pelotas de ping pong por el que se pagó 40.000 pesos y 14 macetas de plástico compradas a un costo total de 54.000 pesos.
En Maldonado se abren las puertas del infierno
El último acto de gobierno del exintendente blanco Enrique Antía fue enviar una solicitud de anuencia a la Junta Departamental para presupuestar al 85 % de los funcionarios que él mismo contrató en forma directa. Y el primer acto de gobierno de Miguel Abella, nuevo intendente, fue solicitar permiso a la Junta para contraer un crédito bancario por 38 millones de dólares a los efectos de “afrontar un desfasaje temporal de liquidez”.
Resulta que el departamento más pujante del país, uno de los dos que recibe más ingresos por la actividad turística, el que otorgó permisos para construir 5 millones de mts2., el que más creció poblacionalmente, no tiene un peso.
La otra mala noticia para los habitantes de este lugar es que aumentarán algunos tributos, que ya no se pagará el aditivo por las cámaras de videovigilancia, pero habrá que pagar una tasa más alta para mantener la limpieza.
La auditoría del TCR, cerrado el 2023, es concluyente: el déficit acumulado es de 153 millones de dólares. Y cuando cierre el 2024 será peor porque el “carnaval electoral” fue carísimo. A ese déficit hay que agregar deudas por otros 300 millones de dólares por diferentes fideicomisos y créditos bancarios firmados por la Intendencia, la tercera parte para “licuar deudas pasadas”. Una parte de esa deuda tiene vencimientos inmediatos, pero otra se pagará año a año hasta el 2040.
A pesar del déficit, a pesar de las deudas, a pesar de la falta de dinero, el nuevo intendente reorganizó la estructura administrativa creando los departamentos que deberían sustituir a las direcciones generales. Pero cada departamento tiene viejas y nuevas direcciones y subdirecciones generales, por lo que el personal de confianza creció.
Lo único que mejoró en Maldonado es la actitud de Abella, que se muestra como dialoguista y abierto a acuerdos con las otras fuerzas políticas. Algo que Antía jamás hizo. Sin embargo, tendrá ante sí un grave problema gestado en la corrupción imperante en la Junta Departamental. El miércoles próximo el fiscal Jorge Vaz solicitará la formalización de tres expresidentes del Legislativo. Ellos son: José Luis Sánchez, exedil que no fue reelecto; Darwin Correa, reelecto edil, renunció para actuar como suplente de Rodrigo Blás en Diputados, y Alexandro Infante, el único que continúa ejerciendo como edil. Vaz no aceptará un acuerdo abreviado porque pretende que éste sea un juicio oral y público. Casi con seguridad Sánchez marchará a prisión como autor de un fraude contra el erario público. Sobre los otros dos habrá que aguardar hasta el miércoles.
Pero esto no es el final sino el principio, porque hace diez días el fiscal recibió una nueva denuncia sobre el “sueldo encubierto” que cobran los ediles. Vaz dijo a Caras y Caretas que “se trata de una denuncia fundada y tengo la obligación de investigar”. Por eso en los próximos meses decenas de ediles serán citados a declarar, seguramente se solicitará el levantamiento del secreto bancario y deberán explicar qué han hecho con los casi 6 millones de dólares que ese “sueldo” inconstitucional le han costado al erario público. Todo en medio de la discusión por el presupuesto quinquenal.
Corolario
El dicho popular expresa que “una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas constituyen una bandada”. Nada más exacto.
